En juicio popular condenan a RMV y piden se le someta a juicio político

Por segunda ocasión, un tribunal ciudadano condenó a Rafael Moreno Rosas, titular del Poder Ejecutivo en Puebla, sentando las bases para que la Comisión de Verdad y Justicia de Puebla presente ante la ONU el antecedente de los actos de corrupción del mandatario, además de la promoción de un juicio político que será interpuesto antes de que concluya el plazo de un año.

Esta vez, el veredicto de la Fiscalía Popular que encabezó Lucio Ramírez Luna, abogado y académico de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), encontró al gobernador responsable penal, política y administrativamente responsable de la probable comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones, abuso de autoridad, asociación delictuosa y los que resulten.

La resolución, avalada por el penalista Samuel Porras Rugerio y el investigador Carlos Popoca, fue votada por la asamblea que aprobó la resolución para declararlo culpable de traición a sus votantes, por lo que integrarán el expediente con las constancias respectivas para la promoción de un juicio político ante el Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto en los artículos l08, 109 y 110 de la Constitución Política de México.

El activista y defensor de derechos humanos, Pablo Herrera, quien fue nombrado juez fiscal en una asamblea previa, aseguró que este ejercicio ciudadano tiene como fin revertir el endeudamiento ilegal, establecer una amnistía para los presos y perseguidos políticos y fincar responsabilidades al mandatario por lo que iniciarán el proceso de juicio político con éste antecedente.

El veredicto se estableció luego de que se hubiera acreditado “la existencia documentada por parte de organizaciones civiles como el Observatorio de Violencia Sexual y Género; y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, por la omisión en los 186 casos de feminicidios llevados a cabo durante su sexenio”.

Se demanda la integración de 7 indagatorias por parte de la Procuraduría General de la República entre las que destaca una “por el grave delito de espionaje a funcionarios públicos, periodistas, líderes políticos y sociales como a ciudadanos disidentes de sus políticas y la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el caso de la firma Blue-Icon, por el delito de lavado de dinero en contra de su administración, por la probable conversión de dinero ilícito en legal durante el sexenio”.

Se condenó al gobernador “por dejar a Puebla y a los poblanos sumidos en una deuda superior a los 75 mil millones de pesos, cometiendo todo tipo de irregularidades administrativas en el manejo de recursos públicos con el claro objetivo de financiar la promoción de su nombre e imagen para posicionarse rumbo al proceso electoral federal de 2018, como fue el caso inédito de constituir un fideicomiso privado para el manejo y desvió del impuesto sobre la nómina por un periodo de 50 años, a favor de la empresa Evercore, propiedad de Pedro Aspe Armella”.

También se le hace culpable “por el uso indebido y faccioso del Poder Judicial para la fabricación de delitos a modo,violentando toda garantía de legalidad y debido proceso, en contra de más de 300 presos, perseguidos o procesados, que existen en la actualidad, quienes se atrevieron a disentir de sus políticas públicas y de los cuales ---según el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión en Puebla—ll aún continúan en prisión: Un mototaxista; cuatro integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre; tres choferes de la Red Urbana de Transporte Articulado; dos pobladores de Felipe Ángeles y el ex secretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor”.

La violación al debido proceso también se relacionó con la muerte de Delfino Flores Melga, ocurrida cuando estaba preso ; otro caso de arraigo domiciliario: Juventino Tlahuel, y dos más que ya fueron declarados inocentes: Enedina Rosas Vélez y Néstor Espinoza López.

El fiscal documentó “que existen 136 procesados y 150 órdenes de aprehensión libradas, por lo que se puede hablar de al menos 302, presos políticos, perseguidos o procesados durante todo el sexenio. Eso sin contar a los Presidentes Municipales que en la actualidad se encuentran en calidad de perseguidos políticos”.

En el último año del sexenio el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se concretó la venta de 20 inmuebles desincorporados del patrimonio público del estado por 325 millones de pesos, según reconoció el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, sin que se haya dado a conocer el nombre de los compradores ni precisar las ventas realizadas en todo el sexenio, se expuso en el juicio.

La privatización por un lapso de 60 años a favor de la empresa Concesiones Integrales, también fue parte del expediente.

El juicio popular estableció que el mayor agravio fue la aprobación de la iniciativa de la Ley para reprimir por medio del uso de la fuerza pública al pueblo que le dio su voto para que lo protegiera, “la cual le costó la vida al niño de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo, dejando una estela de agravios y dolor aún sin resarcir a la comunidad de Chalchihuapan”, reza el veredicto”.

Por su parte, Luis Soriano Peregrina, presidente de Voz Ciudadana quien convocara el primer juicio ciudadano en 2014, aseguró que el ejercicio democrático además de ser documentado por la Comisión de Verdad y evidenciarlo ante la ONU podría derivar en varios juicios internacionales como el Consejo Internacional de Pueblos Originarios y la Comisión Interamericana del Agua, dadas las reiteradas violaciones.