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Nación
México no asumirá automáticamente como válidas las acusaciones de EU: FGR
“Se procederá con la extradición si se determina que existen pruebas suficientes”, dijo el vocero
El Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, emitió un mensaje a medios respecto a las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos contra varios políticos y funcionarios mexicanos, principalmente del estado de Sinaloa.
El vocero de la FGR enfatizó que México no asumirá automáticamente como válidas las acusaciones del país vecino.
Explicó que la Fiscalía mexicana inició una investigación propia para analizar, verificar y validar los elementos probatorios presentados por Estados Unidos, conforme a la legislación nacional y los tratados bilaterales de extradición.
“Solo se procederá con la extradición si se determina que existen pruebas suficientes y que estas cumplen con los requisitos legales mexicanos”, señaló Lara.
Además, recordó que para figuras como gobernadores y senadores se requiere un juicio de procedencia ante el Congreso de la Unión para retirar la inmunidad procesal, es decir el fuero.
La FGR subrayó la importancia de respetar los acuerdos de confidencialidad en los procesos de cooperación bilateral y cuestionó la difusión pública del caso, que podría afectar la integridad de la investigación
Lara confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó a la FGR las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el gobierno estadounidense.
Estas solicitudes involucran al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios, a quienes la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”.
Los cargos incluyen narcotráfico, conspiración para distribuir grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como recepción de sobornos y protección a actividades criminales a cambio de apoyo político.