A tribunales, queja por exclusión de ciudadanos en Alerta de Género

La organización Todos para Todos interpuso un recurso de amparo contra la exclusión de los ciudadanos del proceso de Alerta de Violencia de Género en Puebla y señaló que el mismo ha quedado judicializado.

En rueda de prensa, el activista Ricardo Jiménez y la exdiputada federal Violeta Lagunes integrantes de la organización Todos para Todos, informaron que fue admitido en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el “Amparo Ley”contra omisiones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Según Jiménes y Lagunes, la citada ley no garantiza la inclusión real de ciudadanos en el desarrollo y procedimiento de la Alerta de Violencia de Género. En el amparo además se acusa al gobierno del estado de Puebla, específicamente el Poder Ejecutivo, de voluntad política para terminar con esa exclusión.

El recurso de amparo señala también al presidente de la República, a la Cámara de Diputados y Senadores porque no incluyeron como una obligación de las autoridades ejecutoras en materia de Alerta de Violencia de Género como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (CONAVIN) y al Instituto Nacional de las Mujeres INM, la inclusión de organizaciones y representaciones ciudadanas para notificar actuaciones y resoluciones dentro del proceso.

Lagunes explicó que en todas las demás entidades federativas donde ha sido solicitada la Alerta de Violencia de Género, aunque no hay una inclusión explícita legal, los gobiernos estatales cumplen el compromiso con la sociedad de manera voluntaria, sin embargo en Puebla ha ocurrido lo contrario, impidiendo su participación de manera explícita y material. “A mí me han corrido – literalmente- de reuniones donde se discute el tema”, relató.

A la fecha, la organización promovente de la solicitud de Alerta de Violencia de Género en Puebla no ha sido convocada para participar en mesas interinstitucionales, no se le han notificado acuerdos, resoluciones o informes del proceso que legalmente debe cumplir seis meses.

“El gobierno del estado tenía un lapso de 15 días para correr el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones del grupo evaluador y han pasado 5 meses y la sociedad civil no conoce ese informe”, acusó.

La ex diputada federal dijo que no se descartan otros dos amparos, uno contra el irregular procedimiento y los incumplimientos de plazos establecidos, y uno más por el resolutivo final.

Lagunes Viveros desmintió al Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, quien sostiene que en el mes de mayo la Conanivn presentará la resolución final.

Pese a acciones, feminicidios al alza

Tanto Lagunes como Jiménez aseguraron que pese a que el Ejecutivo, las secretarías de gobierno y de la Mujer aseguran que el gobierno atiende todas las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Alerta de Violencia de Género, en Puebla se registran este año 44 feminicidios, diez más que en el mismo periodo de 2016, cuando se computaron 34.

“Vivimos con un órgano rector que no sabe llevarnos al estado de bienestar”, dijo la exdiputada que atribuyó la causa a la distracción de “funcionarios más pendientes en procesos de elección próximos”

“Mientras se siga negando el fenómeno social, este se agravará”, refirió Ricardo Jiménez que emplazó al gobernador Antonio Gali Fayad y a la ex titular del Sistema DIF, Martha Érika Alonso, quienes materialmente han bloqueado la participación de ciudadanos, a atender las cifras de asesinatos violentos de mujeres que han alcanzado a las de la Ciudad de México.