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José Darío Salvador habría cobrado hasta 80 mil pesos por documentos sin validez legal; Tribunal Agrario anuló su elección
Foto: Cortesía (Ilustrativa)
En la junta auxiliar San Salvador Chachapa, perteneciente al municipio de Amozoc, ejidatarios denunciaron a José Darío Salvador López Sánchez, quien presuntamente ostentó de manera ilegal el cargo de comisariado ejidal entre 2022 y 2025.

Durante la gestión de Salvador Sánchez, se habrían expedido más de mil 500 minutas sin validez legal, con cobros que alcanzaron los 80 mil pesos por documento.
De acuerdo con una denuncia anónima a e-consulta, el Tribunal Unitario Agrario emitió en agosto de 2025 una sentencia que declaró nula la asamblea celebrada el 17 de junio de 2022, en la cual se eligió a Salvador Sánchez como comisariado ejidal.
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La resolución señaló que no se publicaron las convocatorias para elegir al comisariado ejidal conforme a la ley, ni se acreditó la autenticidad de los ejidatarios, quienes integraban el consejo de vigilancia.
En la denuncia también se mencionaron a José Leocadio Francisco Gomena y María de los Ángeles Rojas Martínez, quienes actualmente forman parte de dicho consejo y habrían estado coludidos con José Darío Salvador.

Minutas sin validez jurídica, vendidas hasta en 80 mil pesos
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Los demandantes, José Roberto Gordián Ramos, Pedro Sánchez Romero y María Gloria Dorotea Nolasco, ejidatarios activos del núcleo agrario, promovieron el juicio desde 2022, en contra del presunto comisariado ejidal ilegal.
Durante el periodo en que ejerció el cargo sin validez legal, José Darío Salvador Sánchez expidió entre mil 500 y dos mil minutas de posesión para lotes de Chachapa, zona actualmente en proceso de urbanización.
Estas minutas, según el documento de denuncia, fueron vendidas por montos que oscilaban entre los 7 mil y 80 mil pesos, y que hoy carecen de validez jurídica.
La mayoría de las personas afectadas por los cobros son adultos mayores, algunos de más de 80 años, quienes habrían sido engañados y manipulados debido a su desconocimiento legal y la falta de acceso a la información sobre sus derechos agrarios.
Conflictos de interés dentro de la Procuraduría Agraria
Además, la denuncia involucra a la Procuraduría Agraria, institución encargada de garantizar la legalidad en los núcleos agrarios. Se señala que el asesor jurídico de Salvador Sánchez, Fabián Vargas, actualmente labora dentro de la dependencia, al igual que su hermana Gloria Vargas y su sobrino Jesús, lo que podría representar un conflicto de interés.
También se acusa de omisión al visitador agrario asignado a la zona, quien, pese a tener conocimiento del proceso legal, permitió que el comisariado siguiera operando con normalidad.
Además, la denuncia advierte sobre una indemnización pendiente por parte del gobierno estatal y federal, derivada de la expansión urbana sobre los terrenos ejidales, aunque hasta el momento se desconoce el monto.
Debido a estas irregularidades, este sábado 10 de octubre se llevarán a cabo nuevas elecciones en el salón social de Chachapa, donde se prevé que varios afectados exijan la devolución de su dinero a Salvador Sánchez, por las minutas sin validez vendidas durante su administración. (FS)
