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Política
Las nuevas autoridades enfrentarán irregularidades heredadas de las administraciones disueltas
Auditor de Puebla con diputados
Foto: Gran Angular
Los cinco concejos municipales recientemente designados por el Congreso del Estado de Puebla no solo asumirán el control político y administrativo de sus localidades, sino que también tendrán que aclarar un total de 53 millones 782 mil 357 pesos observados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), correspondientes al ejercicio fiscal 2023.
Estas observaciones fueron derivadas de auditorías realizadas por la ASE que identificaron presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos en dichos municipios.
Actualmente, el que tiene la cifra más elevada es el ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, más conocido como Ciudad Serdán.
Los cinco municipios tienen las siguientes observaciones en el ejercicio fiscal 2023:
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Las observaciones emitidas por la ASE surgen de auditorías a las cuentas públicas municipales, estas pueden derivar en medidas correctivas, sanciones administrativas o incluso acciones legales, dependiendo del nivel de irregularidad detectado.
El procedimiento incluye, la emisión del pliego de observaciones (documento que detalla los hallazgos financieros), la respuesta municipal, dónde las autoridades deben justificar, aclarar o corregir las anomalías, la evaluación de la ASE, cuando determina si las observaciones fueron solventadas.
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Aunque las observaciones corresponden a administraciones previas, el proceso sigue vigente y las nuevas autoridades están obligadas a presentar pruebas, colaborar con la ASE y garantizar el seguimiento del proceso.
Los cinco municipios con concejos municipales atraviesan alguna circunstancia política, legal o administrativa, lo que llevó al Congreso del Estado a disolver sus cabildos.
En el caso de Ahuazotepec, el exalcalde Alfredo Ramírez Hernández solicitó licencia definitiva tras verse involucrado en un proceso legal que lo mantiene prófugo de la justicia. Esto obligó al Congreso a designar un concejo municipal cargo de José Luis Cuevas Galindo como presidente y Sonia Rodríguez Hernández como síndico, junto con ocho regidores.
En Cuautempan, el exalcalde Gerardo Cortés Caballero también se encuentra prófugo de la justicia, involucrado en delitos de fuero común. Su vivienda fue cateada y se encontraron armas largas, incluso posibles drogas, por lo que se nombró un concejo municipal para dar continuidad a la administración local.
Cabe recordar que los tres municipios restantes, Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, eran gobernados por los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, quienes se encuentran detenidos. (CR / PSR)