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El pasado 3 de agosto apareció en el periódico La Jornada un artículo de Hugo Aboites titulado “La universidad abandonada” que contiene una serie de aseveraciones dignas de ser comentadas entre los(as)universitarios(as) interesados(as) en el futuro de la educación impartida por las universidades autónomas.
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Me interesa aludir a las afirmaciones del doctor Aboites que coinciden con las que hemos hecho en este espacio, pues no es menor el valor que adquiere un análisis compartido con alguien que se ha dedicado completamente al estudio, análisis y práctica de la educación superior desde una perspectiva claramente modelada sobre la preocupación por el futuro de las y de los jóvenes mexicanos.
Lo primero que salta a la vista es la ausencia de la universidad pública y autónoma en el discurso educativo de la doctora Sheinbaum. Ha mencionado que la educación media superior se ampliará en 300,000 lugares más, pero no señala si se considera a las universidades autónomas que, como en el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, incluye al 20 por ciento de su matrícula en la educación media superior, en sus dos modalidades de Bachillerato y Preparatoria, según el Anuario Estadístico 2022-2023: una matrícula total de 118,513 de los cuales 24,026 alumnos(as) son del nivel medio superior.
Claro, se trata de universidades autónomas, pero esto no implica que no formen parte del sistema educativo nacional.
Como ya lo hemos señalado, las políticas públicas respecto a la educación superior no se han modificado desde hace más de tres décadas. Al respecto el doctor Aboites señala: “…la política restrictiva –luego de la crisis de la deuda- comenzó en los años noventa con un regalo con veneno: los dineros adicionales para becas y estímulos creados en el sexenio de Salinas.”
Efectivamente, este “regalo” pulverizó a la comunidad académica, la volvió inerme frente a cualquier acometida del gobierno, en cualquiera de sus niveles, en contra de sus condiciones laborales, específicamente en lo que toca al salario percibido. Lo que constituía el objeto de una lucha identificada como colectiva, se volvió una lucha intestina por alcanzar las mejores “calificaciones” frente al gran repartidor de bonos disfrazado con el traje de la de evaluación por pares.
Pero esta política no podía fructificar si no se persuadía al público en general del nulo valor del trabajo docente. De ahí la campaña denostadora previa a la “Reforma Educativa” de Peña Nieto, reforma que no fue sustancialmente modificada el 15 de mayo de 2019, pues la estructura de evaluación del trabajo docente no se modificó, por más que ahora la califiquen de evaluación diagnóstica.
Tan denigrada quedó la imagen de la maestra y del maestro que ya no merecían este título sino el de “facilitadora” o “facilitador”. El que está dedicado a la enseñanza contempla como un objetivo central el que el estudiante haga de su aprendizaje un ejercicio autónomo. Pero esto no hace de ninguna manera menos crucial o secundaria la labor formadora del docente. Todo lo contrario, precisamente porque el(la) alumno(a) reconoce en su maestro(a) a una persona formada, capaz de orientarlo(a) en su recorrido por el programa educativo de que se trate, es que se gesta una relación de confianza y de respeto mutuos indispensable para culminar sus estudios.
La deseada autonomía del aprendizaje sólo es posible dentro del arropamiento académico y humano que las y los docentes ofrecen a sus estudiantes.
Por eso nos parecen incomprensibles estas políticas que se preocupan por todos los niveles de la educación, menos el superior, específicamente el de las universidades autónomas; y nada declaran sobre las condiciones de trabajo de las y los docentes de este nivel.
Por ejemplo, el Anuario Estadístico de la BUAP 2022-2023 indica que en el nivel de licenciatura hubo 57,153 aspirantes a ingresar, de los cuales aceptaron a 19,539, o sea el 34.18%. En cambio, en el nivel medio superior hubo 15,495 aspirantes y aceptaron a 8,443, o sea el 54.48%. ¡La diferencia es de 20 puntos!
Es indudable que rechazar a las dos terceras partes de los(as) aspirantes a la licenciatura no es un problema que la BUAP, o cualquier universidad pública autónoma, pueda resolver por sí sola. Se requieren nuevas políticas públicas que hagan efectiva la gratuidad de la educación como un derecho constitucional, derecho impracticable en ausencia de una verdadera oportunidad de ingresar al nivel de educación superior.
Y una de esas políticas públicas es la revaloración de la maestra y el maestro universitarios. No se puede seguir ignorando su trabajo especializado y la necesidad de devolver a la profesión de la enseñanza su atractivo, retribuyendo su desempeño con salarios justos y reconociendo su insustituible papel en la formación del futuro de las y los jóvenes mexicanos.
¿No les parece a ustedes de la mayor importancia señalar una y otra vez la responsabilidad única del gobierno en todos sus niveles, pero especialmente la del Ejecutivo federal, en la resolución de los problemas de acceso a la educación superior, y el papel central que en ellos debe desempeñar la universidad pública autónoma?