El pasado 20 de diciembre del año en curso entró en vigor el Decreto por el que se crea el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030 del gobierno federal, el cual contiene seis objetivos, 32 estrategias y 128 líneas de acción, pero únicamente siete indicadores con igual número de metas; de las cuales seis están vinculadas directamente con la seguridad pública.
Al igual que la Estrategia Nacional contra la Extorsión, de la cual di cuenta en este mismo espacio el 30 de octubre de 2025, es útil pero insuficiente.
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Entre las razones que sustentan tal afirmación destaca que las metas de los indicadores vinculados con la seguridad no son cuantitativas todas y tampoco retadoras, es decir fueron calculadas de tal manera que puedan ser superadas sin tanto esfuerzo.
Ejemplo de lo anterior son las relacionadas con la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes y la extorsión, ésta última también medida en tasa, pero por cada 10 mil habitantes, lo cual genera de entrada un poco de confusión.
En el caso de los delitos por cada 100 mil habitantes destaca que por primera vez se incluyen aquellos casos no denunciados ante la autoridad correspondiente, lo que se conoce coloquialmente como cifra negra y representa en promedio el 93 % de los delitos cometidos.
Para construir dicho indicador y hacer el cálculo de lo que se pretende disminuir hacia 2030 el gobierno federal retomó las cifras de delitos reportados al Sistema Nacional de Seguridad Pública y los sumó a los estimados por el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que para 2023 fueron 31.3 millones y para 2024 un total de 33.5 millones de delitos.
Al respecto es preciso subrayar que la incidencia de delitos totales registrados anualmente por el SNSP se ha mantenido desde 2019 por arriba de los 2 millones, excepto en 2020 cuando la pandemia confinó a un alto porcentaje de la población en sus hogares y evitó que fueran víctimas de algún delito en las calles, carreteras, el banco o los espacios públicos.
Llama la atención que la meta de delitos por cada 100 mil habitantes para el 2030 es de 31 mil 169 y que la línea base de delitos de 2023 es de 33 mil 267 en lugar de los 34,918 de 2024, ya que con ello el gobierno tendría que disminuir únicamente 2 mil 98 delitos en términos de tasa en 5 años en lugar de 3 mil 749, lo que la convierte en algo relativamente fácil de cumplir.
Por lo que respecta al indicador y meta en materia de extorsión, llama la atención que el gobierno federal haya optado por considerar un criterio diferente al anterior, tomando en cuenta únicamente las Carpetas de Investigación abiertas por el Ministerio Público del Fuero Común y reportadas al SNSP, dejando fuera las cifras de la ENVIPE del INEGI, la cual estimó que en 2023 se cometieron 4.9 millones de extorsiones y para 2024 esta cifra se incrementó hasta los 5.6 millones de delitos de este tipo.
De esta manera, la tasa fue cambiada de casos de extorsión por cada 100 mil habitantes a extorsiones por cada 10 mil habitantes.
Es decir que para construir el indicador de incidencia delictiva a nivel nacional el “gobierno de México” tomó en cuenta los delitos estimados por el INEGI y los registrados por el SNSP, mientras que para el caso de la extorsión solo utilizó los datos del SNSP, lo cual deja entrever un manejo de la Estrategia, Líneas de acción, indicadores y metas acorde a la narrativa oficial y no conforme a la realidad y las cifras que en materia delictiva aporta el INEGI.
Lo anterior confirma que el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana podría ser útil, pero a todas luces es insuficiente y se presta para un manejo político acorde a los designios de la autodenominada 4T.
Tan es así que la meta en términos de tasa de extorsiones por cada 10 mil habitantes propuesta para el 2030 será idéntica a la de 2018, de únicamente 0.53 casos por cada 10 mil habitantes según el SNSP, lo cual se traduce en apenas 6 mil 900 extorsiones denunciadas al año contra 5.7 millones de casos estimados con datos del INEGI para ese mismo año (2030).
Desde esta perspectiva a finales del 2030 la cifra de casos de extorsión denunciados ante la autoridad correspondiente será de alrededor de 7 mil casos, mientras que los estimados por el INEGI rondarán los 5.6 millones, con lo cual todo habrá cambiado para no cambiar, como dijera Giuseppe Tomasi, príncipe de Lampedusa, en su obra clásica El Gatopardo.
Cabe recordar que un programa similar al publicado por el gobierno federal el 19 de diciembre del año en curso, en cuanto a sus indicadores y metas, fue aplicado en Puebla en 2019 por el extinto gobernador Miguel Barbosa Huerta (Plan Estatal de Gobierno 2019-2024, Eje de Seguridad), sin embargo, tras su muerte quedó en el olvido y no ha vuelto a mencionarse o retomar parte de su metodología.