El lunes 11 de marzo las candidatas por Morena-Partido Verde Ecologista-Partido del Trabajo y el frente opositor integrado por PAN-PRI-PRD, así como el candidato por Movimiento Ciudadano se reunieron con la Conferencia del Episcopado Mexicano para firmar el denominado “Compromiso por la paz”, el cual consta de 117 iniciativas que buscan reducir la violencia y la inseguridad que ha enfrentado el país durante los últimos 18 años.
Pero ante este cúmulo de propuestas vale la pena preguntarse, ¿es paz lo que México necesita o mejores niveles de seguridad (certeza de la libertad en el marco de la ley)? El primer concepto es tan amplio y etéreo que en el intento por conseguirla se pueden perder todos los esfuerzos, los tiempos y los recursos económicos, sin llegar a ningún lado.
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Para casi nadie es desconocido que la Iglesia Católica sigue siendo uno de los sectores mejor informados del país, en especial de cuestiones políticas y ahora en materia de seguridad pública, pero también es cierto que este tipo de aproximaciones no pueden estar exentas de cierto grado de subjetividad por parte de quien recoge las propuestas.
Tan es así que el “Compromiso por la paz” surgió a partir de “Movimiento Nacional por la paz” y este a su vez de la muerte de los dos sacerdotes jesuitas en junio de 2022 en el estado de Chihuahua.
Nadie duda que con el apoyo de expertos en la materia, iglesias, académicos, víctimas y sociedad civil organizada hayan logrado reunir tantas iniciativas, las cuales dicho sea de paso se aglutinan en siete temas y no en ejes estratégicos, cuyo objetivo sería “construir y fortalecer los tejidos sociales”, además del retiro paulatino de los militares de las tareas de seguridad pública y la resolución de la “crisis de derechos humanos” en que se encuentra inmerso nuestro país.
De hecho, los siete temas (Tejido social, Seguridad, Justicia, Cárceles, Adolescentes, Gobernanza y Derechos Humanos) y 117 iniciativas en que se divide el “Compromiso por la paz” no se apartan de la lógica con que se debe abordar el problema de la inseguridad, pero no alcanzan para aterrizarlos en acciones concretas que se puedan traducir en indicadores y metas.
La intención última de este proyecto es sumar capacidades profesionales y académicas a las experiencias y conocimientos de quienes habitan -y en consecuencia conocen- los territorios de nuestro país desde fuera y desde dentro, así como convocar a quienes ocuparán cargos de elección popular, desde la presidencia de la República hasta el cabildo, a trabajar de la mano con todos los sectores de la población para hacer de México un país habitable.
En esta tesitura, tanto la candidata del Frente conformado por PAN, PRI y PRD como el candidato de Movimiento Ciudadano firmaron sin mayores exigencias dicho compromiso, mientras que la candidata de Morena, PVEM y PT lo firmó bajo protesta argumentando que no coincidía con varios puntos de dicho documento, como seguramente fue el calificativo de fallida a la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, así como decir que el clima de violencia por el que atraviesa el país es uno de los más adversos en los últimos años y que la seguridad pública se encuentra militarizada.
Nada que no hayamos escuchado al titular del Ejecutivo federal negar rotundamente durante sus conferencias mañaneras; es más, no dudo que esa haya sido la condición para que la candidata se Morena-PVEM-PT aceptara asistir a la sede del CEM, independientemente de que sea católica o no.
Pero sin duda lo que más incomodó a la citada candidata fue que el documento que contiene las 117 iniciativas refiera que en el país existe miedo y que las corporaciones de policía están integradas cada vez por más militares ya que coinciden con sus temas de campaña. Al respecto cabe subrayar que el 88 por ciento del estado de fuerza de la Guardia Nacional, responsable de la seguridad pública a nivel federal, es de origen castrense y su labor principal no es hacer la guerra sino cumplir y hacer cumplir la ley desde la perspectiva policial, que no es más que “proteger y servir a la comunidad”.
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