Jueves, 21 De Mayo De 2026 | Puebla

Política

Moreno Valle, culpable del alza de 400% al agua: Armenta

Acusa priísta en San Lázaro que desde 2013 el gobierno del estado de Puebla inició el proceso de privatización del líquido en 25 municipios

Moreno Valle, culpable del alza de 400% al agua: Armenta

Ciudad de México. Después de la “maquinación política y económica” que el gobierno de Rafael Moreno Valle realizó con la empresa Concesiones Integrales, en Puebla el costo del servicio de agua se incrementó hasta en 400 por ciento, afectando la economía de las familias poblanas.

Así lo denunció durante la sesión de este martes en la Cámara baja, el diputado federal del PRI, Alejandro Armenta Mier, quien desde su curul aprovechó que el miércoles se celebra el Día Mundial del Agua para denunciar que desde 2013 el gobierno del estado de Puebla inició el proceso de privatización del vital líquido en 25 municipios.

Recalcó que el gobierno de Rafael Moreno Valle benefició a la empresa Concesiones Integrales, con un contrato de 60 años, lo que calificó con “un robo para los ciudadanos”.

El diputado Armenta Mier subrayó que la maquinación entre el entonces gobernador Moreno Valle y los diputados locales no sólo otorgó el servicio concesionado del agua a dicha empresa, sino que además le dio la potestad de poder embargar a los usuarios morosos.

“Esto significa que además de que se privatiza el agua, hoy se pueden iniciar procedimientos administrativos de ejecución, y obviamente afectar la economía de las personas”, dijo.

Alejandro Armenta recordó que él mismo presentó ante la cámara baja una solicitud de exhorto al gobierno del estado de Puebla para que transparente las bases y modalidades mediante las cuales entregó la concesión del servicio de agua en 25 municipios por 60 años.

Y que también se ventile la intención del gobierno estatal de privatizar el agua en el resto de los municipios poblanos, en contraposición del artículo 4o., fracción C, de la Carta Magna, que establece que el agua potable es un derecho humano y el Estado mexicano tiene la obligación de otorgarlo.