Ebrard descarta impacto por nuevos aranceles de EUA por trabajo forzoso

El secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, descartó este miércoles 23 de julio que los aranceles por trabajo forzoso que Estados Unidos activará el viernes representen un cambio efectivo para México, al señalar que el porcentaje se mantiene en 10% y que más del 85% de las exportaciones nacionales, las que cumplen con las reglas de origen del T-MEC, quedan fuera del gravamen.

La declaración de Marcelo Ebrard llegó al concluir la tercera ronda de negociaciones bilaterales en la Ciudad de México, donde se reunió con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Ambos funcionarios acordaron celebrar una cuarta ronda en la primera quincena de septiembre, enfocándose en sectores estratégicos y cadenas de valor regionales.

El secretario precisó que los aranceles por trabajo forzoso no generan un impacto adicional para México porque solo cambia el fundamento jurídico del gravamen, no su monto: el 10% que actualmente aplica a exportaciones fuera de las reglas de origen seguirá vigente bajo la nueva denominación a partir del viernes 24 de julio.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Jamieson Greer y al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. La reunión reforzó el proceso de revisión del T-MEC, que en su tercera etapa avanzó en temas de acero, aluminio y sustitución de importaciones asiáticas.

Los aranceles por trabajo forzoso que Estados Unidos extenderá al viernes abarcan a 60 países y tienen sustento en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que faculta al Ejecutivo estadounidense para actuar contra prácticas comerciales que considere injustas o discriminatorias, sin requerir aprobación del Congreso.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos determinó en junio pasado que las 60 economías investigadas, entre ellas México, no aplicaron de manera efectiva las prohibiciones sobre importación de mercancías producidas con trabajo forzoso (labor exigida mediante amenaza y sin consentimiento voluntario). Los países con controles parciales o compromisos asumidos en tratados enfrentarán una tarifa del 10%; otros casos podrán llegar al 12.5%.

La propuesta surgió como respuesta a un fallo de la Corte Suprema que restringió la capacidad del gobierno de Donald Trump para fijar gravámenes comerciales sin autorización legislativa.

Jamieson Greer defendió la medida con el argumento de que Washington lleva casi un siglo aplicando restricciones a bienes vinculados con explotación laboral y que sus socios comerciales deben asumir compromisos equivalentes.

*Con información de El Universal, Infobae y El Ceo (MCJ)