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Organizaciones indígenas exigen justicia por el asesinato de Benjamín Temoxle y responsabilizan al ayuntamiento
Ayuntamiento de Eloxochitlán
Foto: Cortesía
Tras el hallazgo sin vida de Benjamín Temoxtle Sánchez el pasado 19 de enero, sobre la carretera estatal Tlacotepec–Azumbilla, el Consejo Regional del Pueblo Náhuatl de la Sierra Negra de Puebla y el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas responsabilizaron al Ayuntamiento de San Miguel Eloxochitlán del asesinato.
Las organizaciones señalaron que, previamente, habían exigido al gobierno municipal la entrega de participaciones económicas para la localidad de Zacacoapan, de donde era originaria la víctima, sin que hasta ahora se haya dado cumplimiento.
Relataron que el homicidio ocurrió alrededor de las 8:45 de la mañana del mismo 19 de enero, cuando el joven indígena nahua, de 25 años de edad, fue atacado presuntamente por dos personas encapuchadas en la comunidad de Zacacoapan, perteneciente a ese municipio.
En un pronunciamiento público, indicaron que la exigencia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas —reconocidos como sujetos de derecho público desde 2024— ha generado inconformidad entre actores del poder local.
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Afirmaron que el asesinato de Benjamín Temoxtle se enmarca en la presión ejercida hacia el presidente municipal, Delfino Hernández Hernández, para que se gestionen y entreguen los recursos económicos que por ley corresponden a la comunidad.
Asimismo, recordaron que existe una sentencia del Tribunal Electoral que reconoce la elección de sus autoridades comunitarias mediante el sistema normativo propio; sin embargo, acusaron que el ayuntamiento no ha acatado dicha resolución, pese a existir un acuerdo firmado con la Secretaría de Gobernación del estado.
Por lo anterior, reiteraron que el ayuntamiento debe asumir responsabilidad política por el asesinato de Benjamín Temoxtle y exigieron al Gobierno del Estado el esclarecimiento total del caso, así como el castigo a los responsables materiales e intelectuales.
Solicitaron la implementación de medidas cautelares para integrantes de las comunidades que han sido amenazados por alzar la voz y exigir el respeto a sus derechos colectivos. (KR)