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Seguridad
Los agentes efectuaron un operativo en la casa de Israel, en Tlachichuca; tras denunciar la FGE advirtió que habrá más dispositivos
Fotos de joven lesionado
Foto: e-consulta
La agujeta de la bota quedó marcada en la frente de Israel, joven de 24 años que pidió a policías ministeriales de la Fiscalía de Puebla que mostraran la orden de cateo, pues por apellidarse González y vivir en Tlachichuca recibió golpizas y amenazas.
Fueron dos madrugadas seguidas de amedrentar a su familia, la segunda noche los ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) lo patearon entre seis. Primero lo agarraron de piernas, brazos y cabeza, ante sus movimientos le dieron un culatazo con un arma larga en el cuello, casi lo fracturan, según la radiografía.
La madrugada del martes 7 de octubre Israel González Matías, que estudia Derecho, encaró a los ministeriales. Les dijo a unos 10, quienes estaban acompañados por elementos del Ejército Mexicano, que qué buscaban, que no encontrarían nada en el rancho donde su familia guarda maquinaria y animales, que debían mostrar una orden de cateo.
Le dijeron “identifícate”, pero él respondió “identifíquense ustedes, son los que vinieron a causar destrozos a la propiedad”. Les exigió una orden de cateo que nunca mostraron.
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Al día siguiente, miércoles 8, llegaron a la misma hora, a las 2 de la mañana, pero a su domicilio.
Había más familia, pero también eran más elementos, al menos unos 100, calcula Israel, pues eran cerca de 80 vehículos entre los pintados del Ejército, las camionetas y los carros de la Fiscalía.
Los policías ministeriales entraron a las casas sin saber con claridad qué buscaban, de nueva cuenta Israel dio la cara por la familia, los agentes encapuchados lo ubicaron y se fueron contra él.
“Me metieron a su círculo, donde estaba el Ejército y sus demás compañeros, y me dice: “aquí está tu orden hijo de tu puta madre”, y me da un puñetazo. Me comienza a golpear en la nuca y me dice: “desde ayer nos estás causando problemas”.
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“Cuando trato de levantarme me pegan en la pierna, otro en la espinilla, y con la culata en la nuca, y yo empiezo a gritar auxilio y ellos me golpean en la cabeza. En un momento me tapan la cara, y dicen: ‘nos lo vamos a llevar, ahora si te va cargar...’ Yo empiezo a gritar más fuerte, me bajo el trapo y grito ayuda. En ese momento me dicen: ‘aquí está tu ayuda hijo de tu puta madre y me patean la cara’”, narró Israel.
Con miedo, pero también por las ganas de vivir y mientras la población de Tlachichuca se les acercaba, Israel logró zafarse de los ministeriales e irse del lado del pueblo. Piensa que no tenían nada contra él, trataban de aterrorizarlo.
Ese mismo 8 de octubre, al mediodía, Israel y su padre acudieron a la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Puebla, a poner una denuncia precisamente contra los mismos ministeriales.
Estuvo sentado frente a una agente del Ministerio Público y les narró lo mismo que a e-consulta.
Al salir de dar su declaración la Fiscalía emitió un boletín a las 16:46 horas en el que informó: “durante la madrugada de este día, agentes investigadores, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en aras de dar cumplimiento a una orden de cateo librada por un juez de control de oralidad penal y ejecución de la región judicial Oriente, Puebla, implementaron un operativo en el municipio de Tlachichucha, Puebla. Sin embargo, personas con el rostro cubierto, presuntamente vinculadas a la familia González Vieyra, impidieron por segunda ocasión el desarrollo de las diligencias en inmuebles de su propiedad”.
Sobre la golpiza que recibió Israel y otros golpes a dos menores de 15 años que estaban grabando el momento no se hizo referencia.
Israel refirió que vive con miedo, pues la Fiscalía informó en su boletín que “continuará con las acciones jurídicas correspondientes para asegurar el cumplimiento de la ley y dar continuidad a las investigaciones", lo cual lo consideró una advertencia y ahora teme por su integridad.
Sin embargo, el joven cuestionó si esa es la manera de conducirse en el cumplimiento de la ley. La víctima y su familia pretendían acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), pero tenían duda de si valdría la pena. (MCJ)