Como usted sabe, hace casi tres semanas, 40 migrantes de distintas nacionalidades murieron debido a un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo que ha sucedido después es que la prensa nacional se ha dado a la tarea de denunciar las graves y escandalosas irregularidades cometidas por autoridades federales, estatales y municipales en la gestión de los flujos migratorios irregulares.
Aquí daremos un somero recuento de todo ello para demostrar que nos hemos convertido en un país que mata migrantes. No en un sentido estricto, pero sí en cuanto a la forma que los tratamos y los exponemos a la muerte.
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1.- Días antes de la tragedia, el 14 de marzo, para ser precisos, una ola de migrantes irregulares llegó a la frontera de Ciudad Juárez para tratar de ingresar a Estados Unidos, luego de que se corriera la voz de que podrían tramitar sus solicitudes de asilo. Obvio, los agentes de la Patrulla Fronteriza los rechazaron y decenas, quizás centenares, de personas comenzaron a deambular en los cruceros y semáforos de la ciudad. El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que se le acababa la paciencia y llamó a los juarenses a no darles dinero, lo que ocasionó un clima de animadversión local.
2.- Un día antes del incendio, las autoridades migratorias de Juárez iniciaron una “feroz redada con tentáculos en toda la ciudad fronteriza”. Se llevaron a decenas de migrantes que estaban en un establecimiento de la cadena Oxxo, en un hospital, en una acera, cerca del muro o, como caballo, simplemente recorriendo las calles juarenses (El País, 30032023).
3.- El día del incendio, un video grabó a tres agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que pasean por la sala y finalmente se marchan. Ninguno de esos funcionarios hizo el intento por sacar a las víctimas que estaban encerradas. Los agentes estaban más preocupados por los regaños del delegado que por salvar la vida de las víctimas mortales.
4.- Y es que desde que se inició la presente administración del presidente Andrés Manuel López, se intensificó la persecución y contención de migrantes. Desde hace como veinte años, les venimos haciendo el trabajo sucio a nuestros vecinos, pero en estos últimos años, se intensificó esa misión.
5.- Desde la época de Trump, Estados Unidos comenzó a aplicar el polémico Título 42, con el que los migrantes son enviados a México sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Una medida que Joe Biden todavía no ha retirado.
6.- Tras la tragedia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dedicó dos minutos en su “mañanera”, mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el canciller, Marcelo Ebrard, evadieron su obligación con la conducción de la política migratoria. La Ley de Migración, aprobada en 2011, claramente dice que es Gobernación la encargada de formular y dirigir la política migratoria mexicana (Reforma, 29032023).
7.- Altos mandos castrenses están al frente de 18 de las 32 delegaciones del INM, pese a contar con poca experiencia en derechos humanos o asuntos migratorios y hay 14 civiles sin el perfil especializado (El Universal, 31032023).
8.- El gobierno revocó el permiso y aplicó una sanción al Grupo de Seguridad Privada CAMSA. Esta empresa “patito” había obtenido la prestación de servicios vía adjudicación directa por 170 millones de pesos. Prometió 503 elementos y sólo tenía 4 (Excélsior y La Jornada, 31032023).
9.- El gasto del INM subió de mil 330 millones de pesos en 2019 a mil 770 millones de pesos en 2023 para alimentos, medicinas, servicios médicos, y transporte de las 57 estaciones migratorias. Casi 4 millones de pesos diarios. Pero había hacinamiento, espacios reducidos sin ventilación, baños inservibles, uno medianamente servible para decenas de migrantes. Sin duchas, sin salidas de emergencia, sin protocolos de evacuación en situaciones de emergencia, de acuerdo con reportes internacionales (La Crónica, 31032023).
10.- Instituto Nacional de Migración pagó 53 millones por sistema contra incendios. Fue un contrato por adjudicación directa a la empresa JC Mexicana de Comercio y Construcción para el servicio de integral contra incendios, carga extintores de todos los inmuebles (El Universal, 01042023).
11.- México triplica en cuatro años gasto en deportaciones. 1,161 mdp en 2022. Hizo un desembolso de 10,957 pesos por cada devolución. Expertos ven dinero mal empleado porque los migrantes van a volver (La Razón, 01042023).
12.- Secretaría de la Función Pública (SFP): arrastra el INM una década de anomalías. Desde 2012, sin manuales de operación. La última auditoría revela contrataciones con empresas sin capacidad. Tampoco comprobó gastos. Además de que la detención en plazas, parques y autobuses viola fallos de la Corte (La Jornada, 02042023).
13.- INM detiene a migrantes hasta cinco meses; la ley señala retención de 72 horas. Hay registros de personas con una permanencia de hasta 246 días en estos lugares sombríos. A la espera de su condición de refugiado. A una solicitud de información de un diario, no se les precisó cuántos sí reciben condición de refugiado. Se suma que 15% de los alojados son menores (La Crónica, 03042023).
14.- EL INM entregó tres contratos por adjudicación directa por un total de $350 millones de pesos a una empresa señalada de corrupción (24 Horas, 03042023).
15.- La Corte advirtió sobre fallas en centros del INM (Excélsior, 04042023).
16.- La cúpula del INM, expertos en cárceles (El Sol de México, 04042023 y El Universal, 11042023).
17.- Migración convertida en cueva de moches. Sus empleados cobran $15 dólares por una botella de agua, $10 dólares por un jabón. A 11 días de la tragedia, Garduño no ha dado la cara (El Universal, 06042023).
18.- Un nuevo suceso expone lo crítico la situación de los migrantes irregulares en México. 23 migrantes fueron secuestrados en San Luis Potosí y encuentran a cien. Exhiben ruta de secuestro en SLP. Existe una zona controlada por el crimen, donde se plagia y extorsiona masivamente a migrantes (Reforma, 08042023).
19.- Otro incendio ocurrido en Tabasco y no atendieron a la CNDH. Hay un patrón de conducta que revela negligencia de funcionarios (La Jornada, 12042023).
20.- En nueve estados, el corredor del terror para migrantes (El Universal, 13042023).
21.- Murieron en ruta hacia EE. UU. mil 422 migrantes en 2022: ONU. La principal causa de los decesos fue por ahogamiento en el Río Bravo y sus canales. También influyeron en la trágica cifra las duras condiciones climáticas y accidentes (La Jornada, 17042023).
22.- México riesgoso: se duplican delitos contra migrantes en los últimos cuatro años. De 561 ilícitos denunciados en 2019, la cifra pasó a mil 136 en 2022, robo, lo que más sufren los indocumentados, seguido de tráfico de personas (La Razón, 17042023).
Como verá, no hay mucho más qué decir. México se ha convertido en una trampa mortal para los migrantes, quienes son una presa perfecta para depredadores de todos los tamaños.
Como colofón de esta historia, la presidenta municipal de Tapachula, Chiapas, la morenista Rosy Urbina hizo derribar cien árboles hasta con cincuenta años de antigüedad y por un costo de 35 millones de pesos del parque central “Miguel Hidalgo”, con el propósito de que los migrantes no puedan resguardarse del sol y se marchen. Recuerden que hay 18 mil migrantes esperando ahí respuesta a sus solicitudes de refugio.
Lo que estamos atestiguando es el repudio a los otros, una ola de rechazo y hasta de gente que usa su ciudadanía como arma de exclusión.
El sociólogo camerunés Achille Mbembe ha observado que cada vez hay más dispuestos a ejercer formas excesivas de brutalidad contra los más débiles, los muy vulnerables:
“Hay que patearlos, hay que sacarlos de aquí, mandar a la policía salir a las calles, donde duerman. Quitarles sus cobijas, cerrarles la llave del agua para que no puedan venir a beber agua” (Mbembe, 2019).
Hasta aquí mi columna de hoy. Si tiene algo que contarme, póngase en contacto conmigo a través de este correo norcudi@gmail.com. Me interesa mucho su opinión.