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Nación
Los 160 países que volvieron obligatorio el registro de líneas no dieron avances en la materia
Robo de línea telefónica desde registro (ilustrativa)
Foto: IA Grok
No existen pruebas ni evidencia que compruebe que el registro de líneas telefónicas obligatorio ayude en el combate contra delitos, como la extorsión, medida que comenzó en México desde el pasado 9 de enero y se impulsó desde la presidencia de la Republica.
Esta medida que se aplicó ya en 160 países, cuya actividad desde 2016 monitoreó la Asociación de Sistemas Globales de Comunicación Móvil (GSMA), demostró que incluso tras la aplicación de la medida, incrementaron delitos como el robo de celulares y robo de líneas telefónicas.
Esto lo señaló este miércoles el vocero de la Red en Defensa por los Derechos Digitales, José Flores, en entrevista con Radio Fórmula.
El especialista en datos mencionó que otros índices delictivos que aumentaron en las naciones que aplicaron el registro de líneas telefónicas obligatorio fue el contrabando de tarjetas SIM, traídas desde el extranjero.
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José Flores señaló que el registro de líneas telefónicas obligatorio pone en riesgo la presunción de inocencia, en caso de que usen su número celular para cometer un delito. Las personan ni siquiera se darían cuanta cuando suplanten su identidad, sostuvo.
Criticó que tampoco se dio tiempo suficiente a los proveedores de las líneas telefónicas para habilitar los sitios donde se hace el registro y que deja fallas en la seguridad, tal como internautas mostraron en redes, con la vinculación de una línea con videos realizados con inteligencia artificial.
Durante la entrevista el analista advirtió que los usuarios deben tener cuidado con los sitios apócrifos que se hacen pasar por las empresas para hacer el registro de líneas telefónicas, con la finalidad de robar los datos personales.
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Ayer en conferencia la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los cuestionamientos sobre los primeros fallos en el proceso de registro de líneas telefónicas.
Aseguró que los responsables de la seguridad de los datos son las empresas telefónicas y no su gobierno. También recordó que el acceso a la información de los usuarios por parte de las autoridades solo se solicitará si lo requiere la investigación de un delito.
Agregó que las empresas telefónicas deben apegarse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para resguardar los datos personales de los usuarios.
Con información de Radio Fórmula, El Economista (JRLM))