Delegado de Movilidad deja plantados a taxistas inconformes en Huauchinango

La ausencia de Hugo Alberto Gutiérrez Rangel, delegado de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del Gobierno de Puebla, en una reunión convocada por taxistas de Huauchinango dejó nuevamente en evidencia, según los transportistas, la falta de atención de la dependencia estatal a los problemas que enfrenta el sector en esta región de la Sierra Norte.

El encuentro había sido convocado para abordar diversas inconformidades relacionadas con el transporte público, entre ellas la presunta proliferación de vehículos particulares que ofrecen el servicio de pasajeros, la operación de unidades provenientes de otros municipios y comunidades, la existencia de bases que los concesionarios consideran irregulares y los recientes cuestionamientos ciudadanos por el incremento en las tarifas de taxi.

Sin embargo, Gutiérrez Rangel no acudió al encuentro, dejando a los transportistas sin la posibilidad de plantear directamente sus reclamos ante el funcionario responsable de la representación de la dependencia en la región.

La ausencia adquiere mayor relevancia porque ocurre precisamente cuando existe un conflicto abierto entre usuarios y prestadores del servicio. En días recientes, ciudadanos denunciaron cobros de hasta 100, 120 y 150 pesos por recorridos desde el centro de Huauchinango hacia colonias como Bellavista, La Mesita, Amador Quintero, FSTSE y Buenavista, cuando, según los testimonios, anteriormente esos viajes tenían costos de entre 70 y 80 pesos.

Durante la reunión, los propios taxistas reconocieron que algunos recorridos incrementaron su precio, pero argumentaron que los cierres de calles, reparaciones de puentes y modificaciones en la circulación han obligado a realizar trayectos más largos. Como ejemplo, explicaron que un viaje que anteriormente podía hacerse directamente ahora requiere rodear zonas de la ciudad, lo que incrementa el tiempo y el gasto de operación.

También pidieron a los usuarios preguntar previamente cuánto costará el traslado y aceptar el servicio únicamente si están de acuerdo con el precio.

La explicación, sin embargo, deja pendiente una cuestión central: ¿quién está regulando y supervisando las tarifas que se cobran actualmente en Huauchinango?

Los transportistas sostienen que la Secretaría de Movilidad y Transporte debe intervenir para evitar abusos, pero también para garantizar que todos los vehículos que prestan el servicio cumplan con las mismas obligaciones.

Durante el encuentro, los concesionarios acusaron que cada vez circulan más vehículos particulares que presuntamente ofrecen servicio de transporte sin contar con las autorizaciones correspondientes. Afirmaron que algunos incluso utilizan identificaciones similares a las de un taxi, pese a que, según su versión, no pertenecen a los sitios establecidos.

Los transportistas señalaron que deben cubrir derechos, seguros, licencias, certificaciones y otros requisitos para poder operar legalmente, además de realizar inversiones considerables en sus unidades. En algunos casos, aseguraron haber invertido más de 350 mil pesos para mantener vehículos recientes.

En contraste, denunciaron que las unidades particulares competirían con ellos sin asumir las mismas cargas administrativas y económicas.

Algunos participantes también señalaron la presencia en Huauchinango de taxis procedentes de comunidades y municipios cercanos, como Venustiano Carranza y Xicotepec, que presuntamente realizan servicios dentro de la cabecera municipal.

Los señalamientos deberán ser corroborados por la autoridad competente, pues durante la reunión no se presentaron públicamente documentos que acreditaran cada una de las acusaciones.

Lo que sí quedó expuesto fue el reclamo de los concesionarios por la falta de operativos permanentes.

Los taxistas afirmaron que cuando personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte llega a Huauchinango, las unidades que consideran irregulares dejan de circular, mientras las inspecciones se concentran en los sitios establecidos y en vehículos que cuentan con concesión.

Incluso acusaron que algunos operativos serían conocidos previamente por los prestadores irregulares, aunque tampoco presentaron pruebas públicas de este señalamiento.

La inconformidad con la dependencia estatal tampoco es reciente. Los transportistas recordaron que desde febrero de 2025 solicitaron la instalación de una representación permanente de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Huauchinango.

De acuerdo con su versión, en aquella ocasión se les informó que el personal se encontraba en capacitación y que posteriormente se reforzaría la presencia institucional en la zona.

Más de un año después, los concesionarios aseguran que esa promesa no se ha concretado.

“Sentimos que estamos abandonados”, expresó uno de los participantes, al reclamar que desde Puebla se anuncien operativos y acciones de vigilancia que, a decir de los transportistas, no tienen la misma presencia en la Sierra Norte.

El reclamo también fue dirigido al gobernador Alejandro Armenta, a quien solicitaron instruir a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que envíe personal suficiente a Huauchinango y realice una revisión integral del transporte.

Los concesionarios aseguraron que alrededor de 200 unidades establecidas dependen de esta actividad y que detrás de cada vehículo existe una familia cuyo ingreso depende del servicio.

Por ello, insistieron en que no buscan eliminar a otros prestadores del servicio, sino que las reglas sean iguales para todos.

La ausencia de Hugo Alberto Gutiérrez Rangel dejó sin respuesta directa varias de estas preguntas, particularmente las relacionadas con la supervisión de las tarifas, la presencia de unidades particulares y los operativos que, según los taxistas, resultan insuficientes.

El conflicto tiene además una dimensión que no puede ignorarse: mientras los concesionarios denuncian competencia desleal y falta de vigilancia, los usuarios reclaman que determinados recorridos han alcanzado precios que consideran excesivos.

En ambos casos, la responsabilidad de establecer reglas claras y hacerlas cumplir corresponde a la autoridad estatal.

Por ahora, los transportistas aseguran que no pretenden recurrir a bloqueos o cierres de carreteras y calles como medida de presión. Su llamado, dijeron, es para que la Secretaría de Movilidad y Transporte intervenga antes de que el conflicto entre taxis establecidos y unidades particulares escale.

La pregunta que queda sobre la mesa es si Hugo Alberto Gutiérrez Rangel y la Secretaría de Movilidad y Transporte atenderán finalmente el llamado de los transportistas de Huauchinango o si la Sierra Norte continuará esperando una presencia institucional que, según el gremio, lleva más de un año sin concretarse. (JH)