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El secretario Anticorrupción publicó un decreto en Puebla para abrir un plazo sobre Ley General de Responsabilidades Administrativas
Foto: Gran Angular
Alejandro Espidio Reyes, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla publicó un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Puebla para ampliar 15 días más un plazo de tiempo que estipula Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El artículo 33 de la Ley de creada por el Congreso de la Unión indica que la declaración de modificación patrimonial deberá presentarse durante el mes de mayo de cada año.
Justamente el domingo 31 de mayo, último día para cumplir con el Artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el secretario Anticorrupción público el acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Puebla para ampliar el plazo.
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“Acuerdo del secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, por el que amplía el plazo previsto en la fracción II del Artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses 2026”, cita la carátula del acuerdo.
De esta manera, mientras que la Ley General de Responsabilidades Administrativas (federal) dicta los plazos generales en su artículo 33, la dependencia de Alejandro Espidio Reyes ejerció sus atribuciones, para emitir un acuerdo que extiende el límite hasta el 15 de junio de 2026
Espidio Reyes justifica la medida señalando que un porcentaje significativo de servidores públicos en comunidades remotas carece de acceso a internet y herramientas tecnológicas, sumado a una brecha digital que dificulta el uso de sistemas electrónicos para el cálculo de ingresos
No obstante, en el Artículo 34 de la misma Ley General se especifica que “en el caso de municipios que no cuenten con las tecnologías de la información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior, podrán emplearse formatos impresos, siendo responsabilidad de los Órganos internos de control y las Secretarías verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluir la información que corresponda en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses”.
Hasta el 26 de mayo de este año, Pedro Antonio Martínez Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, no había cumplido con su última declaración patrimonial.
La obligación no aparecía hasta esa fecha en Plataforma Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, la Plataforma Digital Estatal y el sitio DeclaraNet de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Su última declaración corresponde a la inicial del año de 2025 cuando llegó a laborar como subsecretario a la Secretaría Anticorrupción del estado.
Sin embargo, en ninguna de estas plataformas y sitios aparece su declaración de conclusión como subsecretario Anticorrupción, y tampoco su declaración inicial como funcionario del Tribunal Superior de Justicia y ahora presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado.