Pueblos originarios de San Andrés Cholula logran plazo de 20 días para reactivar mesas territoriales

Los pueblos originarios de San Andrés Cholula lograron que autoridades estatales establecieran un plazo máximo de 20 días para reactivar las mesas de trabajo relacionadas con las Estrategias de Protección Territorial, tras una reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación del estado.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la convocatoria a una nueva mesa de diálogo en la que participarán integrantes de las comunidades, autoridades municipales, dependencias estatales y universidades que contribuirán al análisis técnico de las propuestas presentadas por los pueblos originarios de San Andrés Cholula.

Los representantes comunitarios informaron que la continuidad del proceso ya no dependerá de la voluntad de las autoridades, sino de una obligación derivada de una resolución judicial, luego de que el 8 de junio fuera confirmada una sentencia de amparo relacionada con el procedimiento de participación de las comunidades.

Durante la reunión también se abordó la integración de asesores propuestos por los pueblos originarios. La autoridad estatal se comprometió a revisar el planteamiento y dar seguimiento a la participación de otras instituciones, incluida la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El encuentro se realizó días después de la movilización encabezada por comunidades indígenas de San Andrés Cholula, quienes el 16 de junio se manifestaron en las inmediaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano para exigir respeto a sus derechos territoriales.

Desde temprana hora, habitantes de distintas localidades se concentraron cerca del bulevar Atlixco y la zona del Niño Poblano para demandar la protección de sus tierras, recursos hídricos y patrimonio cultural frente al crecimiento inmobiliario registrado en la región.

Las Estrategias de Protección Territorial forman parte de una propuesta impulsada por los pueblos originarios para preservar áreas agrícolas, espacios comunitarios y zonas de valor histórico, además de garantizar que las decisiones sobre el desarrollo urbano contemplen la participación de las comunidades afectadas. (KR)