Policías toleraron agresión a estudiantes en el zócalo: CDHE

Policías del municipio de Puebla violaron los derechos humanos de los estudiantes del CUEP durante el desalojo del zócalo el 8 de febrero pasado, debido a que no intervinieron a favor de los jóvenes cuando sujetos encapuchados los golpearon, ni les prestaron atención médica o arrestaron a los agresores.

Así lo determinó la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) dentro de la recomendación 11/2015, emitida este lunes.

En el documento se indica que 19 agentes municipales fueron omisos al no brindar atención a los jóvenes, quienes tenían un plantón en la plancha del zócalo, lo cual violó los derechos a la seguridad jurídica, integridad y seguridad personal.

Ante esta situación el presidente de la comisión, Adolfo López Badillo, solicitó al alcalde Antonio Gali Fayad que inicie una queja en la Contraloría Municipal contra los elementos, así como se repare el daño a los 30 perjudicados y coadyuve en la denuncia penal que se interpondrá contra los agentes.

Cabe señalar que en el documento no se finca responsabilidad contra algún mando policiaco a cargo de los agentes o autoridad civil del ayuntamiento.

Represión estudiantil

La madrugada del 8 de febrero los integrantes del Colectivo Universitario por una Educación Popular (CUEP), que brinda cursos gratuitos para el examen de admisión de la BUAP, fueron golpeados con palos y varillas por encapuchados en pleno zócalo poblano.

Los estudiantes sostuvieron un plantón y una huelga de hambre para exigir que la universidad les diera un espacio para impartir los cursos, pero el 8 de febrero fueron retirados por los desconocidos.

Aunque turistas y conductores de taxis, así como los agredidos, solicitaron la intervención de los policías que se encontraban cerca, éstos no respondieron.

Durante la gresca ocho jóvenes fueron privados de su libertad, incluso, una de las estudiantes fue tocada sexualmente. Luego los abandonaron en un predio cerca del Parque Industrial.

Policías consintieron ataque

En la recomendación la CDHE menciona que de acuerdo con entrevistas y nueve videos, los policías municipales "en ningún momentodurante la agresión física realizada en perjuicio de los integrantes del Colectivo Universitario por una Educación Popular, en el Zócalo de Puebla, Puebla, velaron por la seguridad y bienestar, de las personas que se manifestaban".

De igual forma no prestaron auxilio y protección a los agraviados de manera oportuna, además de que no detuvieron a ninguno de los agresores para prevenir la realización de un delito o en su caso, falta administrativa.

En consecuencia, los elementos de la Policía Municipal de Puebla violaron los derechos humanos “a la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal por omisión, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo y 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", determinó la comisión local de derechos humanos.

Agentes deben ser indagados

El organismo también refirió que los 19 agentes de seguridad deben someterse a una investigación, puesto que pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto en el Código Penal para el Estado de Puebla.

Por lo cual la dependencia hará la denuncia penal correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público.

Asimismo la CEDH pidió que se tomen las medidas para reparar los daños ocasionados a los integrantes del CUEP, en particular se les brinde atención psicológica especializada a cada uno de los agraviados, asesoría jurídica tendiente a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno.

Otra cuestión es que el ayuntamiento poblano debe capacitar a los elementos de la Policía Municipal que participaron en los hechos, sobre el respeto y protección de los derechos humanos, a la vez que los instruya a que realicen su función policial con base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

El presidente municipal debe acreditar el cumplimiento de las recomendaciones mediante la entrega de evidencias que así lo demuestren.