México no mostró evidencia de avances en favor de las mujeres: CEDAW

México fue reprobado durante su audiencia ante la CEDAW-ONU por los altos índices de feminicidios, la violencia contra las mujeres, la militarización, las fallas en el acceso a la justicia y la falta de autonomía institucional. Además, las Alertas de Violencia de Género permanecen en el abandono, denunciaron el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT).

Las organizaciones que, previo a la audiencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Ginebra, Suiza, alertaron un profundo rezago en las políticas para garantizar la vida y seguridad de mujeres y niñas. Aunque en el país existen 26 declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 23 estados, en entidades como Veracruz, Puebla y Nuevo León no se ha dado seguimiento oportuno a los reportes de desaparición de mujeres, adolescentes y niñas: los grupos de trabajo no han sesionado y permanecen pendientes varios informes por evaluar.

“¿Es tiempo de mujeres?”, fue la consigna con la que se difundió el posicionamiento de las organizaciones en el que la CEDAW dictaminó que México no logró acreditar avances significativos para la vida de las mujeres y niñas mexicanas. Y mostró su preocupación ante la incapacidad del Estado para presentar evidencia verificable de avances reales en materia de justicia, participación económica, política y eliminación de la discriminación hacia ellas.

En el transcurso del día, organizaciones en Puebla se sumaron a las voces de reproche “Realmente hubo un retroceso en las políticas de igualdad, así como prevención y atención de las violencias de género. Hubo también una actitud de menosprecio hacia los grupos feministas que durante años reflexionamos, nos capacitamos e implementamos diversas estrategias por y para las mujeres. Este es el resultado”, mencionó Susana Mejía, feminista activista que radica en Cuetzalan promoviendo los derechos de las mujeres.

El 17 y 18 de junio, el Estado mexicano fue evaluado por décima ocasión CEDAW en Ginebra, Suiza. Las organizaciones OCNF y la Red TDT difundió un posicionamiento en el que lamentó que la representación oficial mexicana haya recurrido a evasiones, datos parciales y narrativas triunfalistas, mientras las violencias contra las mujeres persisten y se agravan en el país.

“A pesar de que el Estado afirmó que los feminicidios disminuyeron, las cifras oficiales cuentan otra historia: en los últimos seis años, no se ha logrado una disminución efectiva. En promedio, cada día son asesinadas 10 mujeres en México. De estos crímenes, sólo el 25 por ciento se investigan como feminicidio, y en estados como Guerrero o Guanajuato, esta cifra es menor al 10 por ciento.

“Negar la gravedad de la violencia feminicida no la erradica: la invisibiliza y revictimiza a quienes han perdido la vida y a sus familias”, aduce en un comunicado.

Informó que el Comité también señaló la falta de datos estadísticos claros y actualizados, lo que impide evaluar si las políticas públicas realmente han beneficiado a las mexicanas. También lamentó el debilitamiento de instituciones clave como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPREDI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), además de la militarización que vulnera de forma particular a mujeres indígenas, migrantes y afrodescendientes.

Señaló que uno de los retrocesos más alarmantes es el desmantelamiento de la CONAVIM, que pone en riesgo la continuidad del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y viola el principio de progresividad en materia de derechos humanos.

Explicó que durante la audiencia, la delegación mexicana evitó responder preguntas clave del Comité, entre ellas, el cumplimiento de los artículos 8 al 16 de la Convención, que abarcan temas como salud, trabajo, educación, justicia y condiciones jurídicas en el ámbito familiar. La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, se limitó a resaltar la narrativa oficial del “Tiempo de Mujeres” sin aportar datos concretos que acrediten los supuestos avances.

“El Estado también presumió el Mecanismo de Protección a Defensoras y Periodistas, pero sus cifras muestran su ineficacia: sólo mil 472 de 2 mil 128 solicitudes fueron aceptadas y las medidas otorgadas siguen siendo reactivas y limitadas. Entre 2018 y 2024, 39 defensoras fueron asesinadas —principalmente indígenas y cuidadoras comunitarias— y 4 periodistas fueron privadas de la vida.

“En materia de aborto y salud sexual y reproductiva, el Estado omitió obstáculos reales: la falta de personal capacitado, la objeción de conciencia sin regulación, y la criminalización persistente en al menos 8 estados. En tres meses de 2025, se abrieron 218 carpetas de investigación por aborto, incluso en entidades donde ya está despenalizado.

“El Programa Nacional contra la Trata de Personas fue mencionado como una “columna vertebral” ante esta problemática, pero el Programa 2022-2024 no tuvo presupuesto, por lo cual demandamos que el nuevo programa tenga un presupuesto específico para su mejor implementación.

“Nos preocupa que la Ley General en materia de trata no sea reformada debido a que los elementos del tipo penal de los delitos descritos en la misma permiten la impunidad, como lo ha referido Mario Uribe Olvera, abogado penalista y profesor de la Universidad Panamericana” sostuvieron.

El Estado mexicano nos quedó a deber

En la narrativa de las organizaciones, la comparecencia concluyó sin que el Comité pudiera cerrar su evaluación. “México deberá entregar por escrito las respuestas que evadió, como muestra del déficit de rendición de cuentas que enfrenta nuestro país en materia de derechos de las mujeres

“Desde el OCNF y la Red TDT reiteramos que el Estado mexicano no logró acreditar avances reales ni sustantivos. No hay “tiempo de mujeres” mientras no se garantice el derecho a la vida, la justicia y la igualdad. No hay avances si seguimos contando a nuestras muertas. Como organizaciones comprometidas con los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, exigimos:

• Que el Estado mexicano responda de manera puntual y verificable a los cuestionamientos de la CEDAW.
• La reinstalación de CONAVIM o la creación de un órgano con igual o mayor capacidad técnica y presupuestaria.
• La homologación de los códigos penales estatales, así como la aprobación de un Código Penal Único con perspectiva de género.
• La transformación del mecanismo de protección para defensoras y periodistas, dotándolo de una estructura sólida, especializada y con enfoque interseccional.
• Que se garantice el acceso real y efectivo al aborto legal y seguro, con servicios accesibles, personal capacitado y sin criminalización.
• Que se reconozcan y respeten los derechos de las madres buscadoras, defensoras indígenas, comunitarias y periodistas, y que ninguna más tenga que elegir entre su lucha y su vida.
• Que se doten de recursos suficientes a los refugios existentes que atienden a mujeres y niñas víctimas de trata y la creación de nuevos refugios especializados para atender a todas las víctimas que necesiten dicha atención.
• Que el nuevo Programa en materia de trata de personas 2025- 2030 incluya los contenidos sugeridos por la sociedad civil que han trabajado durante varias décadas en la prevención y atención de este problema, además, que todas las entidades federativas desde sus comisiones interinstitucionales implementen su programa desde su realidad local, contemplando los tres ejes principales: la prevención, atención integral, investigación y judicialización e integren los fondos para la reparación integral del daño a las víctimas. (PSR)