Empresas y plazas deben pagar hasta un millón de pesos para tener agua

Empresas y plazas comerciales de Puebla se ven obligadas a pagar hasta un millón de pesos como infracción para poder contar con el servicio de agua potable, acusaron esta tarde los representantes de la organización Todos Unidos Contra la Privatización del Agua (Tucopo).

Los abogados de la firma Calva Corro, representantes de la Tucopo, señaló que esta situación comenzó con la ciudadanía y avanzó a otros sectores debido a las irregularidades en el tema.

Estas supuestas infracciones, que llegan hasta el millón de pesos, son solicitadas por autoridades para reconectar el servicio de agua potable y se desprenden de revisiones e inspecciones que realiza SOAPAP, señalaron los abogados.

Sin embargo, cuando la firma se presentó a interponer un amparo, autoridades les aseguraron que SOAPAP no existe ya que el servicio está concesionados a Agua de Puebla.

Durante conferencia de prensa los litigantes mostraron la denuncia donde queda asentada la irregularidad y sostuvieron que sus clientes presentaron toda la documentación en regla para los permisos de servicio de agua y los pagos correspondientes.

Gobierno queda a deber en su primer año: Tucopo

Acorde con los representantes de la Tucopo, hasta este primer año de gobierno de Alejandro Armenta Mier tanto el político como Morena han quedado a deber a la ciudadanía en el tema del agua.

Señalaron que durante su campaña Armenta prometió que acabaría con la privatización del agua que comenzó en el sexenio de Rafael Moreno Valle y que primero quedó en manos de Concesiones Integrales, que después cambió su nombre a Agua de Puebla para Todos.

Agregaron que la situación no sólo se queda a nivel estatal sino que también abarca las decisiones federales con las promesas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum sobre terminar con el acuerdo privatizador.

Señalaron que los gobiernos tanto del PAN como de Morena han parecido más bien aliados de los poderes privados que acaparan el líquido en la ciudad, ya que realmente no han actuado en defensa de los Derechos Humanos de las poblaciones urbanas y del Estado sobre el agua. (MCJ)