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En el caso del gobierno de Tlatehui en San Andrés Cholula se trata de 82 observaciones; de Angon, en San Pedro, de 10
Edmundo Tlatehui y Paola Angon, exalcaldes
Foto: Gran Angular
La Auditoría Superior del Estado (ASE), en la revisión de cuentas públicas correspondiente a 2024, hizo 10 observaciones al gobierno municipal de San Pedro Cholula cuando éste fue encabezado por la panista Paola Angon.
En contraste, y con respecto a la revisión de las cuentas públicas del mismo año por la ASE Puebla, al gobierno de San Andrés Cholula, encabezado entonces por el panista Edmundo Tlatehui, se le realizaron 82 pliegos de observación, según los informes entregados.
De acuerdo con los reportes publicados por la ASE Puebla el 30 de abril, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula que encabezó Paola Angon podría haber incurrido en un daño patrimonial por 75.5 millones, mientras que el de San Andrés Cholula de Edmundo Tlatehui en 308.6 millones de pesos.
Ambos deberán solventar las observaciones en un mes y terminado el plazo la ASE Puebla determinará si genera o no las sanciones correspondientes.
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Las observaciones que se generaron hacia la administración de San Andrés Cholula se basan en que el gobierno no pudo comprobar gastos y no entregó diversos documentos que prueben la contratación de servicios como la compra de materiales y equipo tecnológico, o la adquisición de equipos separadores de basura.
Lo mismo ocurre la compra de alimento para animales, material farmacéutico, por la adquisición de cemento, herramientas y materiales como arena y tapetes, entre otros.
También se incluye la compra de artículos metálicos para la construcción, así como de fibras sintéticas, hules y plásticos; asimismo, hay observaciones por los contratos de la adquisición de equipos de cómputo, entre otros servicios.
En tanto, las observaciones de la ASE Puebla a San Pedro Cholula son por no presentar documentación ni evidencias de haber realizado la sesión pública para rendir el Informe Anual de Actividades, así como de contratos como el del servicio de la compra de refacciones y accesorios para maquinaria.
Además, de no presentar pruebas por la compra de equipo de reparación de transporte, así como la renta de equipos software y cómputo, así como por el pago de internet. (MCJ)