Vigentes, órdenes de aprehensión contra opositores al gasoducto

El perdón otorgado por funcionarios federales a comisariados ejidales y activistas que se oponen al gasoducto Morelos no fue tomado en cuenta por el Poder Judicial, de tal forma que aún serían perseguidos por las autoridades estatales.

Dicho perdón fue concedido a diez personas después de que tres comisariados ejidales de San Lucas Tulcingo, en Tochimilco, fueron obligados por medio de órdenes de aprehensión a firmar un acuerdo para la construcción del proyecto en su comunidad.

Miriam Vargas, del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra Morelos Puebla Tlaxcala (FPDATMTP), dijo que el convenio con los pobladores se incumplió y por ello se reactivaron las órdenes de arresto contra sus diez compañeros.

Coaccionan a pobladores

En un documento enviado por el Frente de pueblos, del 24 de noviembre de 2014, se aprecia cómo funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firman un convenio con la presidenta de Tochimilco, Albertana Calyeca Amelco; el síndico Ángel Dávila Meneses y el presidente auxiliar de San Lucas Tulcingo, Isidro Torres Gutiérrez.

Además de los comisariados ejidales Francisco Torres Cortés, Federico Villalva Ramos y Juan Gutiérrez Díaz, sobre los que pesan órdenes de aprehensión por la supuesta privación de la libertad de dos empleados de la CFE.

Firmaron con el objetivo de que la "referida obra en construcción (el gasoducto) se desarrolle en el marco de sana convivencia".

Un día después de que se firmó el acuerdo, los trabajadores de la comisión, Carlos Aurelio Muñoz Zambrano y Héctor Alejandro Torres Santos, otorgaron el perdón a los tres comisariados ejidales, así como a Albino Villalva Díaz, Adela Ramos Villalva, Gregorio Flores Ramos y Eusebio Aguilar Torres, pobladores de San Lucas Tulcingo.

También se menciona a Avelino Vázquez Tapia, comisariado de bienes comunales de San Juan Amecac, así como a Juan Carlos Flores Solís y Alejandro Torres Chocolatl, integrantes del FPDATMTP.

Juan Carlos Flores estuvo preso nueve meses, del 7 de abril de 2014 al 25 de enero de este año, por oponerse a que el gasoducto pasara por las faldas del volcán Popocatépetl porque está dentro de la zona naranja de riesgo.

Muñoz Zambrano y Torres Santos acusaron a los diez de privación ilegal de la libertad, con los agravantes de contra funcionario público y pandillerismo, a los diez implicados bajo el proceso 19/2015.

Juez omite perdón

A pesar de que el perdón y suspensión de los procedimientos se solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR), vía el entonces delegado Normando Bustos Bertheau, el Juez Primero de Distrito con sede en Tlaxcala devolvió las atribuciones al poder judicial federal en Puebla para aprehender a los diez implicados.

Vargas explicó vía telefónica que de los diez implicados, cinco firmaron el convenio a cambio del supuesto perdón, pero los otros cinco se siguen oponiendo al gasoducto Morelos y defendiéndose de manera jurídica.

Por esta situación -desde su punto de vista- se reactivaron las órdenes de detención contra los opositores del Proyecto Integral Morelos (PIM), que transportará gas natural de Tlaxcala a Morelos a través de once municipios poblanos.

En un comunicado del Frente de Pueblos se destacó que el Juez Quinto de Distrito con sede en Puebla, dictó el 6 de mayo de 2014 orden de aprehensión contra los diez, por ello los miembros de la organización interpusieron amparos 706/2014 y 837/2014.

Sin embargo, en las audiencias, ni el perdón, otorgado en noviembre de 2014, ni los testimoniales fueron tomados en cuenta, de tal suerte que los diez son susceptibles de ser arrestados.

Por este motivo el FPDATMTP solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de visita en México por el caso Ayotzinapa, y se presentó un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para que no se criminalice a los activistas.