Despiden a 50 trabajadores del Registro Civil de Puebla, sin previo aviso

El despido masivo de 50 empleados del Registro Civil del estado de Puebla se concretó el lunes 5 de enero de 2026, cuando el personal regresó de vacaciones y fue notificado de que ya no tenía empleo.

Las bajas ocurrieron sin aviso previo ni explicación formal, lo que detonó inconformidad entre los empleados despedidos.

Los trabajadores, algunos con entre cinco y 15 años de antigüedad, señalaron que laboraban bajo el esquema de lista de raya, sin acceso a seguridad social ni alta en el ISSSTEP.

Entre los trabajadores despedidos hay mujeres embarazadas y adultos mayores, de acuerdo con fuentes al interior del Registro Civil.

En documentos administrativos, la responsabilidad directa recae en la Dirección del Registro Civil; sin embargo, empleados y exservidores públicos señalan que una decisión de esta magnitud requiere autorización de niveles superiores del Ejecutivo estatal.

SEDIF quiere que trabajadores firmen contratos por sólo de 6 meses

Mientras tanto, el jueves 8 de enero, el Sistema Estatal DIF (SEDIF) emitió una circular para que trabajadores de confianza, honorarios y lista de raya firmaran contratos por seis meses, aun cuando algunos acreditan hasta 20 años de servicio.

La convocatoria fijó un calendario regional del 8 al 14 de enero y solicitó documentación oficial para la firma.

Personal del SEDIF denunció que, presuntamente, se les condicionó la continuidad laboral a la firma inmediata del contrato y que no se permitió leer el documento antes de suscribirlo, lo que —aseguran— vulnera derechos laborales.

También expusieron jornadas extendidas no pagadas y comisiones fuera del municipio o del estado sin compensación.

Ante ello, trabajadores del SEDIF hicieron un llamado al gobernador Alejandro Armenta para que se garanticen derechos laborales y se transparenten las decisiones administrativas.

En el caso del Registro Civil, los despedidos analizan vías legales para impugnar las bajas.

Especialistas en derecho laboral consultados advierten que los esquemas temporales y la lista de raya requieren fundamentación y notificación para evitar violaciones a la ley.

Mientras tanto, las familias de los afectados enfrentan la pérdida inmediata de ingresos en el arranque del año. (LV)