Ciberasedio, juicios y presión oficial, formas de censura contra periodistas

El uso del delito de ciberasedio, los juicios de amparo y la presión económica a través de la publicidad oficial se han convertido en mecanismos de censura y control contra el periodismo en Puebla.

Así lo advirtieron periodistas, abogados y defensores durante el foro sobre acoso a la libertad de expresión y prensa en Puebla y México.

Durante el encuentro, las y los ponentes coincidieron en que, aunque estas prácticas se presentan como acciones legales, en realidad generan un efecto inhibidor que limita el ejercicio periodístico y promueve la autocensura.

El delito de ciberasedio y su efecto inhibidor en Puebla

Uno de los principales focos de preocupación fue el delito de ciberasedio, incorporado al Código Penal de Puebla. Aunque su justificación oficial fue la protección de grupos vulnerables, colectivos, periodistas y organizaciones advirtieron desde su origen que la redacción del artículo era ambigua.

Esta ambigüedad, señalaron, genera miedo entre periodistas y medios de comunicación, que optan por no publicar información sensible para evitar consecuencias penales.

Incluso la organización Propuesta Cívica, dedicada a la defensa legal de periodistas, informó que ya llevan seis juicios de amparo contra este delito.

Uno de ellos ya fue resuelto por el Juzgado Tercero de Distrito, que determinó que el tipo penal vulnera el principio de taxatividad y, por lo tanto, el derecho humano a la libertad de expresión.

Amparos y resoluciones judiciales

Ingrid Pérez, coordinadora del área de Defensa Legal de esta organización, advirtió que el problema no se limita a Puebla, pero que en la entidad estas prácticas han ido en aumento.

“México es el país donde más conflictos, agresiones y homicidios contra periodistas se registran. Puebla se está posicionando como un estado donde la criminalización de la prensa está tomando mayor fuerza”, señaló.

Explicó que ya no sólo se recurre a agresiones físicas, sino a figuras legales que buscan someter a periodistas a procesos judiciales, como la vinculación por delitos o el uso indebido del juicio de amparo, lo que provoca autocensura y silencio informativo.

Asimismo, recalcó que los periodistas y los medios de comunicación no pueden ser considerados autoridades responsables. “Ustedes informan sobre asuntos de interés público, no ejercen actos de autoridad”, afirmó.

El caso Rodolfo Ruiz y la presión económica

Durante el foro también se abordó el caso del periodista Rodolfo Ruiz como ejemplo de persecución judicial y económica contra la prensa crítica en Puebla.

Sergio Mastretta, director del portal Mundo Nuestro, advirtió que los amparos ganados frente a acciones del gobierno no tienen efectos generales, ya que no se han derogado las disposiciones cuestionadas, lo que obliga a periodistas y medios a defenderse de manera individual y con recursos propios.

Se alertó que, además de los procesos judiciales, existe una presión sistemática mediante el retiro de publicidad oficial con la intención de debilitar financieramente a medios independientes.

“La contratación de publicidad oficial carece de una legislación específica que defina criterios claros y transparentes. Esto ha generado históricamente opacidad y discrecionalidad en la asignación de recursos a los medios”, expuso en su carta.

Los ponentes coincidieron en que esta práctica funciona como un mecanismo de control editorial, pues quien critica queda fuera y quien guarda silencio accede a recursos públicos.

Una práctica histórica en Puebla

Finalmente, se señaló que estas prácticas no son nuevas, sino que forman parte de una dinámica histórica de control de la prensa en Puebla, que ha trascendido administraciones.

Las y los participantes hicieron un llamado a periodistas, medios y ciudadanía a mantenerse informados sobre sus derechos, a documentar cualquier intento de censura o criminalización y a fortalecer la defensa colectiva de la libertad de expresión en el estado. (MCJ)