Esto no es una irregularidad ni una denuncia más. Es el desmantelamiento sistemático de los recursos públicos de San Andrés Cholula, ejecutado con total impunidad y amparado por un pacto de silencio entre quienes gobiernan y quienes callan.
La Auditoría Superior del Estado de Puebla, una vez más documentó 368 millones de pesos en presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2024, a través de 44 pliegos de observaciones y 5 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
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Compras sin facturas, licitaciones simuladas, contratos otorgados a dedo, obras sin expediente técnico, pagos por servicios inexistentes y expedientes diseñados para desaparecer bajo la mirada complaciente de autoridades municipales y de quienes deben ejercer la acción penal, no son errores.
Es un sistema de saqueo institucionalizado, repetido año tras año, de la menos las últimas cuatro administraciones municipales, una década de complicidad y sin que nadie en el poder asuma responsabilidad real.
Lo más grave es la doble complicidad que lo sostiene. Arriba, presidentes municipales, tesoreros, directores, contralores y hasta diputados y gobernadores han protegido y tolerado esta maquinaria de desvío. Abajo, un pueblo dócil que se conforma con fiestas patronales, despensas y dádivas disfrazadas de ayudas sociales, aceptando migajas como pago por el saqueo progresivo de su propio patrimonio.
Esa resignación ciudadana es el combustible que permite que la corrupción se perpetúe sin resistencia. Mientras las familias luchan por agua, pavimentación y servicios básicos, una élite local se enriquece impunemente y reparte migajas para comprar su silencio. Esta es la fórmula que ha destruido municipios enteros: corrupción desde el poder y conformismo desde la ciudadanía. Un pueblo que acepta dádivas a cambio de su futuro termina financiando su propia pobreza.
Las autoridades locales no son incompetentes. Son cómplices. Y los ciudadanos que callan por una canasta de comida o una fiesta son, aunque les duela reconocerlo, parte del problema. La verdad duele, pero seguir fingiendo que esto es normal es el suicidio de cualquier comunidad.
Durante varios años he denunciado a las instancias estatales y federales que rompan este círculo vicioso de impunidad y clientelismo, de abuso sistemático. Que investiguen, sancionen y recuperen cada peso desviado. Cholula no puede seguir permitiendo que le roben a plena luz del día mientras lo distraen con migajas.
Es necesario actuar con firmeza, judicializar los expedientes del atropello, porque ya es tiempo de evitar el saqueo del pueblo, que, con foquitos navideños, fiestas y despensas se compra su silencio.
Es hora de elegir: o se defiende lo público, o se acepta ser cómplice del saqueo.
¿O no lo cree usted?
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