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Nación
La familia Weinberg que violó la Ley Civil de Florida llegó a un acuerdo con la UIF
Genaro García Luna
Foto: e-consulta
La familia Weinberg, socios del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, llegaron a un acuerdo reparatorio con el Gobierno de México para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desechara los cargos en su contra.
Aunque aún se espera la confirmación oficial por la jueza Lisa Walsh, medios de comunicación que tuvieron acceso al documento informaron que desde el 19 de febrero de 2025 miembros de dicho clan llegaron a un acuerdo confidencial con autoridades del condado de Miami Dade, en Florida.
En dicho acuerdo los cargos por lavado de dinero al violar la Ley Civil de Florida serán retirados sin ningún perjuicio para los involucrados.
El pacto implicaría el pago de una multa de millones de dólares por la familia Weinberg quienes además se convertirían en testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR).
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A cambio de esto se les otorgará una determinación fiscal con la que dichos cargos por desvío de recursos contra los integrantes serán desestimados.
La UIF demandó en septiembre de 2021 a García Luna por desarrollar una red de corrupción y lavado de dinero que operaba bajo contratos otorgados por instituciones de seguridad a varias empresas.
En dichas compañías estaban involucradas algunas pertenecientes a la familia Weinberg.
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Fueron señalados por las autoridades Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto De Weinberg y sus empresas Nunvav, Inc., S.A., Nunvav Technologies, Inc., S.A., and Gull Holding Enterprises, S.A.
Todas participaron en esquemas fraudulentos y obtuvieron contratos del Gobierno Mexicano cuando García Luna se desempeñó como secretario de Seguridad Publica en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
A Jonathan Alexis lo detuvieron el 31 de diciembre de 2023 en Madrid por las acusaciones que enfrentaba sobre lavado de dinero; usó una red de casi 30 empresas y ocultó sus ganancias. Su padre, Samuel Weinberg, colaboraba con 19 empresas más.
Tras las acusaciones de la UIF, la familia Weinberg habló por primera vez en mayo de 2023 sobre el nexo e el que supuestamente participaron; aseguraron que los contratos de sus empresas estuvieron sujetos a revisión por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde no fueron informados sobre alguna irregularidad existente.
Los acusados informaron que apoyaron en todo momento a las autoridades estadounidenses para que las dependencias correspondientes obtuvieran resultados alentadores en las investigaciones de la UIF para sancionar a García Luna.
Fue hasta el 23 de mayo de 2025 que la familia Weinberg solicitó a la jueza Lisa Walsh, retirar los cargos en su contra sin perjuicio, mediante un acuerdo interno entre ambas partes. Sin embargo, aún no se han detallado cuáles fueron las condiciones. (JRLM)