Conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación electoral federal de nuestro país, las elecciones federales se realizarán el 6 de junio de 2027 bajo la organización del Instituto Nacional Electoral con el apoyo de los Organismos Públicos Locales Electorales en los procesos de las elecciones estatales para las 17 gubernaturas que deben renovarse.
El 6 de junio de 2027 también se renovarán 500 diputaciones federales, 300 serán por el principio de mayoría simple (uno por cada distrito electoral federal en que se divide el país) y 200 por él principio de representación proporcional (de acuerdo a las listas por las 5 circunscripciones electorales que integran el país).
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Cabe destacar que los actuales diputados que integran la LXVI legislatura se podrán reelegir por última ocasión.
Además, se llevará a cabo la elección de gobernador en los siguientes estados, que actualmente gobierna Morena y que son: Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Guerrero, Quintana Roo y Tlaxcala. Los que gobierna el PAN son Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua; de Movimiento Ciudadano: Nuevo León y del Partido Verde Ecologista de México: San Luis Potosí.
Aún y cuando el calendario electoral señala que las campañas se realizarán del 4 de abril al 2 de junio de 2027, los actuales partidos políticos con registro como la alianza oficialista integrada por Morena, el PT y el PVEM como es su costumbre, ya dieron inicio a lo que algunos analistas han calificado como las precampañas anticipadas, es decir, sin respetar las reglas que deben regir el proceso electoral de 2027, y que debe existir equidad en la contienda y piso parejo para todos los candidatos a dichos cargos, ya iniciaron su proceso interno para inscribirse como coordinadores de defensa de la transformación y la soberanía en las 17 entidades donde se elegirán a gobernadores.
El pasado 23 de junio, ya presentaron su renuncia a los cargos 17 senadores de Morena y tres más del PVEM para inscribirse formalmente al proceso interno del partido y buscar la candidatura que saldrán de acuerdo con los resultados de las encuestas internas.
La desbandada de legisladores demuestra su falta de compromiso y de responsabilidad para quienes les dieron su voto para llegar a ocupar sus curules y reflejan su ambición por alcanzar otro cargo, sin haber cumplido con el período para el cual fueron electos.
Aún y cuando oficialmente, Morena ha establecido en su convocatoria que se respetarán los resultados de las encuestas, para nadie es un secreto que en el gobierno de AMLO, no se respetaron dichos resultados y en estados como Sinaloa se impuso a quién no salió triunfador en la encuesta el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y en el caso de la Ciudad de México, el entonces presidente impuso a la actual jefa de gobierno Clara Brugada, aún y cuando el ganador de la encuesta interna fue el actual secretario de seguridad y protección ciudadana de México Omar García Harfuch, a quién se le dio la candidatura a una senaduría.
Será interesante conocer cuál será la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en la asignación de las candidaturas a las gubernaturas, si a diferencia de su antecesor respetará el resultado de las encuestas y no impondrá a un candidato o candidata por dedazo, lo que en el partido nunca fue cuestionado.
Hasta el momento el INE en ningún momento ha cuestionado la ilegalidad de la convocatoria y las reglas del proceso interno de Morena y aliados, para iniciar una actividad que debería llevarse a cabo en enero de 2027 y que el oficialismo ha adelantado para junio de 2026.
Uno de los argumentos esgrimidos para justificar el proceso, es que la autodeterminación de los partidos en su organización interna, no afecta la normatividad electoral, aunque en los hechos no hay lugar a dudas que se trata de una precampaña anticipada a la vista de todo el electorado en cada estado.
Así ante la pasividad y complacencia del INE que debe vigilar la equidad del proceso y que no se violente la legislación en la materia, los partidos de oposición como el PRI y el PAN, en aras de no quedar en desventaja ante el bloque oficialista, han anunciado que llevarán a cabo procesos similares, aprovechando de que no existen reglas parejas para todos los partidos en este momento, como si las hubo en las elecciones de 2024.
En este momento, no están definidos plazos comunes para todos los partidos, responsabilidades para rendir informes al INE, los topes de gastos para los aspirantes en esta fase, la verificación del origen y destino de los recursos económicos y materiales que reciban y utilicen los aspirantes, como se dará trámite a las quejas e inconformidades que se presenten por irregularidades en los procesos y sus resultados ante las autoridades electorales.
El mal ejemplo y oportunismo electoral cunden y en este caso, el bloque oficialista pone el ejemplo y los ciudadanos desde ahora tendremos que aguantar a casi un año de la elección del 6 de junio de 2027, la promoción y precampañas adelantadas de los aspirantes que andarán visitando los domicilios y plazas públicas buscando el apoyo, no sólo de los militantes de Morena y partidos aliados, sino también de los simpatizantes que deseen participar en el proceso.
Es evidente el miedo y la preocupación del oficialismo por mantener las 17 gubernaturas y la mayoría calificada en la Cámara de diputados federal, el 6 de junio de 2027, los mexicanos tenemos una cita en las urnas, para decidir por la continuidad de un proyecto o por un cambio obligado para tratar de rescatar lo poco que queda de nuestra democracia.