Estimada y estimado lector, en los últimos días hemos visto diferentes acciones por parte del gobierno federal y aliados, respecto de dos gobernadores, y si bien en la actualidad la relación entre el poder federal y los gobiernos estatales suele generar tensiones, alianzas y, en muchos casos, contradicciones que nos hacen cuestionar la coherencia del discurso oficial.
Hay dos casos que son reveladores, pues profundiza el trato diferenciado que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum a dos figuras estatales: el hoy exgobernador de Sinaloa señalado recientemente por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, y la gobernadora de Chihuahua, quien ha sido objeto constante de críticas y descalificaciones desde el ámbito federal.
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Por una parte vemos el caso del exgobernador de Sinaloa —entidad históricamente azotada por el crimen organizado— que ha generado inquietud tanto a nivel nacional como internacional. Las acusaciones provenientes de agencias estadounidenses no son menores, ni pueden tomarse a la ligera, pues implican posibles nexos con estructuras del narcotráfico que han operado durante décadas.
Sin embargo, la respuesta del gobierno federal ha sido, cuando menos, de cautela y minimizando el caso, pues cuando el acusado fue García Luna manos les faltaron para señalarlo, pero ahora que el implicado es parte de la 4T, desestiman el actuar de las agencias internacionales, pues en lugar de asumir una postura firme de investigación y deslinde político inmediato, se ha percibido una tendencia a minimizar el impacto del señalamiento, apelando a la soberanía nacional y cuestionando la validez de las acusaciones extranjeras.
Este comportamiento contrasta marcadamente con la postura extrema adoptada frente a la gobernadora de Chihuahua. Desde el inicio de su administración ha sido una figura incómoda para el oficialismo federal, en gran medida por pertenecer al partido opositor.
Las críticas hacia su gestión han sido constantes, y en diversos momentos se ha evidenciado una narrativa que busca desacreditar su legitimidad y capacidad de gobierno. A diferencia del caso sinaloense, donde predomina la prudencia, en Chihuahua se observa una confrontación directa, mediáticamente rebasada y por demás política.
La diferencia en el trato plantea preguntas inevitables sobre los criterios que guían la actuación del Ejecutivo Federal. ¿Se trata de una estrategia política que privilegia la lealtad partidista sobre la rendición de cuentas? ¿O responde a una lógica de control territorial donde ciertos estados son más “sensibles” que otros?
En cualquier caso, la percepción pública se ve afectada, ya que se desdibuja la idea de un gobierno imparcial comprometido con la legalidad y la justicia, un gobierno que gobierne para todas y todos los mexicanos, no solo para los afines.
Para muestra el discurso del pasado 5 de mayo, donde se criticó y señaló más al “conservadurismo” y el “entreguismo” que al crimen organizado y sus posibles nexos con niveles de gobierno que tanto han lastimado a la sociedad. Tal pareciera que ahora la 4T y aliados encarnan lo que tanto criticaron, ahora ellos son los conservadores, haciendo de todo, hasta violar la ley para mantener su status quo y sus privilegios en el poder, así como querer guardar debajo de la alfombra todo lo que día a día la ciudadanía les exije y critica.
Este doble discurso tiene implicaciones profundas en el Estado de derecho. Cuando las acusaciones graves —como las relacionadas con el narcotráfico— no son atendidas con la misma firmeza en todos los casos, se envía un mensaje de selectividad que debilita la confianza en el gobierno. Por otro lado, el uso del aparato político y mediático para atacar a figuras opositoras puede interpretarse como una forma de presión que trasciende la crítica legítima y se acerca al terreno de la confrontación política sistemática.
El contraste entre la aparente protección al exgobernador de Sinaloa y el señalamiento hacia la gobernadora de Chihuahua evidencia una inconsistencia preocupante en la actuación del gobierno federal. Más allá de las afinidades políticas, la ciudadanía espera un liderazgo que actúe con equidad, transparencia y firmeza frente a cualquier indicio de ilegalidad. De lo contrario, se corre el riesgo de consolidar una política basada no en principios, sino en conveniencias, muy raro en estos tiempos de la 4T.
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