El asesinato del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, durante la inauguración del Festival de las Velas en Uruapan el 1 de noviembre de 2025, estremeció a México.
Manzo, alcalde independiente y firme opositor del crimen organizado, había solicitado en reiteradas ocasiones apoyo federal para reforzar la seguridad en su municipio.
Más artículos del autor
“El alcalde había solicitado reiteradamente apoyo al Gobierno Federal para enfrentar a los grupos criminales que operan en su municipio”, recordaron diversas organizaciones sociales en un comunicado conjunto emitido el 2 de noviembre.
El documento —suscrito por asociaciones empresariales, civiles y académicas de Michoacán— condenó el crimen “con profunda consternación” y exigió que las autoridades “aclaren los hechos con celeridad, que los responsables sean castigados con todo el rigor de la ley y que se fortalezcan las medidas de protección y seguridad para toda la ciudadanía”.
El comunicado advirtió que “la violencia que aqueja a Michoacán y a diversas regiones del país mantiene a los ciudadanos en un estado de temor constante y pone en riesgo la vida de quienes trabajan diariamente por el desarrollo de sus comunidades”.
En el mismo texto se vinculó el asesinato de Manzo con el reciente homicidio de Bernardo Bravo, líder de los citricultores de Apatzingán, lo que “evidencia el grave deterioro de la seguridad en la región”.
Asimismo, las organizaciones denunciaron la exclusión de actores fundamentales de los recientes encuentros con autoridades: “Pese a las visitas de autoridades federales y estatales a Apatzingán, los encuentros excluyeron a sectores fundamentales como el productivo, académico, religioso y a los alcaldes que enfrentan directamente las consecuencias de la violencia”.
La voz de la Iglesia: “Hoy ya no basta aprehender al asesino”
El comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, publicado el mismo día, profundizó la denuncia moral:
“Hoy ya no basta aprehender al asesino: hay que combatir con determinación la causa de todos estos asesinatos” (CEM, 2025).
El texto no se limitó a condenar la violencia, identificó su raíz estructural. “La presencia ordinaria de grupos armados, que controlan la vida pública de los ciudadanos en varias regiones del país, es el verdadero crimen a enfrentar”, advierte el Episcopado.
Con fuerza profética, el documento llama a la conversión moral:
“Llamamos a todos los mexicanos que están provocando esta violencia fratricida a detenerla y respetar la vida de todos… ‘Caín, ¿dónde está tu hermano? (Gn 4,9)”.
Y con un tono pastoral, subraya que “sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral, aun en medio de contextos marcados por la violencia, permanecen fieles a su misión de anunciar el Evangelio y abrir caminos de esperanza”.
El comunicado concluye con una invitación al compromiso colectivo:
“Estamos convencidos que todos los mexicanos somos responsables de construir la paz… Ofrecemos en el Diálogo Nacional por la Paz un espacio de encuentro, diálogo y coordinación para alcanzar estos objetivos”.
Empresarios y ciudadanía: exigencia de seguridad y corresponsabilidad
La postura de la COPARMEX, emitida ese mismo 2 de noviembre, coincidió en tono y diagnóstico. “Garantizar la seguridad y el orden es una responsabilidad indeclinable del Estado mexicano”, subrayó la confederación, afirmando que “la impunidad no puede seguir siendo una constante en los crímenes contra servidores públicos, empresarios, periodistas y ciudadanos” (COPARMEX, 2025).
El comunicado empresarial añadió un dato revelador: en el Foro de Seguridad 2025, el secretario de Seguridad de Uruapan había denunciado “carencias en armamento, capacitación y vehículos”, y destacó que el alcalde Manzo “emprendió un proceso de depuración y fortalecimiento con la adquisición de insumos para garantizar mejores condiciones a los elementos policiacos”.
Por su parte, el Comunicado Michoacán 2025 exigió una “reunión inmediata con todos los sectores del Estado y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el gobernador y su gabinete de seguridad, con el fin de conocer qué acciones se están implementando, cuáles son los resultados esperados y qué estrategias se aplicarán para garantizar la seguridad en la región”.
La demanda culmina con un llamado esperanzador:
“Solo mediante una acción conjunta, basada en la responsabilidad y la cooperación, podremos construir un país donde la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos sean pilares de una convivencia verdaderamente pacífica”.
Contexto nacional: impunidad y debilitamiento institucional
Los tres comunicados —eclesial, empresarial y civil— confluyen en un mismo diagnóstico: la impunidad alimenta la violencia. Según el World Justice Project (2023), México ocupa el puesto 116 de 142 países en el Rule of Law Index, con apenas 0.42 puntos sobre 1.0. A su vez, México Evalúa (2024) reporta que 93.6 % de los delitos del fuero común quedan impunes, y el INEGI (2023) calcula una cifra negra superior al 92 % de delitos no denunciados.
Este deterioro institucional se refleja en los hechos: líderes locales asesinados, productores extorsionados y comunidades sometidas por el crimen.
Como señala la COPARMEX: “México no puede ni debe acostumbrarse a la violencia. La seguridad es la base para el desarrollo económico, social y humano del país”.
Clamor social, esperanza y reconstrucción
En medio del dolor, las comunidades de Uruapan y Apatzingán se volcaron a las calles con veladoras, oraciones y exigencias de justicia.
Las redes sociales amplificaron el mensaje: #JusticiaParaManzo y #PazParaMichoacán se convirtieron en banderas ciudadanas.
La Iglesia, los empresarios y la sociedad civil confluyen así en una convicción compartida: la paz no se decreta, se construye.
Como escribió el Episcopado: “Que Nuestra Madre Santísima de Guadalupe guíe nuestros corazones e interceda por nosotros para que juntos alcancemos la paz, la libertad y el desarrollo que nuestro México merece”.
Les invito a ver el video de “Laicos en la Vida Pública” sobre este tema:
Referencias
CEMDA. (2024, 20 de agosto). IBERO, en alerta por homicidio de 20 personas defensoras del territorio en 2023. Universidad Iberoamericana.
CEMDA. (2025, 8 de abril). Informe 2024: Resistir es dignidad. Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Comité Cerezo México. (2024, 11 de enero). Informe: 14 personas defensoras de derechos humanos ejecutadas extrajudicialmente en 2023.
Conferencia del Episcopado Mexicano [CEM]. (2025, 2 de noviembre). Comunicado ante los recientes asesinatos de constructores de paz en México.
COPARMEX. (2025, 2 de noviembre). COPARMEX y sus 71 Centros Empresariales condenan el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y exigen acciones urgentes para restablecer la seguridad en el país. Confederación Patronal de la República Mexicana.
El País. (2025, 20 de octubre). Asesinan al empresario y productor de limones Bernardo Bravo en Michoacán.
El País. (2025, 2 de noviembre). Video | El momento del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.
Global Witness. (2025, 17 de septiembre). At least 146 land and environmental defenders killed or disappeared globally in 2024.
INEGI. (2023, 25 de julio). Defunciones por homicidio. Enero–diciembre de 2022 (preliminar) [Comunicado 418/23].
México Evalúa. (2024, octubre). Hallazgos 2023: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal [Resumen ejecutivo].
Michoacán Unido por la Paz. (2025, 2 de noviembre). Comunicado de organizaciones empresariales y sociales de Michoacán ante el asesinato de Carlos Manzo.
Politico. (2025, 2 de noviembre). Mexican mayor gunned down during Day of the Dead celebrations.
Reporte Índigo. (2025, 3 de noviembre). ¿Cuántos alcaldes han sido asesinados en 2025?
World Justice Project. (2023). Global Rule of Law Index 2023—Mexico (country profile).