Jurídico y secretario del Congreso también ocultaron informe de ciberasedio

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En seis meses, el director jurídico del Congreso del Estado de Puebla, Jesús Juárez Lezama, y el secretario general, Leopoldo de Lara, han ocultado a los diputados tres informes trascendetales.

Los tres tienen que ver con asuntos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales derivaron en la invalidez de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; en la abrogación de la Ley de Ciberasedio, y también el requerimiento para que el Congreso legisle a favor de las infancias trans.

Esta situación de ocultamiento persistente ha provocado que el director jurídico y el secretario general estén siendo sometidos a una investigación dentro del Órgano Interno de Control para definir su futuro laboral, ya que los diputados del PAN y PRI, Susana Riestra Piña y Delfina Pozos, han solicitado su renuncia.

Asimismo, Jesús Juárez Lezama ha sido señalado por los diputados morenistas Andrés Villegas Mendoza y Graciela Palomares Ramírez de frenar el trabajo legislativo, lo que ha dejado más de mil iniciativas en la congeladora legislativa.

Las tres omisiones

La primera vez, los diputados del Congreso del Estado se dieron cuenta de la omisión cuando observaron aue no habían sido notificados por el director jurídico y el secretario general el pasado 10 de marzo, un día después de que la Suprema Corte de Justicia invalidó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de Puebla.

La diputada, Susana Riestra Piña demostró que Juárez Lezama y Leopoldo de Lara ocultaron que respondieron a esta problemática en septiembre de 2025, pero no notificaron a los diputados hasta el 27 de marzo del presente año, cuando la norma ya había sido declarada sin efecto.

Esta situación se repitió en el caso en que la Suprema Corte eliminó el artículo 480 del Código Penal, que castiga el ciberasedio en Puebla, lo cual se declaró este 14 de abril.

De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad, el director jurídico del Poder Legislativo trató de evitar que la Corte dejara sin efecto la ley, al responder con un informe con argumentos que respaldaban la propuesta desde octubre del año pasado, lo cual tampoco informó a los legisladores.

Ahora, los diputados del Congreso están en espera de ser notificados sobre la invalidez del artículo 480, así como de recibir información sobre los motivos por los que no fueron informados del proceso ante la Corte desde octubre.

Otro de los casos en los que el secretario general y el director jurídico no informaron a los diputados fue el requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se legisle para permitir que los menores de edad soliciten un acta de nacimiento que contenga el género con el que se identifican.

Esto se debe a que, de acuerdo con el documento del requerimiento de la Corte, el Congreso respondió el pasado 6 de marzo, a través de la Secretaría General, los motivos por los cuales no había legislado para permitir las infancias trans, acto que tampoco ha sido notificado a los diputados.

Ambos funcionarios han sido respaldados por el presidente de la Junata de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, quien justificó que en ambas áreas hay trabajos que se pueden perfeccionar. (CR)