Denuncias laborales en Puebla al alza; hay 415 casos de abuso de autoridad

Denuncias por acoso sexual, abuso de autoridad y despido injustificado siguen en aumento en Puebla, pero los procesos para exigir justicia siguen siendo largos, costosos y emocionalmente desgastantes.

Tan solo en lo que va del año la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 841 carpetas de investigación por conflictos laborales, mientras que el Poder Judicial del Estado recibió mil 232 quejas por despidos injustificados.

A pesar de estas cifras, la abogada Alicia Guadalupe Palacios Corte aseguró para e-consulta que muchas personas no se atreven a denunciar a sus patrones por temor a represalias y el alto coste económico que implican los procedimientos.

Conflictos laborales en Puebla

De acuerdo con las solicitudes de información con folio 210425325000255 y 210421525000507, en los primeros ocho meses del año, la FGE inició 841 carpetas de investigación por conflictos entre empleados y sus superiores jerárquicos.

• 415 fueron por abuso de autoridad
• 309 por acoso sexual
• 63 por hostigamiento sexual
• 54 por discriminación

Estos delitos ocurrieron en 129 municipios y aunque la capital poblana concentró el 34 por ciento de los casos (292 denuncias), también se presentaron denuncias en: Tehuacán, San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Teziutlán.

Quejas por despido injustificado

Por su parte, el Poder Judicial del Estado en el mismo periodo registró un total de mil 232 quejas laborales, la mayoría por despido injustificado.

Estas se concentraron en 37 municipios; Puebla capital encabezó la lista con mil 18 denuncias, le siguieron San Andrés Cholula con 67, Cuautlancingo con 37, San Pedro Cholula con 26 y Amozoc con 11.

Problema más recurrente: el despido injustificado

La abogada Palacios Corte aseguró que en la entidad el despido injustificado y la negativa a pagar prestaciones de ley son los problemas más recurrentes en materia laboral.

Bastantes patrones utilizan excusas, como faltas injustificadas, para evadir sus obligaciones, situación que se debe al contexto del país, ya que numerosas empresas evitan dar de alta a sus empleados en el seguro social por los costos patronales, sostuvo.

Explicó que la modalidad actual de contratación, tanto en el sector público como privado, suele ser por tiempo determinado, lo que impide generar antigüedad y derechos laborales.

“Más común, pues lo que es el despido injustificado, o sea, que los patrones se niegan a pagar las prestaciones que por ley les corresponden a los empleados (…) los despiden injustificadamente cuando el motivo es no pagarles sus prestaciones de ley”, explicó.

La abogada consideró que las reformas laborales, incluidas las relativas a las jubilaciones, afectaron gravemente los derechos laborales, y agregó que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó amparos contra las disposiciones, limitando las posibilidades de defensa para los trabajadores.

Procesos largos, caros y desalentadores

La abogada advierte que los juicios laborales resultan costosos y lentos, por lo que muchas personas optan por no seguir adelante con sus demandas. Detalla que los abogados suelen cobrar entre el 40 por ciento y el 50 por ciento del monto recuperado, lo que se suma a años de espera en los tribunales.

“Un abogado puede cobrar entre el 40 y 50% de lo que logres recuperar. Si a eso sumas los años de espera, muchos prefieren no demandar”, relató.

En el caso de los trabajadores del gobierno, la situación es aún más complicada, pues según afirma los jueces y autoridades suelen estar coludidos con la parte patronal, dejando al servidor público en desventaja.

Acoso y violencia laboral: denuncias difíciles de sostener

Las denuncias por acoso o violencia de género en el trabajo son, acorde con la abogada, las más complejas y dolorosas de tramitar.

“Involucran temas personales, emocionales y familiares. Las mujeres que denuncian se enfrentan a procesos desgastantes y a un ambiente hostil dentro de sus propios centros laborales”, afirmó.

Estas demandas de índole sexual suelen ser las más difíciles de llevar por la exposición de temas íntimos y la carga emocional que implican, aunque ya existe una sección especializada en la Fiscalía para atenderlas como denuncias penales, añadió.

Medios alternos buscan evitar juicios

Desde hace algunos años los conflictos laborales deben pasar obligatoriamente por métodos alternativos de solución, como la mediación o conciliación, antes de llegar a juicio.

“Esto surgió para despresurizar al sistema. La idea es que las partes lleguen a un acuerdo económico rápido y eviten juicios largos. A veces funciona, pero también puede servir para presionar al trabajador a aceptar menos de lo que le corresponde”, explicó Palacios.

Tras la desaparición de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las demandas ahora se presentan en tribunales laborales, que se dividen según el tipo de patrón.

• Tribunales laborales municipales: para trabajadores al servicio del municipio
• Tribunales laborales estatales: para empleados del Gobierno del Estado
• Junta local: para trabajadores de empresas particulares, como negocios locales

Cuando se trata de acoso sexual laboral, ya no se presenta una demanda sino una denuncia penal que se canaliza a una unidad especializada de la Fiscalía. También existen órganos internos de control para casos que involucren a funcionarios.

Desigualdad persistente

En su balance la abogada consideró que el panorama laboral en Puebla sigue marcado por asimetrías entre empleadores y trabajadores, tanto en el sector público como en el privado.

“Las leyes han ido cambiando, pero casi siempre en perjuicio del trabajador. Las empresas privadas alegan falta de recursos y el gobierno opera con compadrazgos. Al final, quien pierde sigue siendo el empleado”, concluyó. (JRLM)