Jueves, 21 De Mayo De 2026 | Puebla

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Chalchihuapan, entre el dolor, la indignación y el alivio de los heridos

En asamblea se informa a los habitantes de los 4 procesados, los heridos y que la defensa será larga

Chalchihuapan, entre el dolor, la indignación y el alivio de los heridos

Foto Agencia Enfoque

San Bernardino Chalchihuapan, Pue.- El dolor se combina con la indignación y se convierte en rabia en esta junta auxiliar del municipio de Santa Clara Ocoyucan, en donde se alista la estrategia para la defensa jurídica de los cuatro procesados, luego del enfrentamiento del miércoles pasado contra la policía del gobierno estatal; aquí los habitantes tienen esperanza y están a la espera de que mejoren los lesionados, el más grave, el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien “está en coma”, tras recibir en el parietal izquierdo el impacto de una bala de goma.

Está a punto de comenzar la asamblea, este sábado, en la que se informará del estado crítico de varios de los heridos, muchos de ellos se encuentran en nosocomios privados y su ubicación no ha sido ni será revelada por precaución, para evitar que puedan llevárselos los agentes de seguridad de la administración estatal.

Además del niño de 13 años de edad, cuyo caso ha causado estupor en redes sociales, hay un joven de 21 años del que poco se ha hablado y quien también recibió –aseguran los pobladores– un proyectil en la cabeza y se encuentra en estado grave: Vicente Tecalero Jiménez “está en terapia intensiva con traumatismo craneoencefálico”; aquel aciago miércoles, salía del bachillerato cuando comenzó la batalla.

Este lunes, será dado a conocer otro testimonio, con imágenes, de un habitante que resultó con un grave daño en una de las manos.

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Los primeros en llegar a la plaza principal de esta junta auxiliar, conocida por el comercio de jarcería y su actividad agrícola, reciben la información de que este sábado en la noche operaron a Martín Romero Montes, la persona que aparece con la mandíbula destrozada por una bala de goma. Con placas reconstruirán el hueso y los dientes, músculos y lengua, rotos también por el impacto del proyectil, esperarán para otra intervención.

Varios de los familiares aguardan la llegada de aquellos que vienen de Puebla: de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), para informar de los detenidos en el Penal de Cholula y que fueron consignados por 10 delitos, entre ellos tentativa de homicidio. Esta misma semana serán trasladados –luego se informó– al Penal de San Miguel; y otra comitiva que arriba desde los hospitales, para conocer el estado de salud de los lesionados.

Ahí, entre ellos, está Guadalupe –con toda intención los dos reporteros que están no le piden su apellido:

“El pueblo está molesto, está dolido, está lastimado físicamente. Lo que nosotros queremos es que respeten nuestro derecho a manifestarnos. Lo estábamos haciendo pacíficamente. Nosotros sólo buscamos el respeto a nuestros derechos, el respeto a la ciudadanía, a los niños, el respeto a la vida de nuestra gente –dice y tiene que hacer una pausa para tragar saliva y contener las lágrimas, para evitar quebrarse.

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“El derecho al Registro Civil, a todos los servicios que como ciudadanos merecemos y tenemos –vuelve a hacer la pausa y ahora sí las lágrimas le ruedan–… Estoy muy molesta, muy enojada, muy indignada con este tipo de gobierno que estamos teniendo”.

Así trascurre la tarde de este sábado en este poblado que vive divido entre los integrantes del Movimiento Antorchista (MA) –que gobernó la presidencia auxiliar el periodo pasado–, casi la mitad del pueblo, la otra mitad que los rechaza y es integrante del movimiento Los de Abajo –y que hoy ostenta la representación política–, mientras hay un sector minoritario que con reserva ve las actividades de unos y otros.

“Ya no quiere que exístamos”

Hace más de tres años el hoy gobernador Rafael Moreno Valle Rosas llegó aquí a pedir el voto. Su mitin fue en el campo deportivo. La familia Tehuatlie Tamayo acudió emocionada a verlo y luego lo respaldó con su sufragio. “Por eso duele más lo que estamos viviendo”.

Es la narración de varias de las tías de José Luis, quien recibió una bala de goma que lo mantiene en terapia intensiva en el Hospital General del Sur.

Apenas llegan los reporteros, se hace patente el rechazo a los forasteros. “¿Quieren saber cómo vivimos? Humildemente, ¿qué no ven? Nada más sacan mentiras y dicen lo que quieren, lo que el gobierno les dice que digan”, reprochan cuando se les plantea la posibilidad de un reportaje sobre el pequeño de 13 años y su familia.

Efectivamente, son dos casas muy humildes, paupérrimas, casi juntas, apenas separadas por un camino más que de tierra, de lodo. Una es la de José Luis, su madre y sus otros cuatro hermanos. La otra de su abuela y sus tías.

Varias son las mujeres que salen y al lado de ellas dos hombres. Uno de ellos es Marco, quien lleva la voz cantante y el rechazo más patente a dar datos sobre su sobrino. Además, dice, nada saben porque por falta de recursos no han podido trasladarse a Puebla al hospital, a acompañar a Elia Tamayo, madre del menor.

Todos son jornaleros sin tierras propias y se contratan por cien pesos al día, pero no siempre hay trabajo. Los niños, como en el caso de José Luis, de 13 años de edad, los ayudan, “pero a ellos no les pagan nada; nomás nos ayudan”.

Hay mucha rabia y dolor en ellos. Se deja sentir en sus reproches. En lo que cabe son prudentes; no agreden. Lo que más “duele”, agregan, además de las lesiones que mantienen al menos en estado crítico, son las mentiras de que el gobierno nos está “ayudando”.

“Salió en el periódico. Lo andan diciendo los periódicos”, acusan y una pequeña sale corriendo hacia la casa. Regresa con un diario en el que, entrecomillada, está una declaración del vocero gubernamental y un boletín de la PGJ, en el que se asegura que se dará “todo el apoyo a la familia”. Ellos no entienden que eso no lo dice el periódico, para ellos esa es la voz de los periodistas que firman la nota. Del apoyo, nada, ni para ir al hospital a saber de José Luis.

Aseguran que no es un exceso la defensa que hacen para que el registro Civil permanezca bajo la potestad de la Presidencia Auxiliar y en su comunidad, pues no tienen recursos para trasladarse hasta la cabecera municipal, a unos 40 minutos, pues implica no sólo su traslado, sino también el de testigos, para muchos trámites, y la alimentación. Consideran que es su derecho tener este servicio del Estado cerca de sus domicilios.

“Moreno Valle ya no quiere que exístamos” (sic), dice una de las cuñadas de Elia Tamayo, cuando explica que con el Registro Civil en la cabecera municipal, simplemente ya no podrán obtener papeles, ni siquiera un acta de nacimiento para los varios niños que durante la conversación informal juguetean alrededor de los adultos de la familia Tehuatlie Tamayo.

El arsenal del gobierno

En la explanada principal, mientras se reúnen para la asamblea informativa de la que se ha estado avisando con perifoneo, se verifica la identidad de los reporteros. Aquí al fuereño se le ve con recelo, pero no hay agresiones.

Antes de que comience la reunión, los pobladores repasan los hechos del pasado miércoles 9 de julio. Aseguran que no hubo ninguna invitación al diálogo. Que “el comandante” que venía al frente de los granaderos del gobierno estatal sólo les dio cinco minutos para retirarse de la autopista Puebla-Atlixco, pero que ni tres minutos habían pasado cuando los efectivos comenzaron a avanzar y a agredirlos.

El gobierno del estado ha rechazado esa versión, por conducto de su vocero Fernando Alberto Crisanto, al asegurar que las negociaciones con los inconformes no duraron minutos sino horas.

Los pobladores aseguran que hubo gases lacrimógenos, balas de goma y una especie de proyectiles, en forma de “torpedos” que, dicen, fueron lanzados desde un helicóptero, y que al chocar contra el piso salpicaban “un ácido que quemaba la piel”.

De todo ello recogieron muestras, las que servirán como prueba en la denuncia que la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo, presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que sesionará el próximo miércoles en la sede del Senado en la ciudad de México.

Los lesionados, se informa en la asamblea, son –entre otros– José Luis Tehuatlie Tamayo, el niño de 13 años; Vicente Tecalero Jiménez, el joven de 21 años; Martín Romero Montes, de 65 años, a quien habrá que reconstruirle prácticamente toda la cara; Hugo Jiménez Varela, de 26 años, con la pérdida, casi confirmada ya, del ojo izquierdo.

Comienza la asamblea con varios alcaldes auxiliares que han llegado de municipios de la Mixteca, la Sierra Norte, las Cholulas, y de Puebla, San Juan Amecac, San Nicolás de los Ranchos. Anuncian que hay más, que ya no pudieron llegar, pero que están en solidaridad y apoyo a los habitantes de esta junta de Santa Clara Ocoyucan.

Se informa que bajo el proceso 319/2014, en el juzgado penal de San Pedro Cholula, fueron consignados Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras.

Los delitos son motín, ataques a las vías de comunicación, inseguridad de los medios de transporte, contra las autoridades en su modalidad de desobediencia, resistencia de particulares, delitos contra funcionarios públicos, privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso.

Se acusa a las autoridades estatales de hostigar a los detenidos para que inculpen al presidente auxiliar, Javier Montes, de haber sido quien encabezó la revuelta que el pasado miércoles dejó más de 70 heridos y cinco detenidos.

También se describe que más de 20 policías han presentado su declaración. Siempre la misma y llena de inverosimilitudes. Por ejemplo: resulta que saben de memoria el nombre y apellidos de todos sus “agresores”.

En el colmo, se ha culpado –se informa– a Santiago Pérez Tamayo de haber cargado a un policía, que tenía puesto su equipo antimotines completo, y haberlo tirado a más de 10 metros de distancia. El asunto es que Pérez Tamayo tiene 72 años.

En la asamblea informativa, al lado del alcalde auxiliar, Javier Montes, están la diputada perredista Roxana Luna, y también su hermano y dirigente del movimiento Los de Abajo en esa zona del estado, Vladimir, quien coordina la defensa de los procesados.

La gente escucha atenta y a pesar de la lluvia fría y pertinaz que cae por varios minutos no se dispersa. El proceso será largo, se les advierte.

Son dos los resortes que hoy mueven a la población: la indignación y la esperanza.