En el corazón de la Sierra Norte de Puebla, donde la niebla cubre los cafetales y los discursos oficiales presumen “Pueblos Mágicos”, persiste una práctica profundamente terrenal: el uso de empresas fantasma para desviar recursos públicos. Mi investigación realizada durante la primera administración (2014–2018), del actual presidente municipal de Cuetzalan, Óscar Paula Cruz, recurrió sistemáticamente a Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) para justificar gastos que nunca ocurrieron
Mientras Cuetzalan del Progreso es promocionado como uno de los Pueblos Mágicos más pintorescos de México, la realidad cotidiana de sus habitantes indígenas —en su mayoría de origen náhuatl— dista mucho del discurso turístico. La marginación, la pobreza estructural, la violencia y el abandono institucional siguen marcando la vida de estas comunidades. Ser indígena en Puebla no es un orgullo del que se parte, es un obstáculo que hay que sortear.
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La violencia no sólo golpea la tranquilidad del Pueblo Mágico, sino que exhibe la fragilidad de un gobierno municipal rebasado. La noche del 23 de junio, el periodista regional Salomón Ordóñez Miranda, conocido como El Comunicador del Pueblo, fue asesinado a sangre fría con dos disparos. Su ejecución no es un hecho aislado: ocurre en un contexto de repunte alarmante en la incidencia delictiva durante los primeros cinco meses del 2025, bajo la gestión del presidente municipal Óscar Paula Cruz, del Partido Verde Ecologista de México.
El 17 de diciembre de 2024 se informó que luego del asalto frustrado en el banco Tosepantomin de Cuetzalan, autoridades confirmaron que al menos tres personas lesionadas, entre ellas, Gabriela, hermana de la secretaria de gobierno federal, María Luisa Albores. Días antes el 5 de diciembre, Jesús H., alias El Chocolate y su pareja –de quien aún no se sabe su nombre- fueron ejecutados con más de ocho impactos de bala por tres presuntos sicarios en Cuetzalan.
Pero más allá del dato rojo y el morbo mediático, los atentados revelan una verdad incómoda: la inseguridad ha alcanzado incluso los espacios comunitarios que tradicionalmente eran resguardados por la propia organización indígena, como lo es Tosepantomin, una institución financiera cooperativa creada por y para los pueblos originarios. El asalto no sólo fue un robo frustrado. Fue una afrenta a la autonomía de los pueblos. El asesinato del periodista del pueblo es otro de los hechos que evidencian problemas internos en la administración pública municipal.
Programas sin dientes, políticas sin alma
Desde hace años, los gobiernos federal y estatal han promovido planes supuestamente orientados al “desarrollo indígena”, como el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, estos esfuerzos han sido más publicitarios que transformadores. Las carreteras no llegan, los centros de salud carecen de personal, las escuelas son de cartón y la conectividad digital es inexistente.
En comunidades como Xiloxochico, Ayotzinapan, Zacatipan o Pahpatapan, el acceso a agua potable, atención médica o educación básica de calidad sigue siendo un privilegio. El turismo ha traído cámaras, visitantes y operadores externos, pero el dinero se queda en unas cuantas manos, ajenas a las asambleas, al tequio y al sentido colectivo del pueblo indígena.
Y aun así, los pueblos indígenas no se rinden. Desde organizaciones comunitarias como Tosepan Titataniske, radios indígenas, promotores culturales, cooperativas productivas y redes de salud autónoma, la resistencia continúa. Cuetzalan, Zautla, Huehuetla o Tlatlauquitepec no son sólo nombres en un mapa turístico: son trincheras vivas de dignidad.
Sus demandas son claras: respeto a la tierra, autonomía comunitaria, salud con pertinencia cultural, educación bilingüe digna y justicia sin intermediarios corruptos. Pero no hay voluntad política. Hay simulación.
La violencia, la corrupción, la desigualdad y la omisión son formas de exterminio lento. Y si bien el asesinato del periodista Salomón Ordóñez y la balacera en el centro de Cuetzalan fueron noticia, la pobreza estructural de los pueblos indígenas no hace ruido, no genera indignación ni comunicados oficiales.
Un periodista asesinado y la hermana de una secretaria federal cayó herida. Pero miles de indígenas son heridos todos los días por un sistema que nunca los reconoció como sujetos de derecho, sino como beneficiarios que hay que administrar, como cifras que hay que manipular o como adornos de un México que se presume pluricultural pero no lo practica.
Una constante: impunidad y opacidad en Cuetzalan
Un esquema de corrupción en la administración municipal del 2014-2018 se documentó y que involucró no sólo al alcalde, sino también a su equipo de confianza: tesoreros, contralores, secretarios y una red de 17 empresas fachada, varias de ellas incluso vinculadas a otras instancias públicas como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Durante los últimos ocho años, ningún presidente municipal ha cumplido con las obligaciones básicas de transparencia, como la publicación de contratos y adjudicaciones. Ya sea por licitación o asignación directa, la opacidad ha sido la norma. Cuetzalan del Progreso se ha convertido, literalmente, en un agujero negro de rendición de cuentas.
El patrón es cíclico: se oculta información, se repiten proveedores, se entregan obras sin evidencia documental y se utilizan factureras para simular servicios. A pesar de las denuncias interpuestas, los casos terminan archivados o pierden fuerza en la maraña del sistema judicial.
La denuncia que nadie quiso ver
El 2 de diciembre de 2020, el entonces Auditor Superior del Estado, Francisco José Romero Serrano —quien después sería vinculado a proceso por actos de corrupción—, presentó una denuncia penal contra Óscar Paula Cruz por el uso de EFOS durante su gestión como alcalde entre 2014 y 2018.
La querella no sólo lo señala a él. También fueron denunciados:
- Juan Macías Aparicio, tesorero de febrero de 2014 a enero de 2018
- Filiberto Bautista Huero, tesorero de enero a octubre de 2018
- Isabel Peralta Crisoles, secretaria general
- Nabor Reyes Tirado, contralor municipal
Los delitos imputados incluyen: asociación delictuosa, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado y los que resulten de las investigaciones.
A esto se suman los nombres de los representantes legales de 17 empresas fantasma, todas incluidas en el listado definitivo de EFOS publicado por el SAT entre 2015 y 2020.
El catálogo de la corrupción está encabezado por las empresas involucradas, el número de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDIs) emitidos y los montos desviados:
1. Forum Capelli, S.A. de C.V. – 57 CFDI’s – $1,478,952.97
2. Diversidad de Insumos Gráficos, S.A. de C.V. – 55 CFDI’s – $1,364,877.25
3. Gruemin, S.A. de C.V. – 41 CFDI’s – $1,285,918.97
4. Luva Empresarios, S.A. de C.V. – 5 CFDI’s – $145,800.00
5. Grupo Sungra, S.A. de C.V. – 3 CFDI’s – $142,640.56
6. Denau, S.A. de C.V. – 9 CFDI’s – $114,202.00
7. Woonter Well, S.A. de C.V. – 3 CFDI’s – $63,547.20
8. Operaciones Internacionales Napnet, S.A. de C.V. – 2 CFDI’s – $34,800.00
9. Hinfra, S.A. de C.V. – 2 CFDI’s – $24,596.01
10. KZKVL Grupo México, S.A. de C.V. – 1 CFDI – $17,516.00
11. Ligieri de México, S.A. de C.V. – 1 CFDI – $17,400.00
12. Alianza Partem, S.A. de C.V. – 2 CFDI’s – $7,100.00
13. Gliber, S.A. de C.V. – 1 CFDI – $6,500.00
14. Servicios Colemar, S.A. de C.V. – 1 CFDI – $6,000.00
15. Comercializadora Alvarjer, S.A. de C.V. – 1 CFDI – $5,000.00
16. Estratégico Jara, S.A. de C.V. – 1 CFDI – $3,500.00
17. Intel Shop, S.A. de C.V. – 1 CFDI – $725.00
El total de los montos desviados a través de estas 17 empresas asciende a más de 4.7 millones de pesos, todos recursos públicos del Ayuntamiento de Cuetzalan.
Corrupción con código postal
A pesar de las pruebas documentadas y las denuncias presentadas, ninguno de los funcionarios implicados ha sido sancionado o inhabilitado. Óscar Paula Cruz incluso volvió a competir y ganó nuevamente la presidencia municipal en 2024, repitiendo el guion de impunidad. Fue presentado como un político “con experiencia” y, de nueva cuenta, regresó al poder sin rendir cuentas del pasado ni mostrar voluntad de corregir el rumbo, esto se sabe por la opacidad persistente y de no cumplir con las obligaciones de transparencia al no publicar ningún contrato suscrito con proveedores de bienes y servicios, desde el inicio de su nueva administración 2021-2024, que corresponde a los primeros seis meses de su administración.
La reincidencia de Óscar Paula en prácticas opacas no es un descuido, es una estrategia. Las factureras no sólo sirven para desviar fondos, sino también para financiar campañas, pagar favores y garantizar lealtades.
¿Y el Congreso?
Hasta la fecha, el H. Congreso del Estado no ha promovido una sola acción de fiscalización o seguimiento sobre este caso, a pesar de que se trata de recursos estatales y municipales. Cuetzalan continúa siendo una zona de silencio contable, donde el desvío se institucionaliza y la corrupción se reproduce con nombres ya conocidos.
Conclusión: simulación como política municipal
Lo ocurrido en Cuetzalan durante el periodo 2014–2018 y que ahora se reedita con el retorno de Óscar Paula, representa un microcosmos del reto que enfrenta el estado para combatir la corrupción en los municipios de Puebla. Mientras no se ejecuten sanciones ejemplares, mientras no se garantice transparencia en tiempo real, mientras el Congreso del Estado siga de brazos cruzados, los “Pueblos Mágicos”, como Chignahuapan, Zacatlán, Tlatlauquitepec y Cuetzalan, entre otros, seguirán siendo territorio fértil para la simulación, el saqueo y la impunidad.
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