La reciente presentación de la Estrategia Integral de Migración por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores refleja un esfuerzo gubernamental por abordar la migración con un nuevo enfoque que responda a la nueva realidad de México como país de destino. Sin embargo, me surgen cuestionamientos sobre la efectividad y la coherencia de esta estrategia en relación con la complejidad y la realidad de la situación migratoria en el país.
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Uno de los cambios clave propuestos es la reestructuración de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM). Esta medida busca coordinar acciones de diversas dependencias federales, lo cual podría representar un avance en la gestión de políticas migratorias. Sin embargo, la eficacia de estas acciones dependerá en gran medida de su implementación y ejecución práctica.
La operación exclusiva de los Centros Integradores para el Migrante por parte de la Secretaría de Bienestar plantea una concentración de responsabilidades que debe ser monitoreada de cerca para garantizar una atención adecuada y sensible a las necesidades de los migrantes. Es fundamental que estos cambios no generen un vacío en la atención a estos grupos vulnerables.
La creación de grupos de trabajo especializados en aspectos como movilidad laboral, datos estadísticos y gestión humanitaria es alentadora en el papel, ya que demuestra un enfoque multifacético para abordar la complejidad de la migración. Sin embargo, es crucial que estos grupos actúen de manera coordinada y efectiva, evitando la duplicación de esfuerzos y asegurando que las acciones se traduzcan en mejoras palpables para quienes migran y las comunidades receptoras.
Es necesario subrayar que la migración es un fenómeno dinámico y multifacético que requiere respuestas flexibles y adaptativas. La efectividad de esta estrategia dependerá no sólo de su diseño, sino también de su capacidad para responder ágilmente a los desafíos cambiantes que enfrentan los migrantes y los estados receptores en el país.
En última instancia, la verdadera prueba de esta estrategia será su capacidad para abordar las necesidades humanas y sociales de las personas en movimiento, así como para garantizar una gestión migratoria que responda con sensibilidad y efectividad a la realidad de México como país de refugio y tránsito.
Lo que estamos viendo en los últimos meses es el arribo de cifras récord de migrantes de tránsito y de solicitantes de asilo, quienes han abarrotado albergues y casas de migrantes operados por organizaciones de la sociedad civil. Dicho de otra forma, son dichas organizaciones civiles las que han cargado con el peso de gestionar un techo y los medios para la sostenibilidad de todas esas personas.
Como lo mencioné en la entrega pasada, México recibió durante 2023 un total de 130 mil solicitudes de refugio, una cifra récord en toda nuestra historia. Y sí no nos gusta ser refugio de extranjeros que huyen de la pobreza, los regímenes autoritarios y hasta del cambio climático en el centro y sur del continente americano, pero hay que aceptar que somos el plan A para casi todos esos migrantes.
Lo que estoy tratando de decir es que el gobierno debe adoptar políticas públicas a esa nueva realidad y abrir espacio a toda esa población que ya no se irá y que están buscando los medios para quedarse no sólo en Chiapas o Nuevo León, sino a lo largo de las rutas migratorias, incluyendo estados del centro del país, como Puebla.
Ojalá las buenas intenciones no queden sólo en el papel y se gestione la migración que no implica ni el 1 por ciento de la población en este país.