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Seguridad
Para mañana se programó la audiencia vs 5 señalados de extorsionarlo en 2013
Fernando Juárez Morales, abogado y enfermero, víctima de un error judicial
Foto: composición e-consulta
Más de una década después de haber sido detenido y acusado de diversos delitos sin ser responsable, el enfermero y abogado Fernando Juárez Morales continúa en la búsqueda de justicia; la audiencia en que imputarán delitos a cinco ex agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que él demandó se programó para mañana.
A Fernando Juárez Morales lo acusaron en 2013 la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado en coordinación con elementos de la Policía Municipal de Puebla. Lo absolvieron de todas las causas penales que enfrentó en 2022 y quedó reconocido como víctima de un error judicial. Le atribuyeron los siguientes delitos.
Desde un inicio sostuvo que era víctima de extorsión, tortura y fabricación de delitos por policías municipales y que las autoridades negaron la realización de pruebas periciales que habrían acreditado su inocencia.
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También denunció que servidores públicos adscritos a la entonces Agencia Séptima del Ministerio Público Especializada en Investigación de Robo de Vehículo realizaron un cateo ilegal en su domicilio, justificado como una inspección ocular.
Tras nueve años de su detención, un juez federal ordenó la reapertura de un proceso penal contra cinco ex funcionarios de la Fiscalía de Puebla por los presuntos delitos de robo y abuso de autoridad cometidos en 2013 contra el abogado y enfermero.
Los citados a comparecer fueron José Martín Figueroa y José Alfredo Reyes, elementos de la FGE; José Díaz y José García, agentes de la entonces Agencia Estatal de Investigación; así como Lilia Meneses, integrante del Instituto de Ciencias Forenses.
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La audiencia inicial de imputación se programó para el 19 de mayo a las 12:00 horas, pero terminó diferida para mañana 2 de junio a las 10:00 horas.
En entrevista con e-consulta, Fernando Juárez Morales señaló que el aplazamiento formó parte de una estrategia para retrasar el procedimiento y evitar que avance la investigación contra los servidores públicos involucrados.
También acusó omisiones por parte del Consejo de la Judicatura y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla). Aseguró que ambas instituciones le prometieron acompañamiento durante el proceso, aunque ningún representante acudió a la audiencia que se celebró en el Centro de Justicia Penal del Estado ubicado en la 11 Sur.
Fernando Juárez Morales quedó reconocido como víctima de un error judicial mediante el amparo 211/2023 por la CDH Puebla y por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI).
El abogado y enfermero indicó que su caso ya lo notificaron al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y al secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, y que hasta el momento no recibió respuesta.
De acuerdo con la versión de Fernando Juárez Morales, el 6 de agosto de 2013 sufrió extorsión por parte de policías municipales de Puebla, quienes le exigieron dinero para liberar a tres conocidos suyos.
Acudió a su domicilio para hacerse del efectivo, pero uno de los policías lo siguió, ingresó a su hogar sin permiso, lo sometió y se apoderó de sus ahorros. Luego aseguró que lo involucraron en diversos delitos junto con las personas a quienes intentaba ayudar y comenzó un proceso judicial en su contra que derivó en múltiples sentencias condenatorias.
Lo sentenciaron a 18 años de prisión por robo de vehículo, 125 años por multihomicidio, nueve años por uso indebido de condecoraciones y uniformes, y tres años por cohecho, delito que le atribuyeron cuando ya se encontraba privado de la libertad en el penal de Tepexi de Rodríguez.
Durante su reclusión pasó por distintivos centros penitenciarios del país: los de San Miguel, Cholula y Tepexi de Rodríguez, además de otro ubicados en Veracruz, Oaxaca, Durango, Michoacán, Jalisco y el del Altiplano, en Estado de México.
Convencido de su inocencia, Fernando Juárez Morales estudió la licenciatura en Derecho durante su permanencia en prisión. Con apoyo del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que durante más de cuatro años le proporcionó material jurídico, construyó su defensa legal.
Acreditó las violaciones en el proceso, así como la presunta fabricación de delitos y pruebas en su contra. Finalmente, el 23 de agosto de 2022 obtuvo sentencias absolutorias en todas las causas penales que enfrentaba.
Después de más de nueve años privado de la libertad, recuperó su libertad y comenzó una nueva etapa en la que busca que las autoridades responsables respondan por los daños ocasionados.
Denuncias contra jueces y autoridades
Los citados a comparecer son José Martín Figueroa y José Alfredo Reyes, elementos de la FGE; José Díaz y José García, agentes de la entonces Agencia Estatal de Investigación; así como Lilia Meneses, integrante del Instituto de Ciencias Forenses.
Fernando Juárez Morales sostiene que durante su proceso enfrentó irregularidades en la procuración y administración de justicia. Por estos hechos señaló a diversos integrantes del Poder Judicial del Estado, entre ellos Celestino Martínez Bones, Olga Margoth Cortés y José Refugio Alejandro León Flores.
También informó que presentó denuncias ante distintos titulares del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura en diferentes periodos, incluidos Héctor Sánchez Sánchez, Joel Sánchez Roldán, Carlos Palafox Galeana, María Belinda Aguilar Díaz y Pedro Antonio Martínez Hernández.
Afirmó que ninguna de estas autoridades emitió un pronunciamiento respecto de las denuncias que presentó.
En caso de no acudir a las audiencias programadas, los imputados podrían ser sujetos a órdenes de comparecencia o aprehensión.
Respecto a José Martín Flores, Fernando Juárez Morales recordó que en 2022 organizaciones civiles y colectivos feministas solicitaron su destitución cuando se desempeñaba como Ministerio Público en Cuetzalan, al señalar presuntas irregularidades en investigaciones relacionadas con feminicidios.
En cuanto a José Alfredo Reyes, indicó que también ha sido señalado por presuntamente proteger al magistrado José Eduardo Téllez Espinoza, quien fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal en el marco de investigaciones relacionadas con presuntos adeudos millonarios.
Sobre José García, afirmó que existen señalamientos por presuntas irregularidades y diversas investigaciones en su contra, entre ellas una relacionada con la alteración de una escena del crimen.
Fernando Juárez Morales sostiene que el proceso que enfrenta actualmente representa un intento por esclarecer las presuntas irregularidades que derivaron en su encarcelamiento y determinar la responsabilidad de quienes participaron en su caso.
(JRLM)