Seguro contra desastres, obligatorio para viviendas, propone PRD

Los sismos de septiembre de 2017 dejaron en el país más de 150 mil viviendas afectadas y su reconstrucción requiere alrededor de 41 mil millones de pesos, destacaron legisladores del PRD que propusieron crear un seguro obligatorio para viviendas contra desastres naturales.

En ese sentido, los diputados Cecilia Soto González, Rafael Hernández Soriano, José Guadalupe Hernández Alcalá y Olga Catalán Padilla, propusieron que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a los congresos locales a legislar en torno a un seguro contra desastres obligatorio para todo propietario de viviendas urbanas.

Recordaron que México es un país expuesto a diferentes fenómenos naturales generadores de desastres, sobre todo hidrometeorológicos y por sismos.

Datos del Sistema Nacional de Protección Civil revelan que el costo económico por los desastres naturales registrados en el país durante el periodo 2000-2014, suman un total de 33 mil 287.4 millones de dólares.

Tan sólo los sismos de septiembre de 2017 dejaron miles de viviendas catalogadas como pérdida total: 33 mil de ellas en Oaxaca, 16 mil 803 en Chiapas, 3 mil 319 en Puebla, 2 mil 273 en la Ciudad de México, mil 695 en el Estado de México y 349 en Morelos.

Destacaron que en materia de desastres, en México se privilegia la política de recuperación y no la de prevención, a pesar de que prevenir resulta siete veces más barato que remediar.

“México puede contar con la certeza de que eventos catastróficos se presentarán, sea en la forma de tormentas tropicales, lluvias que provocan inundaciones, deslaves de laderas, o sismos de gran intensidad... Pese a ello el porcentaje de inmuebles asegurados contra daños ocasionados por un desastre es bajísimo”, dijeron.

Por lo que insistieron en la necesidad de que todas las entidades del país cuenten con un seguro obligatorio contra catástrofes, como un instrumento de política pública asociado al impuesto predial.

Y en el que las compañías aseguradoras participen bajo un esquema de política pública, con la modalidad de asociación público-privada.