SCJN podría atraer caso de opositor al Gasoducto Morelos, señala abogado

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría atraer el caso de Avelino Velázquez Tapia, comisariado de Bienes Comunales de San Juan Amecac, municipio de Atzizihuacan, sobre quien pesa aún una orden de aprehensión por negar derecho de paso al Proyecto Integral Morelos a cargo de la empresa italiana Bonatti, las españolas Elecnor, Enagas y Abengoa y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A pesar que en los procesos legales emprendidos por las trasnacionales desde el 2014 se han desechado los argumentos que llevaron a la cárcel a líderes sociales y autoridades agrarias por defender su territorio de la obra que incluye dos centrales termoeléctricas y un gasoducto de 160 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de ancho, el caso de Avelino sigue vigente.

Esta semana el abogado Hugo Marín Ruíz, presentó a la Primera Sala de la SCJN una solicitud de atracción del recurso de revisión del juicio de amparo contra la orden de aprehensión girada por el Juzgado de lo penal de Atlixco en el Proceso Penal 121/2014 en el que se ha acreditado el desvanecimiento de datos.

El legalista espera que se decrete la cancelación del expediente penal por “oposición a la obra” y “robo agravado”, delitos construidos – similares a los de líderes ya liberados--- así como la orden de aprehensión que resulta injustificada pero que aún amenaza al campesino que no ha podido regresar a su casa y que ha visto trastocada su vida en todo sentido.

“Avelino es un defensor de la vida y su comunidad que ha sido perseguido por manifestar su oposición al Gasoducto Morelos, por ser coherente con lo que se dictó en Asamblea. He solicitado que la SCJN ejercite la facultad de atracción del expediente, dada la desigualdad de fuerzas, la importancia y trascendencia del caso y que sirva de precedente ante la criminalización de campesinos e indígenas en la defensa de tierra el agua y la vida, pues no hay ninguna acción ilícita de su parte”, dijo Marín Ruíz a este medio.

Avelino esta acusado de los mismos delitos que Enedina Rosas, también excomisariado ejidal que sufrió prisión por año ocho meses.

El 5 de abril de 2014, cerca de las 11 de la noche, una veintena de patrullas estatales arribaron a la comunidad de San Juan Amecac, en Atzizihuacan e irrumpieron violentamente en la casa del entonces Comisariado de Bienes Comunales Avelino Velázquez Tapia para detenerlo.

Integrantes de la familia relataron entonces que ante su ausencia, los policías destrozaron el lugar y con actos intimidatorios quisieron obligar a niños y ancianos --quienes padecen del corazón y diabetes--- a ubicar su paradero.

Avelino fue una de las primeras personas que había denunciado acoso de parte de la Comisión Federal de Electricidad por negarse a firmar el consentimiento para el paso del Gasoducto en los Bienes Comunales de San Juan Amecac, y en febrero de 2014 pidió a los trabajadores de la empresa Bonatti se retiraran de los terrenos de los Bienes Comunales ya que habían comenzado los trabajos de construcción del Gasoducto, sin permiso del Comisariado.

También había sido advertido de que si no concedía los permisos, serían el Ejército y la Policía Federal los que impondrían el proyecto.

Pese a las amenazas, Avelino como autoridad hizo valer los argumentos de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), que habían acreditado el peligro que representa el gasoducto para la vida y las formas de producción de los pueblos por donde atravesaría.

El Gasoducto ha cobrado la oposición y resistencia a su construcción con la prisión de Enedina Rosas, Abraham Cordero y Juan Carlos Flores Solís, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala (FPDTA-MPT), y otra decena de activistas.

Juan Carlos Flores Solís fue reconocido internacionalmente por su labor por la organización internacional Front Line Defenders.

A pesar de que se ha registrado un desvanecimiento de datos en los procesos legales, el Juez de lo Penal que tiene la obligación de oficio de suspender la orden de aprehensión, con fundamento en el Artículo 120 en el Código de Procesos, ha sido omiso, dijo el abogado Hugo Marín Ruíz.

La queja por violación a los derechos humanos con los expedientes de Enedina Rosas Vélez, Erasmo Ruíz Mota y Alberto Erasmo Ruíz Quintero, 3776/2014-C; Enedina Rosas Vélez, 3718/2014-I; Juan Carlos Flores Solís, 3779/2014-I; Abraham Cordero Calderón 3969/2014-I y Avelino Velázquez Tapia 4110/2014-I. a la fecha no ha sido actualizada, presentando el mismo estado procesal que hace dos años.

Para Hugo Marín, existen suficientes elementos para probar que las autoridades han sido omisas en el caso de Avelino, por lo que la SCJN tiene facultad para atraer el caso.

Insistió en la inocencia del campesino pues sobre el delito de “oposición de la obra” se ha acreditado que las empresas trasnacionales no tenían permisos correspondientes por lo que no se puede considerar una ‘obra pública’ así como tampoco el robo de celulares que representantes de la empresas trasnacionales denunciaron, lo que ha sido probado ampliamente.