Por desacato a mandato federal, en Chilac podrían enfrentar procesos legales

Representantes de los Ramales de San Gabriel Chilac, entre ellos el presidente del Comité Central del Agua, José Isidoro Rosales Romero, podrían enfrentar procesos legales e incluso penas de hasta 12 años de prisión por presunto desacato a una orden emitida por un juez federal.

Asimismo, el presidente municipal, Jorge Alberto Lezama Martínez, también podría ser sujeto a un procedimiento que derivaría en su destitución por incumplir el mandato judicial.

El abogado Tomás Calderón Alfaro informó que el pasado 19 de julio un juez federal ordenó restablecer el servicio de agua potable a las familias a las que les fue suspendido por haber rentado sus tierras a la empresa de invernaderos Colorado Ecoterra.

Explicó que el corte del suministro fue acordado en una asamblea comunitaria, donde inicialmente se impuso una multa de 50 mil pesos a los propietarios que arrendaron sus parcelas. Al negarse a cubrir la sanción, se determinó suspenderles el servicio de agua.

El litigante sostuvo que dicha medida vulnera la Constitución, tratados internacionales y el derecho humano al agua, por lo que, aunque San Gabriel Chilac sea una comunidad indígena que se rige por usos y costumbres, ese tipo de sanción no puede aplicarse, aun cuando haya sido aprobada por la mayoría de los integrantes de la asamblea.

Como parte de los juicios de amparo promovidos, indicó que en tres casos los jueces federales ya resolvieron a favor de las familias afectadas y ordenaron la reconexión inmediata del servicio.

Sin embargo, hasta el momento solo una de esas resoluciones ha sido cumplida. Se trata del Ramal 20, cuyo presidente, Juan Daniel Rodríguez Cortés, notificó al juzgado federal el cumplimiento de la suspensión mediante un documento fechado el 23 de julio. Pero, horas después el suministro volvió a ser suspendido, situación que, de confirmarse, podría constituir un nuevo desacato a la resolución judicial.

Calderón Alfaro agregó que el alcalde Jorge Alberto Lezama Martínez sostuvo un diálogo con las familias afectadas y les propuso cubrir únicamente 5 mil pesos de la multa de 50 mil, con la condición de que se hiciera constar que el pago había sido realizado por los propios afectados. Sin embargo, las familias rechazaron la propuesta al considerar que el acceso al agua es un derecho humano y no está sujeto a negociación.

Finalmente, el abogado advirtió que, de acreditarse el incumplimiento a las resoluciones federales, las autoridades responsables podrían enfrentar responsabilidades penales y administrativas, además de medidas como la separación del cargo de los servidores públicos involucrados.