La visita del secretario de Seguridad de los Estados Unidos Markwayne Mullin a Palacio Nacional el pasado 21 de mayo para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad a fin de tratar temas de cooperación fronteriza y narcotráfico se llevó a cabo días después de la guerra de declaraciones del gobierno mexicano que ha expresado su negativa para detener al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y nueve exfuncionarios y funcionarios de su gobierno.
El argumento es que no había pruebas que acreditaran su culpabilidad en los delitos que se le imputan por la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos, incluso se preveía que iba a darse en forma ríspida por la postura asumida por la presidenta; sin embargo, después de la reunión con Mullin, el Secretario elogió al gobierno mexicano y destacó el nivel de cooperación y el respeto a la soberanía de México.
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La presidenta Claudia Sheinbaum celebró al día siguiente en su conferencia del pueblo este reconocimiento oficial señalando que ambos países colaboran “como nunca”; sin mencionar al expresidente López Obrador que durante su gobierno impulsó la política de “abrazos, no balazos” que empoderó a los carteles del narcotráfico y les permitió hacer crecer su dominio en más de la tercera parte del país, debido a las alianzas y pactos con los líderes de los grupos criminales, a cambio de apoyar las campañas políticas de presidentes municipales, gobernadores y legisladores federales, postulados por Morena y sus partidos aliados.
Sin embargo, aunque la declaración del secretario Mullin y de la Presidenta fue en el sentido de que fue una reunión cordial y de cooperación para seguir combatiendo a los cárteles que siguen operando en México y enviando drogas a los Estados Unidos, respetando la soberanía de México, está claro que la presión del vecino del norte para que la presidenta lleve a cabo la detención y posterior extradición de Rocha Moya y coacusados para ser juzgados en los Estados Unidos, no cesa y por el contrario fuentes extraoficiales habrían dado a conocer que el Secretario entregó a la presidenta una lista de otros gobernadores y funcionarios de gobiernos morenistas que también están siendo investigados a los que incluso ya se les han retirado sus visas y que próximamente se estaría solicitando también su detención.
La respuesta de la presidenta, no se hizo esperar y al día siguiente convocó a la ciudadanía a celebrar el segundo aniversario de su triunfo electoral del segundo piso de la 4T para el domingo 31 de mayo en la ciudad de México y en 31 plazas de los estados del país mediante una conexión simultánea, con el pretexto de rendir cuentas al pueblo.
Aunque oficialmente la convocatoria no señaló en forma expresa que se trataba de un Informe de actividades, sino más bien de un acto de celebración y de rendición de cuentas de lo realizado en este segundo año de su gestión; es evidente que se trató de un acto partidista del oficialismo, es decir, de Morena y sus partidos aliados PT y PVEM en el que bajo presión, amenazas y acarreo masivo de ciudadanos se les obligó a asistir al evento para respaldar a la presidenta, violentando lo establecido en los artículos 69 y 134 párrafo noveno de la Constitución General de la República, que a la letra dicen:
Artículo 69. “En la apertura de sesiones Ordinarias del Primer período de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país…”
Artículo 134 … “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”
Aunque la Presidenta convocó al pueblo, es evidente que se trató de un evento partidista donde asistieron los funcionarios principales de su gobierno, gobernadores, líderes de su partido y de sus aliados, así como legisladores y seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sin tomar en cuenta la “división de poderes y la independencia judicial” no tuvieron empacho a hacer presencia en un evento de propaganda política que para muchos analistas, marcó el inicio de las campañas del oficialismo al proceso electoral de 2027 violando las reglas electorales al llevar a cabo actos adelantados de campaña política, además con el uso de recursos públicos destinados al evento por el gobierno federal y de los estados en las concentraciones.
El discurso de la presidenta deja clara su postura de hacer una defensa férrea contra el gobierno de los Estados Unidos ante las presiones de los últimos meses declarando: “México no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano”.
La concentración se convocó bajo el lema “La patria, no se vende” en momentos críticos y de tensión en la relación de México y Estados Unidos y en pleno proceso de revisión del T-MEC.
La presidenta en ningún momento ha aceptado detener al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cazarez y a otros seis acusados, a pesar de que ya otros dos más como Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas y Administración y el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del estado ya se han entregado voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.
Incluso en una parte de su discurso, señaló: “Hoy vienen por unos, mañana vendrán por otros” dejando claro de que ya contaba con información de que existen otras acusaciones contra gobernadores y funcionarios morenistas por parte de Estados Unidos.
La defensa de la presidenta a favor de los funcionarios acusados, bajo el argumento de que se atenta contra la soberanía de nuestro país y de que la ultraderecha de Estados Unidos en complicidad con la derecha mexicana, pretenden atacar al movimiento de la 4T y tener injerencia en las elecciones de 2027 y después en las de 2030, fue uno de los ejes centrales de su discurso.
El diario Los Ángeles Times reveló en días pasados que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores Alfonso Durazo de Sonora por nexos con el crimen organizado y Américo Villareal de Tamaulipas por huachicol fiscal y que ya les fueron retiradas sus visas para ingresar a Estados Unidos y que hay más investigaciones en curso contra más funcionarios.
Así se viene cerrando el círculo y cada vez más se acerca al expresidente López Obrador, que sin duda alguna solapó a los hoy acusados.