Detrás del emporio inmobiliario Grupo Proyecta, promotor y artífice de desarrollos residenciales de alto perfil como Lomas de Angelópolis, Cabo Norte y Ciudad Modelo, existe una vasta red de sociedades mercantiles que, más allá del desarrollo urbano, representan un esquema empresarial que resulta depredador de los recursos públicos, genera un fuerte impacto ambiental y está estrechamente vinculado con figuras políticas y empresariales del más alto nivel.
El grupo es liderado por los hermanos Posada Cueto: Rafael, Alejandro, Gabriel, María Elena Asunción y Gabriela María. De acuerdo con registros oficiales, entre todos controlan al menos 44 empresas, la mayoría con giro inmobiliario, turístico o financiero.
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Entre los hermanos, Alejandro Posada Cueto sobresale como el más activo: participa como accionista en al menos 21 sociedades mercantiles, seguido de Gabriel con 18, Rafael con 13, María Elena Asunción con 5 y Gabriela María con una.
Estas empresas están interconectadas mediante alianzas estratégicas con otros nombres de peso en los sectores financiero e inmobiliario, como el del exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella —figura clave del salinismo— y sus hijos, los hermanos Aspe Bernal. En conjunto, los Posada Cueto y los Aspe son socios en Alpha Residences Puebla, Dominio Capital, Grupo Desarrollador Internacional y Residencial Urvanilla.
Además, Grupo Proyecta o sus empresas vinculadas mantienen relaciones societarias o de coinversión con los hermanos Gerardo y Manuel Pandal Ruiz, Julián Ventosa Aguilera, Fernando Alonso González, José Antonio Álvarez López, Luis Escudero y Montoto, Francisco Salvador Echeguren Barroeta, Alejandro Rafael Ventosa Posada, Francisco Javier Roberto Acosta, Yajaira Larios Leyva, y los hermanos Ana Luisa y Luis Carlos Escudero Vidales, entre otros actores relevantes del sector.
Urbanismo sin freno, con agua del estado y sin plantas tratadoras
Buena parte del crecimiento de estas empresas ha sido posible gracias a gobiernos permisivos, tanto estatales como municipales, que han facilitado los cambios de uso de suelo, las concesiones de servicios públicos y la expansión urbana a través de alianzas poco transparentes.
Los desarrollos impulsados por estas compañías hacen uso intensivo de servicios públicos, especialmente agua potable, drenaje y electricidad, cuya infraestructura es sufragada con recursos estatales y federales. No obstante, la mayoría carece de sistemas propios de tratamiento de aguas residuales, lo que genera un impacto ambiental creciente y sin precedentes en regiones ecológicamente sensibles como los valles de Atlixco, Amozoc, y la cuenca del Alto Atoyac.
A pesar de la magnitud del impacto ecológico, no existen reportes públicos detallados sobre los planes de mitigación o compensación ambiental por parte del grupo ni sus desarrolladoras asociadas. Esta situación ha sido señalada por colectivos ambientales, académicos y urbanistas como una forma de “urbanismo extractivo” que privilegia la rentabilidad por encima de la sostenibilidad y la equidad social.
Silencio oficial y normalización del privilegio
Mientras estos consorcios continúan expandiendo sus megaproyectos, el Estado ha mantenido una actitud de colaboración o, en el mejor de los casos, omisión. En muchos casos, los permisos, convenios y autorizaciones han sido otorgados sin procesos públicos ni participación ciudadana, favoreciendo un modelo de ciudad segregada, elitista y excluyente.
Al día de hoy, Grupo Proyecta sigue operando con plena legalidad, sin que se haya documentado sanción o proceso legal alguno en su contra por el uso excesivo de servicios públicos, la carencia de infraestructura ambiental o el desplazamiento de comunidades rurales.
Es tiempo de que los dueños de Grupo Proyecta regresen un poco de lo mucho que han logrado, gracias a esos gobiernos permisivos que no los obligaron a devolver un poco de equidad y justicia social.
Armenta defiende su postura: “Primero el bienestar social”
Desde el Ejecutivo estatal, Alejandro Armenta Mier, advirtió de la expropiación de predios de inmobiliarias que se han beneficiado de gobiernos permisibles o que no han respondido al bienestar social y equilibrado de territorio urbano. Si bien es cierto que existen críticas de grupos privilegiados, dicha advertencia no fue vista como un acto autoritario, sino como una acción firme en defensa del interés público.
Voceros del gobierno han señalado que muchas de las grandes desarrolladoras inmobiliarias se han beneficiado durante años de políticas urbanas permisivas, acumulando enormes extensiones de tierra, con acceso a servicios públicos subsidiados, y han hecho uso intensivo de recursos naturales como el agua, en zonas donde la población carece incluso de acceso regular a estos servicios.
La política anunciada por el gobernador Armenta busca redistribuir parte de esos beneficios hacia sectores tradicionalmente abandonados, como las y los policías estatales, quienes en su mayoría suelen vivir en condiciones precarias, lejos de sus centros de trabajo y con acceso limitado a los servicios básicos.
“No se trata de castigar a nadie, sino de establecer un nuevo equilibrio. Si las inmobiliarias se han enriquecido gracias al desarrollo de Puebla, es justo que ahora devuelvan algo a la comunidad. Queremos que el progreso sea compartido”, afirmó un funcionario de la Secretaría de Gobernación estatal.
Además, desde el gobierno de Alejandro Armenta se enfatiza que no se trata de una expropiación arbitraria, puesto que la postura también se apoya en mecanismos constitucionales y legales vigentes que facultan al Estado mexicano a expropiar bienes privados, siempre que exista una causa de utilidad pública debidamente justificada y se garantice el pago de una indemnización justa. Así mismo es una llamada a estos desarrolladores a que se sumen al compromiso social. “Las empresas pueden donar voluntariamente, participar en esquemas de coinversión o abrir mesas de diálogo. Pero si se niegan, el Estado tiene la facultad de actuar por el bien común”, señalaron funcionarios desde Casa Aguayo.
Apoyo desde sectores progresistas y académicos
Distintos sectores sociales, colectivos urbanos y académicos ligados a temas de justicia territorial y derecho a la ciudad respaldan la postura del gobernador, puesto que consideran que, durante la última década ante el acelerado crecimiento de zonas residenciales de alto nivel —como Lomas de Angelópolis o Haras del Bosque—, es necesario garantizar que ese mismo suelo urbano sea accesible para trabajadores esenciales, quienes en su mayoría no tienen el poder adquisitivo para lograr dichos beneficios, como los elementos de seguridad pública.
“Durante décadas, el desarrollo urbano ha beneficiado a unos cuantos. Este tipo de medidas nos recuerda que el suelo es un bien estratégico y que su uso debe responder a necesidades sociales, no solo a intereses privados”, opinan urbanistas e investigadores de El Colegio de México.
También se ha señalado que esta estrategia puede ser una forma para romper con viejos pactos de impunidad entre autoridades (municipales en su mayoría) y grandes grupos económicos que históricamente han operado con escasa o nula regulación.
“Puebla ya no puede ser tierra de saqueo. Quien quiera invertir, que invierta, pero bajo nuevas reglas donde la justicia social esté al centro”, han expresado activistas de las organizaciones opositoras en defensa del agua y el territorio.
Con esta política, el gobierno de Puebla pretende establecer un precedente en la relación entre el desarrollo urbano y el interés colectivo, colocando al Estado como actor regulador y redistributivo, en contraste con el modelo neoliberal que ha dominado por años en la planeación urbana del país.
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