La presidenta Claudia Sheinbaum condenó tibiamente los ataques de Estados Unidos contra Irán a través de la denominada operación “Furia Ética”, registrados durante el fin de semana, así como la escalada del conflicto en Oriente Próximo. La mandataria fue, convenientemente, más crítica contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —el punching bag de moda— que contra los responsables de las agresiones que incluye a Israel y colocan en vilo, una vez más, el equilibrio y la estabilidad mundiales.
“La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser”, declaró el pasado lunes en su conferencia matutina. Una afirmación francamente desconcertante y perjudicial para el país y para ella misma.
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Hizo también un llamado a la solución pacífica del conflicto y a respetar la autodeterminación de los pueblos, un llamado a misa que emplea recurrentemente y que considera siempre vigente, —una especie de rómpase en caso de incendio— sin advertir que con ello se lastima aún más al multilateralismo y de paso, a nuestra propia nación.
No es la primera vez que Sheinbaum lanza un dardo contra este organismo internacional. Criticó a la ONU por no actuar en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Maduro: “Estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza y no puede ser. Tiene que recuperarse el papel, pues, de la política diplomática multilateral. Es triste, por decir lo menos, lo que ocurre”, subrayó en esa coyuntura.
La política exterior de México ha estado históricamente asociada a principios claros: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias, elevados a rango constitucional y que, en su origen, tuvieron una dedicatoria particular y defensiva frente a Estados Unidos. Desde la Doctrina Estrada hasta su participación activa en foros multilaterales, el país construyó una reputación mundial de prudencia diplomática y respeto formal al derecho internacional que elevó su prestigio durante décadas.
Sin embargo, bajo la presidencia de Sheinbaum, el discurso oficial frente a los conflictos internacionales recientes parece transitar por una línea más ambigua y ambivalente. Se invoca a la ONU cuando resulta útil para respaldar la postura de su gobierno, pero se le descalifica abiertamente cuando no actúa conforme a sus expectativas y a las de su antecesor, quien dislocó —cual Tren Interoceánico— todo el andamiaje construido con sapiencia por políticos y diplomáticos mexicanos que hoy se necesitan y se extrañan más que nunca.
Esta dualidad, esta incongruencia, no es simplemente artificio retórico. Tiene implicaciones reales y concretas para la credibilidad internacional de México y para la fortaleza del propio sistema multilateral que el país dice defender, aunque lo ataque cuando no encuentra otra salida para evitar incordiarse con su vecino del norte.
¿Cómo entregar un trofeo del tamaño del abatimiento de “El Mencho” con el que se busca mantener contento —por el mayor tiempo posible, si ello es factible— a Donald Trump, y, a los pocos días, contrariarlo denunciando la embestida militar en Irán que violó flagrantemente el derecho internacional? Pragmáticamente, la postura del gobierno mexicano puede entenderse —no podría darse un balazo en el propio pie—, pero no deja de representar un fuerte golpe asestado al multilateralismo y al corazón mismo de la ONU.
La declaración presidencial constituye una descalificación directa y severa a la capacidad funcional del organismo. Si la ONU “dejó de cumplir su labor”, la implicación es clara: el sistema multilateral ha fracasado.
Aquí emerge la contradicción central: ¿es la ONU el árbitro indispensable del orden internacional o una institución inoperante, superada por la lógica de la fuerza? Ambas cosas no pueden sostenerse simultáneamente sin generar, al menos, una evidente distorsión discursiva. Más aún, resulta contradictorio valorar el trabajo de la ONU y, al mismo tiempo, participar como observador en la Junta de Paz instaurada por Washington, que, frente al conflicto, por cierto, ha mantenido un silencio elocuente y resonante.
Criticar a la ONU es válido y legítimo, especialmente ante su parálisis frente a conflictos armados recientes, señalada por numerosos expertos internacionales. Su papel y estructura requieren una reformulación urgente. Pero una cosa es impulsar su reforma y otra muy distinta es debilitarla políticamente.
El problema surge cuando el cuestionamiento se articula de manera selectiva y discrecional: se le exige eficacia cuando respalda la narrativa propia, pero se le desautoriza cuando no logra resultados inmediatos o cuando su estructura —como el veto en el Consejo de Seguridad— limita su capacidad de acción.
México ha pretendido históricamente posicionarse como mediador regional y como voz moderada en foros internacionales. Sin embargo, la capacidad de mediación depende de la confianza en la consistencia del mediador. Si el país adapta su discurso institucional a cada coyuntura, su influencia moral se reduce proporcionalmente.
Existe, además, una consecuencia más profunda y estructural. Las instituciones internacionales no funcionan únicamente por normas formales, sino por legitimidad política. Cuando un Estado relevante en América Latina afirma públicamente que la ONU “dejó de cumplir su labor”, contribuye —voluntaria o involuntariamente— a reforzar narrativas globales que presentan al organismo como obsoleto o irrelevante.
Paradójicamente, ello favorece a las potencias que prefieren actuar unilateralmente. Si la ONU es percibida como incapaz de cumplir su mandato, las acciones fuera de su marco resultan más fáciles de justificar ante la opinión pública internacional.
México, que históricamente ha necesitado del multilateralismo como mecanismo de equilibrio frente a asimetrías de poder, tiene más que perder en un sistema debilitado por sus propios miembros. Cuestionar la eficacia de la ONU sin acompañar esa crítica de propuestas concretas de reforma contribuye a la erosión del mismo orden jurídico que protege a países de poder medio como el nuestro.
En otras palabras, el uso instrumental del organismo no solo debilita la posición mexicana, sino que alimenta la fragmentación del sistema internacional, justo en el momento en que más se necesita cohesión.
La política exterior no se mide únicamente por la intención declarada, sino por la coherencia entre principios y práctica. Al alternar entre invocar a la ONU como árbitro indispensable y descalificarla como institución ineficaz, el gobierno mexicano corre el riesgo de debilitar su propia posición internacional.
Si la diplomacia mexicana continúa transitando entre la reivindicación y la descalificación del principal organismo multilateral del planeta, la consecuencia puede ser doble: una pérdida de credibilidad política para México y una contribución al desgaste de la arquitectura internacional que históricamente ha protegido sus intereses.
Cuesta, por tanto, entender que México le aseste un derechazo al hígado al réferi, mientras invoca, al unísono, el respeto a las reglas: una suerte de esquizofrenia diplomática en la que seguimos inmersos.