Errores, inconformidades y carencias institucionales, emergieron en torno al proceso de suspensión de labores y el retorno a clases a pesar de la promesas para normalizar el servicio educativo que, tanto el titular del ejecutivo federal como el encargado del despacho educativo, realizaran hace pocos días. Imprescindible para garantizar “el máximo logro del aprendizaje de los educandos” que cursan la educación obligatoria, como se establece en el tercer parágrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la infraestructura educativa queda en entredicho y permite visibilizar el abandono recurrente que padecen las escuelas, a pesar de la deuda contratada por 50 mil millones de pesos, para reparar a 33 mil planteles escolares según lo dictan los cánones del componente 1 del “Programa Escuelas al Cien”, bautizado con el nombre de “Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento”.
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De acuerdo a datos publicados en el 5º Informe de Gobierno de la administración que encabeza Peña Nieto, en el gráfico Principales Indicadores del Sistema Educativo Nacional, ciclos escolares 2012-2013 a 2016-2017, el Sistema Educativo Escolarizado contaría en el presente ciclo escolar con 257 mil 425 escuelas, de las que corresponderían 225 mil 757 a educación básica, 20 mil 718 a educación media superior y 5 mil 311 a educación superior. Instituciones que atenderían a 36 millones 604 mil 300 alumnos y alumnas en total, de los y las que 25 millones 780 mil 700 estarían matriculados en básica, 5 millones 128 mil 500 en media superior y 3 millones 767 mil 700 en superior. Y, aunque sólo el 6% de las 257 mil 425 escuelas con que cuenta la infraestructura física del país resultaran afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año en curso, la decisión de suspender clases en 10 entidades de las zonas centro y sur de la República (incluida la CDMX) afectaría por lo menos a 15 millones de escolapias y escolapios de todos los niveles, de los que un 40% aún no regresa a clases.
Pobres. A Nuño y a los encargados de los despachos educativos les ha ido como el cohetero. Quisieron quedar bien y sin sopesar los daños que sufrieran las escuelas, suspendieron en primera instancia, actividades hasta el 25 de septiembre, en todos los centros escolares de la CDMX, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Morelos, sin importar niveles y modalidades educativas y si en principio, padres y madres de familia tomaron el aviso con reserva. De inmediato, el lunes ese día, de la mano con directores, directoras y responsables de escuelas públicas les chiflaron, puesto que sin decir agua va, entre la noche y madrugada del sábado 23 y domingo 24, Nuño y la estructura nacional dela SEP, condicionaron el retorno a clases, a la obtención de un dictamen estructural otorgado por un Perito Director Responsable de Obra. Pocos creyeron que actuaban en función del interés superior de la niñez, de los y las adolescentes, de los jóvenes y sí, en función del escenario político-electoral en el que Nuño y otros actores se encuentran inmersos.
No pararon lo mismo que el concierto de silbidos. Al anuncio de un requisito, que más parecería una improvisación que una ordenanza establecida para una contingencia de la magnitud vivida, siguieron las disputas de funcionarios menores de las dependencias educativas y de las de protección civil, barullos generados al imponer trámites adicionales sin contar con las anuencias coordinadas. Las comunicaciones carecieron de la formalidad demandada y lo mismo, encargados del más alto nivel como el propio Nuño, abusaron de las comunicaciones vía twitter -a la usanza gringa- y sus subordinados, recurrían en demasía a los correos electrónicos y al uso de las páginas web, trincheras desde las que “giraban” instrucciones contradictorias y deficientes en acceso.
Las silbatinas se acompañan con recordatorios subidos de tono. A la insuficiencia en el número de arquitectos o ingenieros que contaran con el registro vigente para supervisar las estructuras de los edificios de miles de escuelas ubicadas en las entidades siniestradas y al alto costo de sus servicios en la CDMX, se sumaría la correspondiente falta del personal de protección civil, destinado a validar los dictámenes emitidos por los peritos registrados. El trámite que demandaba horas o días para cumplir con los requisitos y para recibir la calcomanía con la autorización correspondiente, causaría inconformidades. Pero, aún faltaba más o sobraba menos, como se le quiera ver. Al tiempo para realizar la supervisión de la obra, la obtención del dictamen estructural, la validación correspondiente de protección civil y la calcomanía, debería sumarse un lapso adicional, empleado para subir la información al sitio de la Secretaría de Educación Pública.
Sin embargo, ni son todos los que están ni están todos los que son. Madres y padres de familia demolieron una escuela que consideraban tenía daños estructurales al tiempo que escuelas públicas a pesar de que contaran con los dictámenes correspondientes de “escuelas seguras”, eran rechazados al estar ubicados junto a edificios siniestrados. En tanto que instituciones que no presentaban daños, serían clausuradas por no tener la calcomanía pegada en la puerta de escuela, a pesar de que múltiples ayuntamientos carecen de personal de protección civil o no proporcionan la pegatina solicitada.
A los errores y las inconformidades se sumarían las carencias –históricas- que padecen las escuelas públicas. Penurias que parten desde la falta de documentos que acreditan la propiedad pública de los inmuebles o de los espacios mínimos indispensables que necesitan -dos de cada tres escuelas- para funcionar con la “normalidad mínima escolar” demandada por las propias autoridades escolares. O del mal uso de recursos del Programa Escuelas al Cien destinados a reforzar las estructuras de edificios escolares que se colapsaron. Y que decir de las escuelas en zonas indígenas, siniestradas en los estados de Oaxaca y Chiapas, que de por sí funcionaban en locales improvisados y que ahora justificarán el programa reconcentración escolar. Nuño y sus contrapartes locales quedaron como el cohetero a los que de cualquier manera les chiflan.