Con este artículo pretendo darle una conclusión al tema que he venido discutiendo sobre la necesidad de llevar a cabo una transformación radical del sistema público de educación superior.
Hemos discutido conceptos clave del discurso que envuelve la justificación e instauración de las políticas públicas concernientes a este nivel educativo. Es el caso de ‘evaluación’, ‘mérito’, ‘meritocracia’, y nos hemos apoyado en el libro Por una cancha pareja. Igualdad de oportunidades para lograr un México más justo, de Roberto Vélez Grajales y Luis Monroy-Gómez-Franco, para proponer medidas que coadyuvarían a lograr lo que los autores llaman un régimen de igualdad de oportunidades, el cual tiene como objetivo lograr una sociedad mexicana en la “que las personas tengan los mayores niveles posibles de libertad efectiva”.
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¿Libertad para qué? Para que “las trayectorias de vida de las personas en términos educativos, ocupacionales y de ingreso (no) estén en extremo marcadas por sus circunstancias, lo que afecta la capacidad de decisión sobre su propia vida.”
Como podemos ver, los autores parten del valor incuestionable de la libertad real y no meramente formal, y de la justicia en su sentido distributivo más que conmutativo.
¿Cómo proponen lograr esto? Mediante el establecimiento de una política pública integral que reduzca la desigualdad de oportunidades. Con política integral se refieren a las acciones encaminadas a atender las necesidades a lo largo de todo el ciclo de vida: educación, salud y protección social.
Veamos qué nos dicen de la primera: la educación.
Señalan la existencia de cuellos de botella en la transición de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) a la educación de nivel medio superior y superior debidos al desajuste entre la demanda de ésta y la oferta pública existente. Y nos dan un dato revelador: más del 90 % de los niños, niñas y adolescentes van a la escuela pública. De aquí las altas tasas de rechazo en las universidades públicas.
Bueno, el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla lo ilustra perfectamente, pues el ingreso en el nivel medio superior es de alrededor del 55 % de los aspirantes y en el nivel de licenciatura es de apenas el 34 %.
Todos los que nos hemos dedicado a la docencia sabemos muy bien que este índice tan alto de exclusión no puede atribuirse al fracaso individual del postulante sino al del sistema como tal. Los resultados esperados son los de una distribución normal y no que se agolpen en la parte izquierda de la curva.
Si a esto añadimos la enorme insuficiencia de plazas docentes para cubrir tal demanda de espacios en la formación profesional, podemos imaginar de qué tamaño es este cuello de botella. Y como ya lo hemos señalado en muchas ocasiones, la contratación de profesores(as) hora clase no hace sino profundizar la crisis de calidad de la educación superior pública. Es la mano de obra magisterial más barata y, por lo mismo, la más desechable.
Otro dato revelador se refiere a la evaluación diagnóstica para el ciclo escolar 2022-2023, que exhibe los efectos de la pandemia, pero nos da una idea de las brechas de aprendizaje existentes.
“En el caso de la habilidad lectora …a partir del tercer año de primaria y hasta el tercer año de secundaria, entre 70 y 89 por ciento de los estudiantes de cada grado escolar contestó correctamente menos de 60 por ciento de las preguntas de la prueba.” Para el caso de matemáticas fue del 70 al 95 % de los estudiantes.
Estos números son verdaderamente alarmantes.
Y uno podría concluir: “con razón hay tanto rechazado en el nivel superior”. Pero esto equivaldría a desentenderse del problema tan acuciante. La educación pública superior no puede decir: “no es mi culpa” o “a mí no me toca”. Todo lo contrario. No le corresponderá revisar y resolver los problemas en la educación básica, pero sí tiene la obligación de proveer un sistema de ingreso que tienda a igualar las oportunidades de los(as) aspirantes.
¿Cómo? Ya lo señalamos, mediante la instauración de cursos propedéuticos por cada licenciatura. Cursos de conocimientos básicos de la disciplina de que se trate y entrenamiento en las habilidades de comprensión y redacción de tal disciplina. Se trataría de un curso diseñado sobre la base de las áreas en que está organizado el respectivo plan de estudios que serviría a la vez para introducir al estudiante a la disciplina de su elección y confirmar su interés en la misma.
Un curso propedéutico jamás será “tiempo perdido”. No es un simple tamizador, es parte fundamental del primer contacto del estudiante con los temas de su interés.
Una consecuencia de la insuficiencia de la oferta educativa del nivel superior, señalan los autores, es que la inserción laboral se vuelve una alternativa atractiva o la única posible para un segmento importante de la población joven. Esto se explica en parte porque una persona con dos años de carrera en promedio gana lo mismo que una persona con preparatoria; por eso, a falta de opciones, muchos jóvenes prefieren dejar de estudiar.
Y dudamos seriamente que la expedición de las “microcredenciales” modifique este comportamiento del mercado laboral.
No hay forma de salir de la crisis estructural del sistema público de educación superior sin la inversión necesaria y suficiente que el Estado está obligado a hacer.
Si no es así, la educación, como pilar del régimen de igualdad de oportunidades, no podrá cumplir su tarea histórica de volver a nuestra sociedad una sociedad más justa.