Como si se tratara de una pelea de box profesional, lo difundido el día de ayer por el gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de haber presentado una acusación formal en contra del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y nueve servidores y exservidores públicos de dicha entidad federativa ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de conspiración para introducir diversas cantidades de droga hacia los Estados Unidos en colaboración con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, representa uno de los primeros rounds de por lo menos doce.
Lo anterior en virtud de que previo al anuncio el Departamento de Justicia de dicho país ya había entregado a la cancillería mexicana una solicitud de detención con fines de extradición en contra de Rocha Moya, la cual ayer mismo fue rechazada por la Fiscalía General de la República a través de Ulises Lara argumentando que no estuvo acompañada de “elementos probatorios suficientes”, aunque se comprometió a abrir una Carpeta de Investigación como paso previo para obtener una orden de aprehensión en su contra.
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Pero mientras el mandamiento judicial llega, es obvio que el gobierno de México va a proteger a las autoridades locales de Sinaloa, primero porque son emanadas del mismo partido político y segundo porque según las leyes mexicanas y el Tratado de Extradición con Estados Unidos, detenerlo y enviarlo a dicho país no va a suceder de la noche a la mañana, con mayor razón tratándose de un gobernador en funciones.
Sin embargo, se le olvida que los Estados Unidos cuentan con otros mecanismos de presión que pondrán en marcha si no progresa la extradición y no tienen que ver con cuestiones penales sino económicas, particularmente aranceles.
Pasa inadvertido que enfrente tiene a uno de los negociadores más agresivos, disruptivos e impredecibles que existen en el mundo y que en cualquier momento impone un arancel que podría dejar a la economía del país al borde de la inanición, una especie de sitio moderno que impediría a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum cumplir con sus metas en materia económica, social y de infraestructura, por citar algunos rubros que seguramente saldrán a relucir en los próximos días.
También se les olvida que el líder histórico del Cártel de Sinaloa y dos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera (a) “El Chapo” se encuentran en manos de la justicia estadounidense y ya declararon, y que probablemente lo hicieron en contra de varios funcionarios públicos, entre quienes podrían estar los ahora señalados y cuya cifra asciende a por lo menos diez personas en total.
En la misma tesitura se encuentran los 92 presuntos delincuentes entregados recientemente por el gobierno de México que la Presidenta de la República endilgó al Gabinete de Seguridad para no asumir ninguna responsabilidad y evitar correr riesgo alguno, sin que ellos pudieran acceder a los beneficios que otorga la ley y que hoy reclaman para el gobernador de Sinaloa y demás funcionarios estatales y municipales.
Otro mecanismo del cual podría echar mano el gobierno de los Estados Unidos en caso de no progresar la extradición y las instancias de negociación, es el referente a la condición del Cártel de Sinaloa como grupo terrorista y proceder a bloquear cuentas, confiscar bienes de los personajes señalados en la acusación, algunos de los cuales ya deben contar con orden de detención con fines de extradición.
No puede pasar por alto que las pruebas con que fueron acusados y sentenciados exfuncionarios de administraciones pasadas son las mismas que las presentadas el día de ayer ante la Fiscalía General de la República, pero el color con que se miran marca la diferencia.
Total que esta pelea apenas comienza y será mejor escoger el sillón más mullido y meter las palomitas al horno de microondas, porque su desenlace va para largo.
Un dato curioso a propósito del caso Rocha Moya es que durante los últimos sexenios, el segundo año de gobierno siempre se han registrado hechos adversos para los presidentes en turno, los cuales los marcaron para los años subsecuentes: en el caso de Felipe Calderón fue la muerte del entonces Secretario de Gobernación cuando el avión en que viajaba procedente de San Luis Potosí se accidentó en las inmediaciones de Los Pinos; en el caso de Enrique Peña Nieto fue la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero; en el caso de Andrés Manuel López Obrador lo fue la Pandemia del Covid-19 y en el caso de Claudia Sheinbaum el asunto que hoy nos ocupa y que se ha convertido en la primera acusación por narcotráfico por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de un gobernador en funciones, peor aún ya que es emanado del partido en el gobierno.
Con este tema de alto impacto mediático, los cambios en el partido político en el que de facto milita la presidenta de la República, así como en el gabinete federal pasan a un segundo término y solo revivirán en el 2027, cuando tengan lugar las elecciones intermedias, en las que estarán en riesgo la mayoría calificada y sin duda la gubernatura de Sinaloa.