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Tras cateo en un inmueble de Huachinango, afectados deberán realizar trámites ante la autoridad federal para recuperar vehículos y herramientas de trabajo
Cateo en Huauchinango
Foto: Cortesía
Ciudadanos y comerciantes fueron informados que deberán trasladarse a Zacatlán para recuperar sus vehículos y herramientas de trabajo, luego del cateo realizado por fuerzas federales, estatales y municipales en un inmueble ubicado en la calle Hidalgo, del municipio de Huachinango, utilizado como pensión, estacionamiento, autolavado y espacio de resguardo de bienes particulares.
La intervención de las autoridades derivó en el aseguramiento no solo de objetos presuntamente vinculados con la investigación en curso, sino también de automóviles de particulares y carritos de venta de alimentos pertenecientes a comerciantes que utilizaban el sitio como medida de protección ante robos frecuentes en la zona.
Tras concluir las diligencias iniciales, los propietarios acudieron al inmueble con la expectativa de retirar sus pertenencias; sin embargo, personal involucrado en el operativo les notificó que ningún bien sería liberado en el lugar y que el procedimiento deberá realizarse ante el Ministerio Público Federal con sede en Zacatlán.
La determinación provocó inconformidad entre los afectados, quienes sostienen que sus bienes no guardan relación con los hechos investigados. Entre los objetos retenidos se encuentran vehículos particulares y equipos de trabajo utilizados para la venta de hamburguesas, alitas y otros alimentos, de los cuales dependen varias familias.
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Asimismo, los afectados indicaron que además del pago que realizaban por el resguardo de sus unidades o herramientas, ahora deberán asumir gastos de transporte, tiempo y trámites administrativos para intentar recuperar su patrimonio.
Finalmente, los ciudadanos señalaron que el inmueble funcionaba desde hace tiempo como un punto de resguardo conocido por vecinos y comerciantes, por lo que consideran desproporcionado que bienes de terceros hayan quedado sujetos al aseguramiento sin un mecanismo inmediato para acreditar propiedad y obtener su devolución.
Mientras la investigación federal continúa, los afectados permanecen a la espera de una respuesta que permita liberar sus pertenencias sin prolongar un proceso que, aseguran, compromete su movilidad, sus ingresos y su actividad laboral cotidiana. (KR)