Pese a que durante la administración del expresidente López Obrador la extorsión se incrementó hasta en un 57% en términos de víctimas y que el propio exmandatario así lo reconoció, jamás puso en marcha estrategia o programa alguno que permitiera revertir este delito que afecta directamente el patrimonio de las personas y de las empresas.
Tuvieron que pasar seis años y siete meses para que el gobierno federal se diera cuenta que el 99.8% de este delito no se denuncia y solo entonces decidió enviar una iniciativa para que la extorsión se persiga de oficio y ya no por querella, que la coordinación e impulso para las creación de las Unidades Antiextorsión en los estados recaiga en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.
Más artículos del autor
Dos días antes de este anuncio el Gabinete de Seguridad federal puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión integrada por cinco ejes “operativos y preventivos”, entre los que destacan el fomento a la creación de Unidades Antiextorsión locales,
capacitación de operadores del teléfono de denuncia anónima 089 en manejo de crisis y negociación para una mejor atención a las víctimas, así como la implementación de una campaña de prevención a nivel nacional.
Lo que no está enunciado en dicha estrategia es un mecanismo que permita revertir la cifra negra (delitos no denunciados) que como he repetido en diversas ocasiones en este mismo espacio, ronda el 99.8% y representa al mismo tiempo el nivel de impunidad.
Un dato a destacar es que mientras el gobierno federal reunía elementos para elaborar su propio diagnóstico -que por cierto trae faltas de ortografía y errores en el conteo de las Carpetas de Investigación correspondientes a los estados de Guanajuato, Jalisco y Guerrero-, entidades como la Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato se adelantaron algunos meses y aunque de manera muy dispersa anunciaron sus propias estrategias locales en la materia.
En el caso del Estado de México, las acciones para atender este ilícito tuvieron lugar en enero de 2024 derivado de los sucesos del 8 de diciembre de 2023, cuando pobladores de Texcaltitlán dieron muerte al líder de un grupo delictivo y varios de sus integrantes que los extorsionaban de manera recurrente (les cobraba piso hasta por las hectáreas de terreno sembradas). La estrategia local incluyó vistosos operativos interinstitucionales y reformas al Código Penal estatal que considera a la extorsión como delito grave y lo sanciona con prisión vitalicia.
Previamente –en junio de 2023- el municipio de Ecatepec anunció la creación de una Célula Especializada en el Combate a las Extorsiones, sin dar mayores detalles de carácter estratégico y operativo.
En cuanto a la Ciudad de México, el 11 de noviembre de 2024 la jefa de Gobierno anunció una Estrategia contra la extorsión, la cual incluyó acciones legislativas para endurecer penas, un nuevo modelo de atención y combate que incluyó la creación de una Fiscalía Especializada en el Combate a la Extorsión, así como una campaña informativa.
Por su parte Guanajuato en voz del nuevo Fiscal General del Estado anunció la puesta en marcha de una estrategia basada en el viejo Modelo italiano contra la extorsión, consistente en el uso de informantes, protección a testigos, investigación financiera, fondos para víctimas y acciones de la sociedad civil, incluida la promoción del consumo en negocios que no paguen extorsión.
Las restantes entidades, en su mayoría gobernadas por el partido en el poder, se sumaron a la Estrategia Nacional al día siguiente de su anuncio, entre ellas Puebla, la cual de inmediato informó que iniciaría una serie de operativos para detener a los extorsionadores que operan bajo la modalidad presencial, también conocida como cobro de piso, así como una campaña de revisión de penales estatales que es de donde salen la mayoría de las llamadas de extorsión en su modalidad telefónica.
Ante el significativo incremento de este tipo de delito y tras una espera de más de seis años, bienvenida la iniciativa del gobierno federal, solo no debe olvidarse que para revertir la cifra negra, primero hay que fomentar la denuncia y sensibilizar a la población de que la extorsión será perseguida de oficio y tendrá una penalidad vitalicia, para que no se sorprenda si un día la autoridad ministerial lo llama a comparecer en calidad de testigo.