En Izúcar de Matamoros, el poder se quitó la corbata y se sirvió un trago sobre los restos de la historia. El alcalde Eliseo Morales Rosales celebró su cumpleaños en la Casa Colorada, un recinto histórico rehabilitado con fondos públicos, que por una noche dejó de ser museo y Palacio Municipal para convertirse en salón de fiestas. Con banda, pastel y aduladores, el evento excluyó al pueblo, dejando en el aire una pregunta irónica: “¿Te invitaron a la pachanga?”. La decencia institucional quedó sepultada bajo el confeti.
La Casa Colorada, construida en el siglo XVIII y cedida como cuartel insurgente, es un símbolo de la memoria colectiva. Como decía Bobbio, la historia se construye con instituciones, no con festejos. Pero Morales Rosales, importado desde Tilapa, confunde lo público con lo privado, profanando un monumento con la misma desenvoltura con la que, en su nuevo cargo, perpetúa la opacidad.
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En los primeros seis meses de su mandato en Izúcar, no ha publicado un solo contrato con proveedores de bienes y servicios, incumpliendo la ley que lo obliga a transparentar estos acuerdos. Esta omisión, sumada a su historial en Tilapa, pinta un patrón de abuso y desprecio por la rendición de cuentas.
El desfalco silencioso en Tilapa
Cuando Morales Rosales fue presidente municipal de Tilapa, una auditoría de la ASE al ejercicio fiscal de 2018 reveló un probable daño a la hacienda pública de 39.7 millones de pesos. Este reportaje, destapa un rastro de negligencia o corrupción que sigue a Morales Rosales hasta Izúcar.
En Tilapa, la cuenta pública de 2018 dejó 1.26 millones de pesos sin justificar en Efectivo y Equivalentes, sin detalles de fuentes de financiamiento, cuentas bancarias ni comprobantes de reintegros a la Tesorería de la Federación. El control interno era inexistente: no había procedimientos para recaudar ingresos como predial o derechos por agua, ni protocolos para arqueos, custodia de documentos o seguimiento de anomalías.
Los ingresos fueron un caos. El predial reportó un faltante de 76,462.50 pesos, con estados de cuenta y CFDI ausentes o incongruentes. Derechos por agua (5,764 pesos), Registro Civil (60,425 pesos), formatos oficiales (45,750 pesos), espacios temporales (13,329.23 pesos), alumbrado público (48,648 pesos) y otros productos (110,905.24 pesos) carecieron de soportes, y algunos depósitos se hicieron en una cuenta sospechosa abierta en 2018.
Los egresos sumaron 725,670 pesos injustificados: 18,500 en materiales sin requisiciones, 438,589.14 en sueldos sin actas válidas, 95,447.85 en combustibles y 4,890 en refacciones sin inventarios, y 168,343.50 en ayudas sociales sin evidencia. En obra pública, proyectos como el pozo “La Joya” (1.88 millones) y los alcantarillados de Agua Dulce (1.15 millones) y Cuexpala (1.19 millones), financiados por el FISM, carecieron de permisos, planos y dictámenes de licitación.
La transparencia fue nula: los reportes de subsidios omitieron RFC y periodicidad trimestral, y las cuentas bancarias carecieron de sellos. La entrega-recepción de 2014-2018 dejó un daño de 38.2 millones por falta de planes, inventarios, contratos y cédulas, además de adeudos de 1.6 millones al SAT y 800,000 a CONAGUA.
Las mismas mañas en Izúcar
En Izúcar, Morales Rosales repite el guion. Durante los primeros seis meses de su mandato, no ha publicado ningún contrato con proveedores de bienes y servicios, a pesar de que la ley lo obliga. Esta opacidad impide conocer el destino de los recursos públicos, los beneficiarios de los contratos y las condiciones de adjudicación. Es un eco de Tilapa, donde la falta de documentación fue la norma. La fiesta en la Casa Colorada no es solo un exceso: es el reflejo de una mentalidad que ve lo público como botín personal, ya sea en un salón de fiestas o en contratos ocultos.
El baile de la impunidad
El desfalco en Tilapa —39.7 millones— y la opacidad en Izúcar dibujan un patrón claro. Como diría Bukowski, este país no se cae a pedazos: se emborracha con ellos. La Auditoría Superior recomendó a Tilapa establecer controles, completar expedientes y cumplir con la transparencia, pero Morales Rosales parece inmune a las lecciones. En Izúcar, su negativa a publicar contratos sugiere que las “mañas” de Tilapa no son cosa del pasado.
Izúcar y Tilapa merecen más que ediles que bailen sobre el erario. Necesitan ciudadanos que defiendan su historia y recursos. Porque cuando la memoria se vuelve utilería y el dinero público confeti, nos quedamos con un país sin pasado, gobernado por gente sin rostro, pero con pastel.
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