Empresario responsabiliza al gobierno de Cuautlancingo tras operativo Tagers de Zavaleta

Luego del altercado ocurrido en el restaurante Tagers de Zavaleta, el empresario Bruno Taveira advirtió, a través de un video difundido en redes sociales, que permanecerá atento a la seguridad de su familia, colaboradores y personas cercanas.

Aseguró que durante la intervención de autoridades de Cuautlancingo se registraron actos de intimidación.

El hecho se originó tras una diligencia administrativa en el establecimiento ubicado sobre Calzada Zavaleta, zona donde persiste una disputa territorial entre Puebla y Cuautlancingo.

En su mensaje, Taveira afirmó que, si llegara a ocurrir cualquier agresión o incidente en su contra, contra integrantes de su familia o contra el personal del restaurante, responsabilizará directamente al gobierno municipal encabezado por Omar Muñoz, así como a los funcionarios de su administración.

Aunque precisó que no existieron amenazas verbales directas, sostuvo que el ambiente generado durante la intervención fue hostil y causó preocupación.

El empresario relató que durante el operativo hubo gritos, tensión y una actuación que consideró intimidatoria, lo que, a su juicio, rompió cualquier posibilidad de una interacción institucional pacífica.

Añadió que, de presentarse un nuevo episodio de presión o cualquier intento de violencia, hará pública nuevamente su denuncia y solicitará respaldo de autoridades estatales y del Ayuntamiento de Puebla.

El conflicto que detonó esta nueva declaración se remonta al 14 de mayo, cuando personal de Normatividad de Cuautlancingo, acompañado por elementos policiales, intentó ejecutar una diligencia administrativa en Tagers por presuntas irregularidades relacionadas con permisos y pagos municipales.

La acción fue frenada luego de un intercambio entre representantes municipales y la intervención de autoridades estatales.

La controversia escaló cuando Bruno Taveira argumentó que el inmueble donde opera el restaurante pertenece territorialmente al municipio de Puebla, por lo que sus obligaciones administrativas corresponden a la capital.

Sin embargo, autoridades de Cuautlancingo sostienen que el establecimiento realizó trámites y pagos ante ese municipio durante varios años, lo que generó una controversia sobre la jurisdicción legal del predio.

De acuerdo con el afectado, este conflicto limítrofe es antiguo entre Puebla y Cuautlancingo, específicamente en la franja de Calzada Zavaleta, zona donde comerciantes y vecinos han señalado incertidumbre sobre qué autoridad debe prestar servicios, cobrar contribuciones y ejercer facultades administrativas.

El gobierno de Cuautlancingo incluso solicitó recientemente revisar la delimitación oficial para evitar situaciones similares. (KR)