A la luz de los hechos México como país, se ha convertido en la tierra de oportunidades de la clase política corrupta y acomodaticia. Su influencia y daño a la colectividad resulta evidente. Esta es la principal causa, por la cual nos encontramos entre los países líderes en corrupción en el mundo, al colocarse en el lugar 134 de 179, según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) en el año 2020, publicado por la Organización para la Transparencia Internacional. Su puntuación no ha sufrido ningún cambio respecto a la obtenida en 2021.
En 2022 en México sigue empeorando su posición respecto al resto de los países, para colocarse en la posición número 126, de los 180 del ranking de corrupción gubernamental, por lo que puede afirmarse que los habitantes creen que existe mucha corrupción en el sector público.
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Este índice coloca a los países puntuándolos de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes. En la tabla y el gráfico se muestra la evolución de la posición de México en el Índice de Percepción de la Corrupción.
La corrupción una acción deshonesta
Cuando nos enteramos de actos de corrupción en el ejercicio público, estamos tan normalizados en esa conducta, que ya no parece extrañarnos o enfadarnos; sin embargo, nuestro buen juicio, nos indica que algo está mal y que debe ser cambiado.
La corrupción es una acción deshonesta que destruye nuestra confianza; en las personas, políticos o instituciones.
Cuando aparece un líder que afirma estar en contra de la corrupción, parece ser que nos contagia el ánimo de acabar con esa vieja práctica, cansados de tal abuso.
Así que no resulta extraño que el principal discurso de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República 2018-2024, fuera su lucha contra la corrupción; aun cuando en los hechos utilizó a políticos de diversos partidos con las manos sucias o con dudosa reputación, en donde el país dejó de ser la tierra de su gente, para convertirse en la tierra de oportunidad de la clase o fauna política.
Si atendemos al origen de la palabra corrupción, sabemos que ese latinajo nos informa de que todos “juntos rompemos” con la honradez, la buena reputación con otros, porque cuando se corrompe algo que es puro y honesto, se le quita esa cualidad. Así que el pueblo que no cumple con sus deberes está corrompido y si no conoce sus derechos resulta ser esclavo, masa humana manipulable por la dádiva, necesidad, complicidad o descaro.
El futuro del país resulta trágico, si además de corrupto su pueblo no conoce ni ejerce sus derechos, puesto que no existe diferencia entre lo que tiene y la barbarie.
Hermana gemela de la corrupción es la impunidad y en México el 94.8 por ciento de las denuncias quedan en el olvido o sin castigo.
Por lo anteriormente dicho, puede decirse que el bienestar y el desarrollo de los mexicanos, no es la finalidad de quienes ejercen los cargos públicos, sino quienes los ponen en peligro.
Sin embargo, el pueblo, el ciudadano común y corriente, no está libre de esta conducta; basta con dar una dádiva o soborno para facilitar un trámite o recibir un servicio, reducir una cuota, impuesto o derecho, para que sea parte del problema.
Así el médico o maestro que le paga a otro para cubrir su turno en una institución pública o privada; el profesional que adquiere un título sin el esfuerzo de cursar y aprobar el currículo universitario y que paga a otros para pasar un examen o cumplir una tarea; mentir para pasar antes en una fila de espera haciéndose pasar por un inválido, la que hace una fiesta privada con ofrecimientos sexuales para lograr un ascenso; dar una abultada propina para que el mesero coloque alguna sustancia a una bebida de tu acompañante; son entre otros los ejemplos de conductas corruptas en las que no participa un político.
Impunidad
Por otro lado, la impunidad está asociada a la incapacidad, falta de recursos, complicidad y ejercicio despótico del poder, ya sea como producto de los altos niveles de corrupción o por la incompetencia de quienes ejercen el gobierno.
Así que el problema de la corrupción e impunidad, tiene varias aristas y varios actores, sean o no miembros de la fauna política.
En México la impunidad es un problema estructural. Como se ha documentado ampliamente, más del 90 por ciento de los delitos que se cometen no se denuncian, asociado a la deficiente capacidad de las instituciones para perseguirlos. La probabilidad de que un delito se esclarezca es de 1 en cada 100. Inclusive aquellos que son considerados de alto impacto, como el homicidio doloso, en donde el feminicidio, sigue en aumento.
Con el nuevo sistema de justicia penal en todo el país, solo 7 de cada 100 homicidios dolosos se han esclarecido y menos de la mitad de los feminicidios registrados han tenido alguna sentencia condenatoria.
En cuanto a las denuncias contra servidores públicos, de 2018 a noviembre de 2023, durante el sexenio de AMLO se han presentado 105,499.
Homicidios
Los homicidios dolosos pasaron de un promedio de 35 diarios en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a 95 en el presente sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con más de 175 mil asesinatos en cinco años. Durante el sexenio de Salinas de Gortari se perpetraron 76,767 homicidios dolosos y en el siguiente de Ernesto Zedillo Ponce de León 80,671, con tendencia decreciente en todos los años, la cual se mantuvo inclusive en el sexenio de Vicente Fox Quezada (2000-2006) con 60,280 homicidios.
Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se duplicaron los homicidios para llegar a 120,463 del 2006-2012, con notoria tendencia al alza, continuando la tendencia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) donde se acumularon 156,066 homicidios.
Aún con tendencia a la baja en todos los años, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se acumularon 175,763 homicidios del 2019 al 2023.
En cuanto al comparativo exacto por sexenio durante los primeros 62 meses de gobierno, nuevamente se observó un incremento de homicidios en el presente sexenio, al tener poco más de 62 mil homicidios con Carlos Salinas de Gortari a más de 175 mil con Andrés Manuel López Obrador, durante el mismo periodo de tiempo. Con dicho comportamiento se estima que al finalizar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se habrán acumulado 205,848 homicidios dolosos.
En cuanto a los homicidios dolosos acumulados (2018-2024) con datos a diciembre de 2023 por entidad federativa; Guanajuato, Estado de México y Baja California concentran la mayor incidencia delictiva, con más de 14 mil hechos, en cada una de ellas.
Sumado a esto, en los últimos años México ha enfrentado un profundo proceso de militarización de la seguridad pública.
Durante el sexenio de AMLO se incrementó significativamente el presupuesto destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con un aumento del 54 por ciento de 2018. Además, se aprobó y posteriormente se amplió el plazo para que las fuerzas armadas pudieran realizar tareas de seguridad pública hasta 2028.
En septiembre de 2022, se publicó un decreto por el cual la Guardia Nacional (GN) pasaría a estar bajo el control administrativo y operativo de la SEDENA. Sin embargo, en abril de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la inconstitucionalidad de la transferencia operativa y administrativa de la GN a la SEDENA, por lo que se otorgó hasta el primero de enero de 2024 para que esta institución regrese a ser parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Los altos niveles de violencia e impunidad en el actual contexto de militarización, afectan las percepciones públicas sobre el acceso a la justicia y la seguridad pública.
Inseguridad pública en Puebla
Durante el morenovallismo una forma de “reducir” los índices delictivos, al menos estadísticamente como referente nacional, se realizó cerrando agencias del Ministerio Público y obstaculizando la presentación de las denuncias, lo que permitió aparentar un supuesto combate a la corrupción e impunidad, además de notoria reducción de los mencionados índices.
Sin embargo, en el rubro de homicidios, ante la evidencia, no fue posible aparentar el combate frontal a la delincuencia, en donde el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado que encabezó Rafael Moreno Valle Rosas, fue acusado de estar involucrado en las redes delictivas.
En cuanto a la incidencia delictiva, los homicidios en Puebla mostraron un comportamiento similar al promedio nacional.
Con 437 casos en el 2011 Moreno Valle terminó su sexenio en el 2018 con 1249 casos en ese año, triplicando los hechos que terminaron con la vida de 5726 personas durante el periodo acumulado.
Facundo Rosas Rosas
En diciembre de 2019 el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que el exsecretario de Seguridad en el gobierno morenovallista, Facundo Rosas Rosas, será investigado por sus vínculos con Genaro García Luna, cuya detención evidencia que la lucha contra el narco en sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue una farsa.
“Facundo Rosas efectivamente fue un personaje muy vinculado a García Luna, y que después viene a Puebla a jugar un papel muy importante. Vamos a ver hasta dónde la hebra se va desatando”, alertó el titular del Ejecutivo local. “No descarto una investigación contra él y muchos otros, pronto”, respondió el mandatario.
Facundo Rosas Rosas, fue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y controló por varios años los cuerpos policiacos de por lo menos 82 municipios de la entidad. Fue designado secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla en abril de 2012, cargo que ocupó hasta julio de 2015.
El exsecretario de Seguridad en Puebla llegó a la entidad por una petición del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, pues necesitaba dar protección al grupo que encabezó su guerra contra el crimen organizado que dejó una estela de más de 60 mil muertos y 25 mil desaparecidos, juntos con miles de violaciones a los derechos humanos.
La Fiscalía General de la República (FGR) estableció la eventual participación de Facundo Rosas Rosas como uno de los presuntos responsables de la operación “Rápido y Furioso “ y en el año 2021 compareció ante el Ministerio Público ante las indagatorias de la FGR en contra de Genaro García Luna.
En los primeros meses del año 2022, derivado de las pesquisas de la FGR, un juez de distrito ordenó la aprehensión de García Luna y seis involucrados más, entre ellos Facundo Rosas, quien fue detenido por atropellar a una mujer en la Ciudad de México, en lo que parecía un hecho más de tránsito, en enero del año 2022.
El excomisario poblano es una de siete personas contra las que la FGR emitió órdenes de aprehensión el pasado 9 de enero por el tráfico ilegal de 2 mil 500 armas acordado por autoridades de México y Estados Unidos en el periodo de mandato de Felipe Calderón. Además de que se encuentra incluido en la lista de personas con órdenes de aprehensión, junto con Genaro García Luna, quien fuera titular de la SSP federal; Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, todos asegurados por la autoridad ministerial.
La FGR señaló a Facundo Rosas Rosas como uno de los presuntos responsables de la operación ‘Rápido y Furioso’. Dicho operativo consistía en el acceso de alrededor de 2 mil 500 armas a México provenientes de Estados Unidos.
Tras la resolución de la FGR a inicios de 2022, un juez de distrito ordenó la aprehensión de García Luna y seis involucrados más, Facundo Rosas es uno de ellos.
Conclusión
Los datos estadísticos de la incidencia delictiva y los hechos nos demuestran la complicidad de autoridades que deben velar por la seguridad de los habitantes, sin embargo, la corrupción e impunidad son en parte los problemas más visibles que deben ser combatidos.
¿O no lo cree usted?
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