Por pleito de mesa directiva llegan policías al Instituto Angelopolitano

Un conflicto entre particulares provocó la movilización de cuerpos de seguridad a las afueras del Instituto Angelopolitano, ubicado sobre la avenida 11 Poniente, en la ciudad de Puebla, la tarde de este martes 21 de abril.

De acuerdo con reportes, integrantes de la anterior mesa directiva y de la actual se confrontaron durante una diligencia respaldada por una orden judicial, cuyo objetivo era retirar a quienes, según los promoventes, mantienen una ocupación ilegítima del inmueble y estarían vinculados con la administración previa.

Los demandantes que buscan el retiro de la anterior mesa señalaron que, al arribar al lugar, se registraron empujones y agresiones físicas. Atribuyeron estos hechos a personas relacionadas con la gestión encabezada por Luis Raúl Guerrero Flores, identificado como expresidente de la asociación civil. También acusaron la presencia de un grupo que impidió el acceso al inmueble y que respondió con golpes, amenazas y despojo de pertenencias.

Entre los señalamientos, se reportaron agresiones contra integrantes de la nueva representación legal, abogados y personal del juzgado que acudió para ejecutar la diligencia. Indicaron que hubo amenazas de muerte, así como robo de objetos personales como teléfonos celulares, llaves y lentes, además de lesiones.

En entrevista con este medio, la nueva administración declaró que no se permitió el acceso al inmueble ni al personal judicial, quienes habrían sido agredidos de forma verbal y física. Señalaron que el secretario de acuerdos y el diligenciario se retiraron ante la situación.

Las diligencias formaban parte de una medida precautoria dentro de un proceso promovido por integrantes de la asociación civil Instituto Angelopolitano A.C., con el fin de obtener la suspensión provisional, el relevo de cargos y la toma de oficinas de la institución.

Lo anterior deriva de una acción legal en la que se señalan presuntas irregularidades en la administración anterior, entre ellas desvío de recursos, falta de rendición de cuentas, adeudos fiscales y omisiones ante el SAT, lo que habría generado créditos fiscales y posibles riesgos sobre el inmueble.

Los inconformes mencionaron a Miryam Guerrero, quien se ostenta como administradora sin reconocimiento legal, y a Luis Raúl Flores como quienes habrían obstruido las diligencias.

Los denunciantes señalaron que durante el conflicto se registraron agresiones físicas como golpes, empujones y mordidas, además de amenazas e intimidaciones contra los involucrados y el personal judicial. Indicaron que no fue posible ejecutar la diligencia debido a la resistencia y a los hechos ocurridos en el sitio.

Ante la presencia de padres de familia, elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar para controlar la situación y resguardar a las personas, con el fin de evitar incidentes mayores. (MCJ)